"Los relaves no se distinguen de los cerros; son parte. Es paisaje". Esa frase, si bien en tono de humor, no hace más que marcar una realidad: vivimos en ciudades contaminadas y entregadas al mínimo esfuerzo de la actividad industrial para mitigar sus impactos. Sin embargo, en Atacama aún sobreviven ecosistemas únicos y una naturaleza que ha podido ser protegida a través de la ley y la institucionalidad.

Actualmente, el proyecto de Ley de Marco de Permisos Sectoriales representa un retroceso grave en materia ambiental, pues, en la búsqueda de un "fast track" para grandes proyectos extractivos, se ha dado prioridad a la rapidez sobre la necesidad de una evaluación ambiental rigurosa. Aquello es una tremenda arma de doble filo, pues de pasar por alto cuestiones técnicas relevantes, no solo se pone en riesgo a ecosistemas y comunidades, sino además a los proyectos de inversión. La certeza jurídica no sólo está dada por la fortaleza institucional de los países, sino también por la robustez de sus marcos regulatorios y la capacidad de enfrentarse a riesgos y prevenir daños ambientales.

Por otro lado, el proyecto de ley busca centralizar estos permisos a través de la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, organismo que pasaría a ser administrado por el Ministerio de Economía, quitando atribuciones a ministerios sectoriales técnicos, concentrando el poder de aprobar permisos (y con ello proyectos) en una cartera que no prioriza la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades, cuestión que al menos está dentro de las obligaciones-a lo menos- del Ministerio de Medio Ambiente.

Nuestra institucionalidad ambiental ha permitido ganadas históricas para las comunidades y los ecosistemas en los que habitan. Ejemplo de esto es el Caso Castilla. Poder disfrutar aún de nuestra costa es gracias a la respuesta adecuada de la institucionalidad jurídica y ambiental. Los principios del derecho ambiental, tales como el principio precautorio y preventivo, nacen de las necesidades de justicia y equidad. Las vías del desarrollo no pueden obviar aquello, y sin embargo, el proyecto de permisos sectoriales intenta socavar lo poco ganado, retrocediendo años de avances, trabajo y también lucha de organizaciones sociales, comunidades, sindicatos y gremios más pequeños, como el turismo o la pesca artesanal.

Una vida mejor no requiere sacrificar lo poco que tenemos: una vida mejor requiere esfuerzos para adaptarse a la crisis climática, para preservar la biodiversidad y asegurar el acceso a salud, vivienda y alimentación. Y por este camino de absoluta impunidad, aquello está lejos de consolidarse. Sólo significa más niñas y niños creciendo con relaves cuales cerros y creyendo que toda la vida han estado allí, en un futuro que les dice que fue necesario retroceder para avanzar.

Un estudio IPSO-UDP midió las preferencias de cara a las presidenciales y en un capítulo preguntó acerca de los temores de los chilenos, siendo el con mayor porcentaje que el narcotráfico corrompa las instituciones del Estado. A un 80% le preocupa "bastante o mucho".

Las cifras son la clara muestra de que las personas de bien viven una realidad dramática ya sea por vivencia o por sensaciones. Puede que en su entorno ya esté corrompido y que no quieren que esto se traslade a las entidades o bien que no se tenga un entorno dominado por los narcos, pero sí una sensación que su poder es tal que puede llegar a redes públicas e incluso privadas.

Debemos hacernos cargos del tema. Uno de las medidas que se ha dado para combatir a los narcotraficantes es que más militares estén en la frontera. Y si bien siempre va a ser mejor que se cuente con más personal especialmente en pasos no habilitados ¿podemos asegurar que sea una medida totalmente efectiva?

Es interesante analizar la visión de quiénes dicen que se puede crear actos de corrupción al establecerse relaciones que no pueden ser supervisadas dado lo inhóspito de los lugares. De hecho hace unos días un sargento segundo del Ejército quedó en prisión preventiva y fue formalizado por tráfico ilícito de inmigrantes en Colchane, donde ayudó a una mujer venezolana a ingresar por un paso inhabilitado. Su motivación no queda clara y por ello cabe preguntarse ¿cuál es el nivel de contacto de las mafias que organizan viajes de Venezuela u otros países hacia Chile?

No se trata de evitar mandar militares, sino que tener una presencia pero con un control adecuado y con mayor tecnología que puede ser mucho más efectiva.

Por otra parte ¿qué hacer con los "capos" del narcotráfico? Es indispensable su persecución y reclusión, pero bien sabemos que en un Estado de Derecho se deben cumplir estándares.

Se ha planteado contar con una cárcel tipo "Bukele" entre Copiapó y Caldera donde estén presos los sujetos más peligrosos y dentro de ese rango, podría ser que estén narcotraficantes más buscados. Pero ¿realmente querremos que estén todos juntos en un mismo recinto? ¿realmente se podrá detener de esta forma que sigan liderando?

La evidencia indica que se deben respetar los derechos fundamentales de todos los presos y eso no es una cuestión baladí o que se pueda evitar, sino que está establecido incluso por la Constitución por ende debemos adecuarnos a aquello. Así es imposible que un narco no tenga derecho a recibir visitas, por ejemplo. Ha pasado que presos piden traslados a cárceles para estar más cerca de sus familias y las cortes han aceptado estas peticiones, por ende pretender una incomunicación o aislamiento total es muy difícil.