Durante mucho tiempo, la soledad ha sido asociada casi exclusivamente con la vejez, como si fuera una consecuencia natural y lineal del envejecimiento. Sin embargo, un reciente estudio internacional, liderado por la Universidad de Atlanta y publicado en Aging & Mental Health, desafía esta percepción con una conclusión inquietante: en países como Estados Unidos y los Países Bajos, son los adultos de mediana edad -no los mayores- quienes se sienten más solos.

Los datos son elocuentes: personas de entre 50 y 90 años fueron encuestadas en 29 países, revelando grandes contrastes. Mientras Dinamarca destaca por sus bajos niveles de soledad -posiblemente gracias a un sólido tejido social y políticas de bienestar robustas-, en Grecia, Chipre, Bulgaria o Letonia la soledad aumenta dramáticamente con la edad. Pero lo más llamativo es ese 20% de factores que explican la soledad en adultos de mediana edad y que permanecen aún sin nombre ni diagnóstico.

¿Qué hay detrás de esta soledad silenciosa? El estudio sugiere que no estar casado, no tener trabajo o enfrentar problemas de salud son causas comunes. Pero en el caso específico de los adultos de mediana edad, se suman responsabilidades contradictorias: cuidar de hijos, padres, sostener empleos demandantes o, en muchos casos, sufrir la inestabilidad laboral. Todo eso ocurre en medio de una cultura que les exige productividad, autonomía y resiliencia, pero rara vez les ofrece red de apoyo.

No basta con intervenir tarde; hay que anticiparse. La soledad no tiene una edad fija. Tiene contextos, historias, responsabilidades no compartidas y silencios largos que a veces nadie escucha.

En los últimos meses, dos propuestas se han enfocado en reducir el Impuesto de Primera Categoría. La primera fue presentada en marzo por la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien propone una baja gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual al 18% en un plazo de diez años. La segunda propuesta, la cual será entregada por el Colegio de Contadores de Chile a los candidatos presidenciales, sugiere una reducción diferenciada: un 22% para grandes empresas y un 11% para las pequeñas y medianas empresas.

Ambas iniciativas argumentan que esta medida fomentaría la inversión privada y fortalecería la competitividad. Matthei utiliza como referencia el modelo irlandés, que con una tasa del 12% logró atraer capital extranjero y dinamizar su economía. Por su parte, el Colegio de Contadores propone un esquema segmentado que, además de reducir las tasas, contempla un sistema tributario plenamente integrado. Este modelo, que sugiere un 22% para grandes empresas y un 11% para PYMEs, busca mejorar la competitividad de estas últimas en el mercado nacional e internacional.

No obstante, los efectos fiscales de ambas propuestas son considerables. La reducción al 18% planteada por Matthei representaría una pérdida anual de USD 4.205 millones, equivalente al 35% del gasto público en salud y al 41% del gasto en educación en Chile. En cambio, el esquema del Colegio de Contadores, aunque menos agresivo, implicaría una merma de USD 2.373 millones anuales, afectando de forma directa un 3,3% de los ingresos del Gobierno Central.

En un contexto de déficit estructural cercano al 3,2% del PIB y una deuda pública que bordea el 42,3%, la reducción de los ingresos fiscales necesita ser compensada. Sin un reemplazo claro, se corre el riesgo de debilitar servicios públicos fundamentales o agravar el déficit fiscal, afectando la estabilidad macroeconómica del país.

Ambas propuestas dejan en el aire la pregunta más relevante: ¿cómo reemplazar esos ingresos para no comprometer el financiamiento de derechos sociales y la estabilidad fiscal? Si no se responde a esta interrogante, el camino de la reducción tributaria podría derivar en un debilitamiento de los servicios públicos y un aumento del déficit estructural, trasladando esa carga a las futuras generaciones.