El FA denunció hace casi una semana "espionaje con fines políticos" de parte de la Fiscalía, tras conocerse una escucha telefónica de 2024 a la exesposa del creador de ProCultura, Alberto Larraín, Josefina Huneeus, con el Presidente Gabriel Boric, donde se referían al presunto caso de corrupción.

La colectividad insistió en su tesis durante los días posteriores, pese a las observaciones del Gobierno y el propio Mandatario sobre dejar a las instituciones realizar su trabajo, ya que el diálogo entre Boric y Huneeus es parte de la carpeta de investigación cuyo levantamiento de secreto se esperaba hace un mes.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló ayer en Radio Cooperativa que "si hubiera espionaje, es altamente probable que yo hubiese dicho... No sólo me hubiera querellado, sino que probablemente además hubiese tomado una decisión más drástica".

"Yo dificulto que el fiscal (Patricio) Cooper o alguno de sus miembros hubiesen utilizado sus atribuciones para espiar al Presidente. (...) Otra cosa es si las interceptaciones se hicieron en el contexto en el cual está establecida la Ley, pero eso es un debate que ya se abrió respecto al (recurso de) amparo que interpuso Josefina Huneeus", agregó el secretario de Estado.

La iniciativa fue revisada ayer por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El abogado de la imputada, Alejandro Awad, afirmó que "estamos ante la única interceptación en la historia, que al menos yo conozca, a un Presidente de la República en ejercicio", mientras que sobre Huneeus "su vida fue azotada por un tsunami y ello tiene una fuente gravemente ilegal".

El fiscal Eduardo Yáñez dijo que "en ningún momento la libertad personal o la seguridad individual" de Huneeus "estuvo afectada durante la diligencia autorizada válidamente, con antecedentes de facto y de derecho, por el Juzgado de Garantía".

La psiquiatra, agregó el persecutor, es "imputada por encubrimiento, es decir, aprovechándose de los efectos de la comisión de estos graves ilícitos".

Diputados de RN convocaron ayer a una sesión especial para el lunes 19 de mayo al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el objetivo de "analizar los casos de financiamiento irregular de la política que han trascendido con ocasión de la investigación del Caso ProCultura y la capacidad del Estado de hacer frente a este flagelo". Durante la jornada, además, se conoció mediante una escucha telefónica que el abogado del Presidente Gabriel Boric y exrepresentante legal de la directora de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez, Jonatan Valenzuela, revisó la carpeta de la investigación antes de que ser levantado el secreto.

Elizalde asistirá a la Cámara de Diputados junto a la presidenta del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y su director nacional, Raúl García, ya que el Caso ProCultura apunta a un posible financiamiento irregular de la política, tal como antes ocurrió con Penta, Corpesca o SQM.

El jefe de la bancada RN, Miguel Mellado, señaló que "es importante que las autoridades respondan. Queremos saber qué sabían ellos o qué hicieron o van a hacer sobre el tema del financiamiento irregular", porque "hoy todos sufren amnesia, nadie conoce a (Alberto) Larraín y parece que Larraín es un hombre que, no sé, no existe".

Estas palabras del legislador responden a las declaraciones del exlíder de CS -partido creado por el Presidente, que luego se fusionó con RD y otros en el FA-, diputado Diego Ibáñez, quien se refirió al cuestionado psiquiatra como "esa persona", a pesar de tener varias fotos en redes sociales con él e incluso recordar su cumpleaños en X.

Mellado recalcó que "es tremendamente importante esta sesión (del lunes) porque la democracia no se construye con dinero bajo la mesa, sino que efectivamente con transparencia", ya que uno de los cuestionamientos es el financiamiento de la campaña del propio Mandatario, debido a que entre 2021 y 2022 ProCultura multiplicó diez veces su patrimonio.

La Segunda, no obstante, publicó ayer que en 2023 la fundación solicitó una auditoría a la empresa Darwin Corp. para revisar las finanzas desde 2016 hasta ese año, la cual concluyó que "algunos proyectos han excedido los gastos en comparación a los ingresos".

"El saldo del informe no coincide con el saldo de la cuenta corriente bancaria producto de que se registraron gastos que no fueron ingresados, como la compra de propiedades, vehículos, etc", agrega el documento citado por el diario. "En la cuenta bancaria no hay saldo para cubrir los proyectos vigentes a la fecha".

Balbontín deja el fa

Entre los gastos de la ONG se encontrarían más de $53 millones que Larraín habría transferido a su pareja, el excandidato a alcalde por Limache, y exasesor del exalcalde Jorge Sharp y del senador Juan Ignacio Latorre (FA), Sebastián Balbontín.

Al cierre de esta edición, La Tercera publicó que Balbontín renunció a su militancia en el FA.

El medio publicó un "pinchazo" a mediados de 2024 a María José Maturana, secretaría de la fundación, quien decía a la representante de esta, María Constanza Gómez, que "hablé con (el abogado de Boric) Jonatan (Valenzuela), el hue... me cuenta que está de defensor de la Javiera Martínez, la Dipres, la hue... que cambió los estándares y por eso pudo Democracia Viva postular, por culpa de eso la están inculpando. Él está de defensor".

" Jonatan sólo leyó la carpeta, sabe mucho de todo esto, todo, y de medios, de la prensa. Te conoce y me conoce, conoce a Alberto" Larraín, agrega el contacto registrado como "Tita".

"Esta hue... es un suicidio, aquí hay una estrategia clara, es pésima y me dijo algo muy duro, muy duro, que en ninguna parte de la carpeta, en ninguna frase, ninguna nada, aparece el nombre Alberto, Alberto no existe", indica la mujer y agrega: "Lo importante es que la plata no está".

Valenzuela descartó lo revelado en esta conversación, junto con explicar que luego de representar a Martínez asumió su trabajo con Boric, así como otras causas. "No he tenido ningún rol en el Caso ProCultura".