El Observatorio Laboral Atacama, programa de la Subsecretaría del Trabajo ejecutado por Inacap sede Copiapó, se encuentra desarrollando el Estudio Profundización de Ocupaciones, trabajo que realiza la red de Observatorios Laborales a lo largo del país, priorizando ocupaciones clave para cada territorio, según sus características particulares.

En Atacama la ocupación objetivo de estudio para este año es Pedagogía General Básica, atendiendo la situación crítica que vivió el sistema educativo en el segundo semestre de 2023, lo que hace necesario detectar y describir las competencias laborales, riesgos, oportunidades y necesidades que se presentan en el ejercicio de la ocupación focalizada.

"Comenzamos a trabajar este estudio en abril, mediante la aplicación de un instrumento mixto que aborda elementos cualitativos y cuantitativos, en donde los principales informantes son personas que ejercen la ocupación en establecimientos de educación pública, subvencionada y privada. Hoy nos encontramos en la última etapa de levantamiento de información, que consiste en el desarrollo de un focus group al que hemos convocado actores representativos del sector, entre ellos el Colegio de Profesores, Slep, docentes y autoridades", comentó Daniela Aguirre, Analista del Observatorio Laboral Atacama a cargo del estudio.

Respecto al insumo final que ofrecerá este estudio, el jefe de Proyecto del Observatorio Laboral Atacama, Raúl Díaz, señaló que "el resultado del estudio será materializado en una ficha técnica que sintetizará las tareas, habilidades tecnológicas, contexto de trabajo y requisitos de contratación de esta ocupación en Atacama.

Es relevante contar con esta información porque permitirá reconocer, por ejemplo, brechas de competencias y riesgos relacionados a la automatización o irrupción de tecnologías, lo que ofrece un insumo para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas de reconversión laboral, capacitación, formación o de mitigación de los riesgos detectados".

La ficha técnica que resulte de este estudio será puesta a disposición pública en el segundo semestre de este año y pasará a robustecer el fichero nacional que actualmente cuenta con la descripción y caracterización de 39 ocupaciones que tienen relevancia por magnitud, precarización laboral y/o riesgos de automatización.

Cifras nacionales

A mayo de 2025 los tribunales de familia de todo Chile han ordenado pagar un total de $2.496.135.793.791, es decir, el equivalente a más de 52 teletones.

Estos recursos han sido o serán transferidos a más de 282 mil familias afectadas por el no pago de pensiones alimenticias.

Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención. Sin embargo, desde la creación del registro, más del 53% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales.

Respecto a los detalles de la aplicación, el Ministerio de la Mujer, explica que "de incurrir nuevamente en deuda, la persona puede ser inscrita nuevamente en el registro de deudores y se puede activar el proceso nuevamente".

Valoración de la ley

En relación al segundo aniversario de la ley, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género Antonia Orellana, señaló que "hasta hace algunos años, la deuda de pensión de alimentos y la expresión 'papito corazón' eran vistas casi como una muestra de picardía, más que como lo que hoy reconocemos: una situación grave. El abandono parental no solo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños y niñas", sostuvo la autoridad.

Además agregó que "aunque el afecto y el cuidado no pueden imponerse por ley, existen responsabilidades mínimas, como el pago de la pensión de alimentos, que deben ser exigidas. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental: garantizar el acceso a la información disponible y actuar en base a ella", resaltó la secretaria de Estado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, indicó que "lamentablemente, antes de la existencia de esta ley y de la implementación del Registro de Deudores, las mujeres se hacían cargo del cuidado y del pago de las necesidades de cada uno de sus hijos, pese a que los padres habían sido demandados. Las cifras, que entregó la ministra Orellana dan cuenta de que esta ley está logrando sus objetivos, lo que implica que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde, que son los dineros para cubrir sus necesidades básicas".

Asimismo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que "esta es una ley muy importante desde el punto de vista de la protección de niños, niñas y adolescentes. Una de las medidas que se han tomado en esta coordinación e interoperabilidad del Estado es conectar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos con el Registro Social de Hogares, para que cuando las familias con niños y niñas no están recibiendo la pensión de alimentos, se vea reflejado en el Registro Social de Hogares y, eventualmente, va a bajar de tramo en la calificación socioeconómica. Y al revés, el hogar de un padre que no está pagando la pensión de alimentos, que aparecía con menos ingresos, ahora podría subir de tramo".

Paso a paso

La ejecución de la retención de dinero para el pago de la deuda, consta de varios pasos para asegurar la cancelación.

En primer lugar, el representante legal puede solicitar al tribunal, a través del módulo "Trámite Fácil" de la Oficina Judicial Virtual, el inicio del procedimiento especial para retener fondos del deudor desde cuentas bancarias o instrumentos financieros. Si no se conoce el patrimonio del deudor, el tribunal investiga mediante la interconexión con organismos como la CMF, el SII y otros servicios del Estado.

Una vez hecho esto, si se encuentran fondos, el tribunal ordena a las instituciones bancarias informar sobre saldos y movimientos. Luego se dispone a la retención del dinero para pagar la deuda. Las instituciones financieras tienen la obligación de ejecutar la orden de retención emitida por el tribunal.

Ahora bien, si el deudor tiene deudas con más de un hijo o hija, las solicitudes se agrupan en un solo proceso, y si los fondos son insuficientes, se distribuyen proporcionalmente entre todos los casos.

Por último, en caso de morosidad grave (tres pensiones adeudadas), y si no hay fondos suficientes, el tribunal puede autorizar el pago con cargo a la cuenta de capitalización individual del deudor en la AFP.

52 equivale el monto ordenado a pagar a nivel nacional por deudas.

teletones de pesos han ordenado a pagar los tribunales.