El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, dijo ayer que la orden de captura contra el expresidente Evo Morales sigue vigente, por un caso de trata agravada de personas, después de la resolución de un juez de La Paz que suspendió otro fallo judicial que lo beneficiaba.

"Nosotros vamos a acatar lo que establece el procedimiento, tenemos una imputación formal presentada en su momento, tenemos una declaratoria de rebeldía, lo cual conforme ha mencionado el juez de La Paz se mantienen vigentes", declaró Mariaca.

El fiscal general señaló que "ejecutar" la orden de captura "ya es un trabajo de la Policía".

La semana pasada, la defensa de Morales (2006-2019) dio a conocer el auto constitucional que emitió la jueza de la región oriental de Santa Cruz Lilian Moreno y que anuló la orden de aprehensión que existía contra el exmandatario, además del traslado del proceso a la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

El fallo de Moreno fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de una investigación.

El viernes se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso mantener activa la orden de aprehensión, aunque la medida fue desconocida por los abogados de Morales.

La resolución firmada por la jueza Moreno que beneficiaba a Morales fue denunciada el fin de semana por el Ministerio de Justicia, según informó Mariaca, demanda que fue aceptada por la Fiscalía de La Paz.

Por esta razón, la jueza Moreno fue aprehendida ayer en la ciudad de Santa Cruz y horas después trasladada a La Paz para declarar y someterse a una audiencia de medidas cautelares.

Mariaca explicó que el delito por el que es procesada Moreno es "desobediencia a las resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad".

En octubre de 2024, una fiscalía dictó una orden de captura, que no ha sido ejecutada, contra el exmandatario, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

El Vaticano desactivará su red de cobertura de telefonía móvil en todo su territorio y requisará los teléfonos de los cardenales para blindar el cónclave que elegirá desde mañana al sucesor del difunto papa Francisco.

La Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano comunicó ayer a todos sus residentes y trabajadores que "desactivará todas las instalaciones de transmisión de la señal de telecomunicaciones celulares y de radio".

Este apagado afectará a todo el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, 0,4 kilómetros cuadrados en el centro de Roma, y comenzará a partir de las 15.00 hora local del 7 de mayo.

La decisión ha sido tomada para garantizar la "seguridad de las actividades para la elección del Sumo Pontífice" y, de hecho, la señal no volverá hasta que no se designe un nuevo papa.

Los 133 cardenales electores se encerrarán desde este miércoles por el día en la Capilla Sixtina para votar en el cónclave a un sucesor de Francisco, mientras que pasarán la noche en edificios del Vaticano como la Casa de Santa Marta y alguna otra dependencia.

Para evitar injerencias, el cónclave deberá transcurrir con total secretismo y discreción y los purpurados no podrán revelar lo tratado en las reuniones a puerta cerrada ni abandonar el estado vaticano o comunicarse con personas ajenas a este proceso.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó en una rueda de prensa que los cardenales deberán dejar sus teléfonos en Casa Santa Marta.

"Se les devolverá al final del cónclave", puntualizó.

En el pasado, el Vaticano puso en marcha un sistema de inhibición de frecuencias para impedir que la red móvil romana entre en su territorio.

Sin embargo, según explicó Bruni, esto no afectará a la Plaza de San Pedro, donde se espera la llegada de miles de fieles a la espera de la elección del nuevo papa.

SI HABLAN, se EXCOMULGAN

Para garantizar el secretismo, en estos días los técnicos de la Santa Sede han procedido a apagar las cámaras y sensores que normalmente custodian la monumental Capilla, además de cerciorarse de que no queda en su interior ningún instrumento que pueda grabar.

Tanto los cardenales como el personal asistente deben jurar discreción. Ayer lo hicieron un centenar de asistentes al cónclave, desde los ayudantes de los purpurados a electricistas, gasfiteres, enfermeros o personal litúrgico.

Si revelan lo tratado en el cónclave, la pena es la excomunión.

El Gobierno de Perú decretó ayer un toque de queda en el distrito de Pataz, donde fueron secuestrados y asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, además de ordenar que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona y suspender la actividad minera por 30 días, anunció la presidenta, Dina Boluarte.

"A raíz del acontecimiento de Pataz, decidimos que en las próximas horas, mientras trabajamos en el marco legal, se declara, a partir de entonces, el toque de queda en todo el distrito de Pataz de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de la Poderosa", dijo la mandataria desde el Palacio de Gobierno.

Además, anunció que instalarán una base militar en el distrito de Pataz y comunicó que queda suspendida toda actividad minera en la provincia que lleva el mismo nombre por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Detalló que durante este plazo se va a proceder a exclusión de todos los registros de formalización minera.

"Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano porque es ahora cuando debemos de actuar", señaló en referencia a que se debe crear un marco legal para actuar frente a esta problemática.

También criticó que el Ministerio Público liberó en 2023 a quien supuestamente lideró este ataque, conocido por el alias 'Cuchillo', y añadió que señalar este suceso "no es lavarse las manos", sino poner en evidencia donde está la responsabilidad.

"Mano dura para estos delincuentes criminales", afirmó al indicar que el Ejecutivo no va a permitir "estos actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad".

Concluyó que el país debe trabajar unido para erradicar "esta brutal acción de esta lacra social" que se mueve en Perú.

Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, expuso que el Gobierno "en ningún momento" ha cometido un "descuido" de sus deberes y sus funciones y aseguró que la Policía Nacional actuó de manera inmediata en la zona", en referencia a las críticas sobre la inacción de las autoridades.

De todos modos, enviará un equipo policial de elite y especial a buscar a los hechores del crimen múltiple.

El domingo fueron hallados asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa que habían sido secuestrados hace una semana.

El yacimiento está ubicado en Pataz, en el norte de país, una provincia declarada en emergencia en febrero de 2024 por el aumento del crimen por parte de bandas asociadas a la minería ilegal.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) de Perú condenó en la vícpera el "cruel asesinato" de los 13 trabajadores, y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de "esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal".

Además, demandaron a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que esta masacre no quede impune.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, dijo ayer que la orden de captura contra el expresidente Evo Morales sigue vigente, por un caso de trata agravada de personas, después de la resolución de un juez de La Paz que suspendió otro fallo judicial que lo beneficiaba.

"Nosotros vamos a acatar lo que establece el procedimiento, tenemos una imputación formal presentada en su momento, tenemos una declaratoria de rebeldía, lo cual conforme ha mencionado el juez de La Paz se mantienen vigentes", declaró Mariaca.

El fiscal general señaló que "ejecutar" la orden de captura "ya es un trabajo de la Policía".

La semana pasada, la defensa de Morales (2006-2019) dio a conocer el auto constitucional que emitió la jueza de la región oriental de Santa Cruz Lilian Moreno y que anuló la orden de aprehensión que existía contra el exmandatario, además del traslado del proceso a la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

El fallo de Moreno fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de una investigación.

El viernes se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso mantener activa la orden de aprehensión, aunque la medida fue desconocida por los abogados de Morales.

La resolución firmada por la jueza Moreno que beneficiaba a Morales fue denunciada el fin de semana por el Ministerio de Justicia, según informó Mariaca, demanda que fue aceptada por la Fiscalía de La Paz.

Por esta razón, la jueza Moreno fue aprehendida ayer en la ciudad de Santa Cruz y horas después trasladada a La Paz para declarar y someterse a una audiencia de medidas cautelares.

Mariaca explicó que el delito por el que es procesada Moreno es "desobediencia a las resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad".

En octubre de 2024, una fiscalía dictó una orden de captura, que no ha sido ejecutada, contra el exmandatario, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

El Vaticano desactivará su red de cobertura de telefonía móvil en todo su territorio y requisará los teléfonos de los cardenales para blindar el cónclave que elegirá desde mañana al sucesor del difunto papa Francisco.

La Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano comunicó ayer a todos sus residentes y trabajadores que "desactivará todas las instalaciones de transmisión de la señal de telecomunicaciones celulares y de radio".

Este apagado afectará a todo el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, 0,4 kilómetros cuadrados en el centro de Roma, y comenzará a partir de las 15.00 hora local del 7 de mayo.

La decisión ha sido tomada para garantizar la "seguridad de las actividades para la elección del Sumo Pontífice" y, de hecho, la señal no volverá hasta que no se designe un nuevo papa.

Los 133 cardenales electores se encerrarán desde este miércoles por el día en la Capilla Sixtina para votar en el cónclave a un sucesor de Francisco, mientras que pasarán la noche en edificios del Vaticano como la Casa de Santa Marta y alguna otra dependencia.

Para evitar injerencias, el cónclave deberá transcurrir con total secretismo y discreción y los purpurados no podrán revelar lo tratado en las reuniones a puerta cerrada ni abandonar el estado vaticano o comunicarse con personas ajenas a este proceso.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó en una rueda de prensa que los cardenales deberán dejar sus teléfonos en Casa Santa Marta.

"Se les devolverá al final del cónclave", puntualizó.

En el pasado, el Vaticano puso en marcha un sistema de inhibición de frecuencias para impedir que la red móvil romana entre en su territorio.

Sin embargo, según explicó Bruni, esto no afectará a la Plaza de San Pedro, donde se espera la llegada de miles de fieles a la espera de la elección del nuevo papa.

SI HABLAN, se EXCOMULGAN

Para garantizar el secretismo, en estos días los técnicos de la Santa Sede han procedido a apagar las cámaras y sensores que normalmente custodian la monumental Capilla, además de cerciorarse de que no queda en su interior ningún instrumento que pueda grabar.

Tanto los cardenales como el personal asistente deben jurar discreción. Ayer lo hicieron un centenar de asistentes al cónclave, desde los ayudantes de los purpurados a electricistas, gasfiteres, enfermeros o personal litúrgico.

Si revelan lo tratado en el cónclave, la pena es la excomunión.

El Gobierno de Perú decretó ayer un toque de queda en el distrito de Pataz, donde fueron secuestrados y asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, además de ordenar que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona y suspender la actividad minera por 30 días, anunció la presidenta, Dina Boluarte.

"A raíz del acontecimiento de Pataz, decidimos que en las próximas horas, mientras trabajamos en el marco legal, se declara, a partir de entonces, el toque de queda en todo el distrito de Pataz de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de la Poderosa", dijo la mandataria desde el Palacio de Gobierno.

Además, anunció que instalarán una base militar en el distrito de Pataz y comunicó que queda suspendida toda actividad minera en la provincia que lleva el mismo nombre por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Detalló que durante este plazo se va a proceder a exclusión de todos los registros de formalización minera.

"Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano porque es ahora cuando debemos de actuar", señaló en referencia a que se debe crear un marco legal para actuar frente a esta problemática.

También criticó que el Ministerio Público liberó en 2023 a quien supuestamente lideró este ataque, conocido por el alias 'Cuchillo', y añadió que señalar este suceso "no es lavarse las manos", sino poner en evidencia donde está la responsabilidad.

"Mano dura para estos delincuentes criminales", afirmó al indicar que el Ejecutivo no va a permitir "estos actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad".

Concluyó que el país debe trabajar unido para erradicar "esta brutal acción de esta lacra social" que se mueve en Perú.

Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, expuso que el Gobierno "en ningún momento" ha cometido un "descuido" de sus deberes y sus funciones y aseguró que la Policía Nacional actuó de manera inmediata en la zona", en referencia a las críticas sobre la inacción de las autoridades.

De todos modos, enviará un equipo policial de elite y especial a buscar a los hechores del crimen múltiple.

El domingo fueron hallados asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa que habían sido secuestrados hace una semana.

El yacimiento está ubicado en Pataz, en el norte de país, una provincia declarada en emergencia en febrero de 2024 por el aumento del crimen por parte de bandas asociadas a la minería ilegal.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) de Perú condenó en la vícpera el "cruel asesinato" de los 13 trabajadores, y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de "esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal".

Además, demandaron a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que esta masacre no quede impune.