Licencias médicas
Estimado director:
Se ha dado cuenta que cientos y cientos de funcionarios públicos que fueron individualizados por usar "Licencias truchas" para gozar de unas buenas vacaciones, han renunciado rápidamente a sus trabajos y algunos sin dudar, los han aplaudido por su supuesta "mea culpa"...
Pero OJO, pestaña y CEJA, lo hacen simplemente, para ocupar lo que es tan común en Chile, un "Vacío legal", es decir, al renunciar antes de que les hagan el correspondiente "Sumario Administrativo", quedan habilitados para volver más adelante a trabajar al servicio público,... ¿Qué le parece?
¿Y de dónde surgen los "Vacíos legales"?
Muy simple, al aprobar las leyes, quedan algunos cabos sueltos, sin amarrar, pero pensemos en positivo, se les pasó a los legisladores (¿O usted piensa en contrario?), pero luego la "chispeza" del chileno, se encarga de encontrar el mencionado "Vacío legal", como en este caso de las "Licencias truchas" y salir "libre de polvo y paja" y volver como "una blanca paloma" al servicio público...
Le dejo una pregunta...
¿No cree usted que los empleados públicos deberían regirse por el Código Laboral, que tienen los empleados del sector privado y no por el Estatuto Administrativo que tienen hoy?
Solo verifique, las grandes diferencias de ser despedido, en uno y otro sistema, en un caso por ley y en el otro, después de pasar un largo Sumario Administrativo y sin perder sus remuneraciones ni beneficios...
Luis Enrique Soler Milla
El cambio empieza en casa
Estimado director:
Mayo, el mes del reciclaje, nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra relación con los residuos en Chile, un tema abordado en diferentes instancias y espacios que no parecen ser suficientes. Pese a los avances de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) -cuyo Decreto de Envases y Embalajes comenzó a implementarse hace 19 meses-, la participación ciudadana sigue siendo insuficiente. La encuesta "Reciclando Ando 2024" revela que el cuidado ambiental es sólo la décima prioridad para los chilenos, y apenas un 16% de los encuestados está familiarizado con la Ley REP y lo que ésta requiere de parte de la ciudadanía. Este desinterés y desinformación son preocupantes en un país como el nuestro, donde la correcta gestión de residuos es fundamental para el cuidado de ecosistemas tan ricos y diversos como el desierto de Atacama o los hielos patagónicos.
Mirando la experiencia de países como España, Bélgica o Alemania que nos llevan varias décadas de ventaja, no hay duda de que la Ley REP es una herramienta clave para avanzar hacia una economía circular y, aunque en estos meses ha enfrentado desafíos, como la baja recolección de residuos desde los hogares y la falta de incentivos para reciclar, parte importante del cambio depende de todos nosotros: limpiar, aplastar y entregar nuestros residuos reciclables en puntos limpios es un esfuerzo ciudadano esencial para que el proceso de reciclaje funcione.
La Ley REP impulsa la gestión de residuos, pero requiere de un compromiso colectivo para evitar que éstos terminen en los vertederos. Desde ASIPLA hacemos un llamado a generar el hábito cotidiano de reciclar y a tomar conciencia del impacto que tiene la generación de residuos que, en el caso de Chile, corresponde a 1,2 Kg. de residuos sólidos diarios por persona. Es por eso que, por la conservación de nuestras ciudades, nuestros mares, nuestros desiertos y el Chile que queremos heredar, el cambio empieza en casa y por cada uno de nosotros.
Magdalena Balcells, gerenta general ASIPILA
Natalidad en caída: necesitamos ciencia
Señor director:
La reciente cifra entregada por el INE -una tasa global de fecundidad de 1,03 hijos por mujer a nivel nacional, y de apenas 0,92 en Santiago- encenderá nuevamente las alarmas sobre el dramático descenso de la natalidad en Chile. No faltarán quienes, con justa preocupación, exijan respuestas urgentes y propongan importar políticas públicas aplicadas en otros países donde se ha intentado revertir esta tendencia.
Sin embargo, suponer que recetas que pueden haber tenido éxito en otros lugares pueden aplicarse sin más a nuestra realidad es un error. Las decisiones reproductivas están profundamente arraigadas en contextos culturales, económicos, sociales y emocionales específicos. Lo que se necesita y con urgencia, es un diagnóstico serio, sistemático y científicamente fundado que delinee nítidamente lo que ocurre en el país. Responder qué motiva a las pocas parejas que aún desean tener dos o más hijos o qué barreras enfrentan quienes querrían hacerlo, pero no pueden, son insumos claves que el mundo académico debe entregar al político para establecer que haremos en Chile.
Solo comprendiendo con profundidad las razones detrás de nuestras cifras podremos diseñar políticas públicas eficaces y pertinentes. Sin ellas, toda medida será, en el mejor de los casos, una apuesta.
Sebastián Illanes López, profesor titular Universidad de los Andes
Reglamento objeción de conciencia
Señor director:
Se aprobó el nuevo reglamento de objeción de conciencia, cuyo objetivo es resolver los problemas observados en la implementación de la Ley 21.030, próxima a cumplir 8 años de vigencia. En este periodo, un sinnúmero de niñas, mujeres y personas gestantes han sufrido diversos impedimentos al momento de acogerse a una de las causales, debido principalmente a la falta de personal médico no objetor en sus centros de salud o región entera.
La norma contempla las siguientes modificaciones: preferencia en la designación de personal no objetor al establecer los turnos de trabajo; preferencia de contratación de personal no objetor; establecer la obligación de presentar la declaración de objeción de conciencia en cada una de las instituciones en las que preste servicios; eliminación de posibilidad del personal objetor restarse de realizar atenciones médicas diversas al procedimiento mismo, entre otras.
Si bien, algunos sectores de la sociedad se han mostrado alerta respecto a las implicancias de dichas medidas, es importante recordar que toda Ley vigente en nuestro país compele a su cumplimiento, debiendo tomarse todas las medidas para que ello sea posible, siendo el Estado el obligado a actuar como garante de derechos y subsanar las dificultades de ejercicio de los mismos. Su inacción implicaría una falta grave a sus funciones.
