El debate tributario en torno a las pequeñas y medianas empresas ha vuelto a tomar fuerza tras la propuesta del Ministerio de Hacienda de fijar una tasa corporativa permanente del 20% para empresas con ingresos anuales inferiores a 100.000 UF, junto con avanzar hacia un régimen de renta atribuida o "transparente". Algunos gremios han levantado la voz en contra, pero es importante no perder de vista los beneficios que esta reforma ofrece, especialmente en términos de equidad, liquidez y simplificación.
El régimen integrado vigente obliga a esperar el retiro de utilidades para completar el ciclo tributario, lo que genera incertidumbre y complejidad administrativa. El régimen transparente, en cambio, permite tributar directamente sobre las utilidades del año, mejorando la previsibilidad fiscal, incentivando la formalidad y entregando mayor liquidez.
Es cierto que en este sistema se paga impuesto incluso si no se retiran utilidades, pero para la mayoría de las PYME -empresas familiares o personales donde retiro y utilidad suelen coincidir- esta crítica pierde fuerza. Además, la propuesta no impone este régimen de forma obligatoria, sino que lo establece como sistema general, con márgenes de transición.
La crítica al nuevo monotributo también parece exagerada. Pagar entre 0,5 y 1 UTM mensual entrega formalidad desde el inicio y acceso a subsidios y financiamiento, hoy inalcanzables para muchos nuevos negocios informales.
Reducir la tasa corporativa al 20% implica un esfuerzo fiscal real (0,16% del PIB), que demuestra voluntad por fortalecer al sector PYME sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Además, se plantea una senda gradual y vinculada al crecimiento económico.
Chile necesita una estructura tributaria moderna y justa. Más que rechazar esta propuesta, los sectores productivos deberían colaborar en su perfeccionamiento. Avanzar hacia un régimen transparente, con una tasa competitiva y reglas claras, es un paso en la dirección correcta.