Redacción
A solo unos días de la Cuenta Pública Presidencial, la senadora por Atacama Yasna Provoste, criticó fuertemente la falta de reacción oportuna del Ejecutivo ante continuos escándalos detectados por la Contraloría General de la República en la región. La parlamentaria señaló cinco casos, vinculados a abuso sexual, falta de apoyo en educación, inseguridad en salud, irregularidades en viviendas y falta de gestión.
Ante el caso de abuso en Gendarmería, Provoste señaló que "ha habido un gran interés del contralor Véliz en actuar de oficio en relación con el caso de Gendarmería, donde la funcionaria víctima de abuso, en una pésima señal de la institución fue desvinculada, a pesar que el agresor fue destituido por la Justicia. Claramente, una muy mala señal", añadió Provoste.
Asimismo, la parlamentaria sostuvo que también se ha mostrado un interés en particular por parte del contralor, sobre la denuncia respecto de la falta de equipamiento para los liceos técnico profesionales de Atacama.
"No puede ser que los cuartos medios del Liceo Tecnológico de Copiapó tengan solo clases teóricas hasta julio o agosto, porque el Servicio Local de Educación Pública informa que los bototos y overoles para construcción llegarán el segundo semestre, que termina para ellos en noviembre", detalló la legisladora.
Los dichos de Provoste se dieron luego que durante la mañana el recinto amaneciera tomado sin que existiera un petitorio oficial de los estudiantes.
"El Ceal no está en conocimiento de ninguna situación de petitorio o necesidad que haya fundamentado un movimiento radical como la toma del establecimiento", dijo el director del recinto Aldo Manque. Agregó que se explosaron dos extintores y baños de mujeres dañados.
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De igual manera, Provoste indicó que la Contraloría Regional de Atacama estudiará la desidia de la Seremi de Bienes Nacionales y Vivienda, que no han respondido los requerimientos de las familias. Los cinco escándalos denunciados el martes pasado por carta en la región de Atacama son los siguientes:
-Escándalo uno: Los cuartos medios del Liceo Tecnológico de Copiapó (técnico profesional) tendrán solo con clases teóricas hasta julio o agosto. El Servicio Local de Educación Pública informa que bototos y overoles para construcción y ´tester´ y cables para electrónica llegarán el segundo semestre. Las clases terminan en noviembre, por tanto en su último año de formación la práctica se reducirá a dos o tres meses. Son varios los liceos en similar situación. ¿Será posible así formar los técnicos que el país necesita?
-Escándalo dos: Los guardias de seguridad del Hospital de Copiapó, el mismo que hizo noticia por la balacera en su Urgencia, no reciben sus sueldos íntegros ni pagos previsionales desde febrero por parte de la empresa externa. La dirección del Hospital es la responsable final y lleva semanas prometiendo ponerse al día. El ministerio contrata guardias que ponen en riesgo su vida pero es incapaz de asegurar el pago de su remuneración. La ley de pago a 30 días es ficción y su reforma duerme en el Congreso, el gobierno no desea establecer sanciones reales a municipios e instituciones de salud que la incumplen.
-Escándalo tres: En Diego de Almagro, el Ministerio de Vivienda contrató empresas privadas para construir viviendas sociales. Con este aval las constructoras solicitaron a microempresas locales servicios de alimentación, alojamiento y transporte. Llegada la hora no pagaron y defraudaron a decenas de emprendedores que están cayendo en insolvencia. Las autoridades del Minvu se encogen de hombros. Dicen que nada pueden hacer respecto de "una relación entre privados".
-Escándalo cuatro: Un empresario local pidió a Bienes Nacionales arrendar un terreno fiscal para ampliar sus operaciones y casi duplicar los empleos que ofrece. Desde 2023 espera que le contesten la carta que envió. Aún no llega respuesta.
-Escándalo cinco: En un servicio del Ministerio de Justicia una funcionaria denunció abuso sexual. La justicia condenó al superior jerárquico y ordenó su destitución. Pero el jefe regional, en una señal clara al resto de las funcionarias, ha permitido hostigamiento y degradación de funciones a la denunciante. Hemos entregado todos los antecedentes y llevamos meses esperando que el ministro del ramo y el Servicio Nacional de la Mujer restituyan el respeto a la víctima.
