No se logró la buscada unanimidad para el cierre de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que desde 2023 pretende construir una solución de largo plazo al conflicto indígena en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Tras días de tensiones, hubo un voto disidente contra siete a favor, en un debate marcado por la propuesta de garantizar 240.000 hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras. El documento final será entregado en los próximos días al Presidente Gabriel Boric.

Hasta la madrugada de ayer se extendió la discusión en el grupo donde se trató de representar a cada sector de los territorios habitados por el pueblo mapuche, pese a que las conclusiones debían estar listas a la medianoche.

El voto en contra fue del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, quien luego explicó que "no estaba dispuesto a hipotecar Chile, no estaba dispuesto a hipotecar el sur de Chile", ya que "siempre he trabajado por la libertad, por la defensa del sector productivo y del sector agrícola. No estaba dispuesto a hipotecar más de 200.000 hectáreas para que se sigan sacando del sistema productivo y, con eso, poner en riesgo la seguridad agroalimentaria de todo el país".

Naveillán agregó que desde el mundo del agro están dispuestos a buscar "una solución real, que corte este problema que tanto daño nos ha causado. (...) Siempre lucharé por la libertad, por la igualdad, por lo mejor para nuestra región, pero lo mejor para todos".

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), presidida por Antonio Walker, lamentó que "no se haya respetado la unanimidad, definida inicialmente como principio básico para llegar a acuerdo".

"expectantes"

Miembros de la agrupación permanecen "expectantes respecto del informe final para poder evaluar lo positivo y lo negativo. Sabemos que hubo temas sensibles que generaron división, y el hecho de que Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores de Malleco, no haya firmado nos preocupa".

En la comisión, junto a Naveillán, trabajaron, como presidente, el senador Francisco Huenchumilla (DC); como vicepresidente, el exministro Alfredo Moreno (independiente); como secretario general, el comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, junto a la diputada Emilia Nuyado (PS), el exalcalde de Tirúa y dirigente mapuche, Adolfo Millabur; encargada de la Unidad de pueblos originarios del Biobío, Gloria Callupe; jefe de gabinete del gore de La Araucanía, Juan Pablo Lepín; y la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena.

Esta última legisladora renunció el miércoles al Partido Republicano, debido a su decisión de votar a favor que no fue respaldada por la colectividad.

Huenchumilla al terminar destacó "la votación unánime del sector ligado al mundo mapuche, que votaron absolutamente a favor del entendimiento, de la buena salida política, la legalidad y una salida consensuada del conflicto". Esto "fue una demostración de madurez política y una contribución a resolver los temas dentro del estado de Derecho y con justicia".

La diputada y tía del comisionado disidente, Gloria Naveillán (PNL), dijo que se "desconoció" la norma. "Borraron con el codo lo escrito por la mano, traicionaron a Chile, traicionaron al sur del país, traicionaron el derecho a propiedad, traicionaron a los agricultores y a todos los dueños de tierra. Esto es impresentable. Esto fue una traición especialmente de Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena".

La Superintendencia de Educación informó que en el primer trimestre de este año recibió 2.501 denuncias, un 60,7% asociadas al ámbito de "convivencia". Desde la entidad señalaron que estos datos "reflejan la realidad que se vive en las escuelas" y llamaron "estar alertas" a estas situaciones.

Hoy es el Día internacional Contra el Acoso Escolar y según datos del organismo fiscalizador de prácticas como el bullying y otros problemas de convivencia han registrado un importante aumento en los últimos años.

Según un reporte de las denuncias recibidas entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la Superintendencia reveló que se reportaron 1.518 hechos acusando problemas de convivencia, lo que representa un incremento de un 25,1% en relación al mismo periodo de 2024, cuando fueron 1.213.

Dentro de las denuncias de convivencia, la mayoría se ha registrado en la categoría de "maltrato a párvulos y/o estudiantes", con 767 casos, cifra que aumentó un 22,7% en comparación a 2024.

También se destacan las de "discriminación", con 286 casos; "situaciones de connotación sexual" con 145, y "medidas disciplinarias" con 143.

La categoría con mayor crecimiento en ese lapso fue "maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa", que registró un alza de 121,2%, al pasar de 33 a 73 casos a nivel nacional.

Las regiones con mayores aumentos relativos son Atacama, que pasó de 18 a 45 denuncias (incremento del 150%), seguida por Coquimbo (118%) y Arica y Parinacota y Aysén (que duplican sus casos). En el extremo opuesto, Magallanes registró la mayor baja, con una disminución de 11 a 3 denuncias, lo que representa una caída del 72,7%.

Ante las cifras, la jefa (s) de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, Constanza Ibarra, dijo a este medio que "hemos observado con los años un aumento en general de todas las denuncias, y efectivamente el grueso de los números se concentra en las de 'convivencia'. Para 2023, las denuncias por esta temática llegaron a 12.562 y de ellas el 'maltrato entre estudiantes' correspondió a 4.523. Para 2024, las de 'Convivencia' totalizaron en 13.970, de las cuales 4.698 estuvieron relacionadas con situaciones de 'maltrato' entre estudiantes, que puede ser físico o psicológico".

En cuanto a las causas de estos aumentos, Ibarra dijo que "reflejan una realidad que se vive en las escuelas hoy en día, pero que está muy vinculada con una sociedad más expuesta a la violencia y las comunidades educativas no son ajenas a este fenómeno".

Es por ello que señaló que "hemos insistido en la importancia de estar alertas ante la presencia de situaciones que pueden derivar en hechos más graves y accionar las medidas establecidas en la normativa educacional, es decir, activar el reglamento interno; informar sobre los hechos al encargado o encargada de convivencia escolar; aplicar el protocolo de actuación correspondiente; y las medidas formativas a las y los estudiantes involucrados".

La directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, Viviana Tartakowsky, complementa que ante este tipo de casos "cada establecimiento educativo debe tener protocolos que regulen la convivencia escolar" con "consecuencias claramente definidas", que " deben ser conocidas por la comunidad escolar completa y velarse por su cumplimiento".

"El problema, es que mucho reglamento se queda 'en letra muerta'. Además no se involucra a los apoderados en los sistemas escolares o estos ven a los colegios como 'enemigos' o sucede que, dada la vida actual, no hay espacio para ejercer habilidades parentales, desentendiéndose los cuidadores principales del mundo educativo de sus hijos. Es un tema multicausal y muy complejo", dice.

El Torneo Delibera 2025, que organiza la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) bajo el mandato de la Cámara de Diputados y el Senado, cerró su etapa de inscripción en abril con un récord histórico de escolares inscritos en caso 800 equipos de todo el país.

El certamen, que busca promover la reflexión legislativa, el debate informado y el desarrollo de propuestas de ley para abordar problemáticas reales del país desde la perspectiva juvenil, cuenta con representación de las 16 regiones y comunas que debutan como Rapa Nui, Monte Patria o Río Ibáñez.

Las próximas estapas son la realización de iniciativas juveniles de ley y videos explicativos, patrocinios y adhesiones, y los siete equipos con mejor puntaje por región clasificarán a las Finales Regionales, que se desarrollarán entre julio y agosto. La final nacional será el 8 de octubre en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.