Tras revelarse que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre los años 2023 y 2024, un segundo cercano al Presidente Gabriel Boric renunció a su cargo por formar parte de esa lista divulgada por la Contraloría General de la República.

Se trata de Mauricio Tapia (FA), quien fue jefe de gabinete del seremi de Desarrollo Social de Magallanes, Danilo Mimica, hasta el martes. Antes fue asesor parlamentario de Boric cuando fue diputado entre 2014 y 2022.

Según Emol, el lunes se inició un sumario administrativo contra Tapia por realizar un viaje en 2023 a Río Gallegos, en Argentina, mientras estaba con licencia médica.

Ayer el ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado confirmando que "con fecha 26 de mayo de 2025, y en el marco del caso de las licencias médicas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia instruyó un sumario administrativo a Mauricio Tapia, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del seremi de la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Una vez iniciado el sumario, el funcionario presentó su renuncia con fecha 27 de mayo de 2025".

La cartera añadió que "condena tajantemente el mal uso de licencias médicas y está trabajando con sentido de urgencia para determinar en el más breve plazo las acciones respectivas para cada uno de los casos",

Anteriormente, otro cercano a Boric, Raúl Domínguez, quien era jefe de la División de Políticas Regulatorias y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), renunció a su cargo tras publicarse un artículo en el que se mencionaba que había viajado a Europa estando con licencia médica.

70% de casos

Ayer se conoció además que los ministerios de Educación y Salud acumulan casi el 70% de los casos entre las secretarías de Estado, según el detalle que elaboró la Dirección de Presupuestos: entre ambas carteras suman 5.574 casos de los 7.990 que incluyen a funcionarios de reparticiones del Gobierno.

Según Hacienda, los empleados del Mineduc involucrados son 3.381 (38,1%). De ellos, 2.514 deberán enfrentar sumarios y 867 ya salieron de sus cargos o enfrentaban medidas administrativas previas.

En el caso del Minsal, existen 2.193 casos (31,5%), de los cuales 2.082 enfrentarán sumarios y 111 ya fueron alejados de sus puestos o enfrentaban con anterioridad algún proceso interno.

Mucho más atrás aparecen el ministerio de Justicia con 562 casos (7%), el de Agricultura con 296 casos (3,7%), el de Desarrollo Social con 282 casos (3,5%) y el de Obras Públicas con 211 casos (2,6).

Hay cinco ministerios con entre 100 y 200 casos: Trabajo y Previsión Social (194), Hacienda (178), Vivienda y Urbanismo (163), Economía (131) e Interior y Seguridad Pública (120).

Y con menos de 100 casos por cartera aparecen los ministerios de las Relaciones Exteriores (53), Culturas (45), Energía (29), Medio Ambiente (27), Minería (19), Defensa (18), Mujer (17), Transportes (17), Bienes Nacionales (15) y Segegob (13).

Cierran la lista las carteras de Ciencias (9), Deportes (5), Segpres (5). Mientras que la Presidencia tiene 7 casos, todos bajo sumario.

El Poder Judicial, a través de su Contraloría Interna implementó, a contar de ayer un nuevo canal para recibir denuncias sobre hechos que puedan ser considerados como faltas administrativas o de probidad funcionaria.

Este nuevo instrumento fue aprobado por el Consejo Superior el 27 de febrero de 2025 y se encuentra habilitado en el sitio web institucional del Poder Judicial: www.pjud.cl.

Este espacio permite que cualquier persona, funcionaria o externa, pueda denunciar situaciones o hechos que puedan ser considerados como irregularidades en procesos de compras públicas, administración de contratos o actuaciones que comprometan principios como la probidad o la correcta administración de recursos públicos del Poder Judicial, con exclusión de hechos relacionados con funciones jurisdiccionales, como sentencias o actuaciones propias de tribunales, los cuales serán derivados a las Cortes de Apelaciones correspondientes.

La oficina de Presidencia, a través del Consejo de Defensa del Estado, apeló ante la resolución del Consejo para la Transparencia de entregar los correos institucionales del jefe de gabinete del Gobierno, Carlos Durán, y del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, al diputado Tomás Lagomarsino (independiente), en el marco del caso Monsalve.

El parlamentario había solicitado esta información mediante la Ley de Transparencia con el fin de verificar las gestiones que se hicieron para hallar un reemplazo del exsubsecretario. La solicitud fue denegada, pero luego de una apelación, el CPLT ordenó que se acoja la petición del diputado.

Esto fue apelado ante el tribunal de alzada por el abogado Marcelo Chandía Peña, en representación de los órganos del Ejecutivo, quien alude a la "seguridad nacional" para no entregar los correos: "Se refiere a la causal de reserva del artículo 21 Nº3 y Nº4, relativa a la afectación a la seguridad de la nación y al interés nacional, recogiendo sobre este punto que la información a la cual tienen acceso las personas cuyos correos electrónicos se remiten, está revestida de una alta sensibilidad, en virtud de los roles que los asesores individualizados tienen, como colaboradores directos de S.E., el Presidente de la República".

Se apunta que "el CPLT resolvió este caso de forma completa y manifiestamente ilegal, exigiendo la entrega de información que no se condice con lo señalado por la Ley de Transparencia y la jurisprudencia administrativa y judicial, obligando a la Presidencia de la República a entregar correos electrónicos no amparados por dicha normativa".

"Errático"

Además, ayer se conocieron declaraciones de integrantes del círculo de Monsalve ante la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el testimonio de Ricardo Lillo, asesor en el gabinete del exsubsecretario del Interior, su conducta cambió después del hecho denunciado (22 de septiembre): "El haberme enterado antes sirvió para darme cuenta de que Monsalve empezó a actuar más errático. Monsalve era alguien muy compuesto y que siempre sabía qué decir, pero desde el 25 (de septiembre) actuaba como inseguro".

Como ejemplo expuso que "el 25 fuimos a la reunión con (Claudio) Orrego y el jefe de la PDI, quien cuenta que gracias a las huellas dactilares habían encontrado a una persona acusada por dos hechos de violación. En ese momento Monsalve, quien siempre era muy compuesto, hizo unos movimientos de mano hacia la cabeza, luego las bajó, luego las volvió a subir, luego apuntó a una de las personas de la reunión, como señal de incomodidad. Él siempre era muy calculado en las reuniones, nunca se descolocaba en ellas, por eso me pareció raro".

También se conoció la declaración de la periodista Ilse Sepúlveda, que había trabajado en el equipo de Monsalve y después en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad.

Sepúlveda, que ha sido acusada de supuestamente haber amenazado a la denunciante, testificó que "el día 11 de octubre volví a verla. Le llevé los datos de dónde denunciar en Carabineros, PDI y una fundación para víctimas de delitos graves. En ese escenario, ella me dice que ahora sí creía que debía denunciar. Le dije 'esto va a ser rudo, necesito que estés cubierta antes de hacerlo, acompañamiento de psiquiatra, psicólogo, y abogado'. Yo la veía a ella y al papá muy frágiles. Les dije 'no pueden estar así si van a denunciar'. Le dije al papá que la cuidara, que estaba muy frágil. Y ahí quizás dije algo como 'no quiero ni imaginar que puedan salir y les pueda pasar algo', pero eso fue todo. Yo solo quise cuidarlos"