Con minutos de diferencia fueron presentadas ayer las renuncias de la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández Allende (PS), junto a la del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA, antes RD): la primera, por la fallida venta de la casa del Presidente Salvador Allende, sobre la que el Gobierno en la última jornada admitió que "las cosas no se hicieron como tenían que hacerse", ya que el inmueble seguiría administrado por la familia Allende, sumado a que dos semanas antes del contrato de compraventa aumentó su precio en $100 millones, llegando a $933 millones. En el caso de Crispi, ayer se negó a declarar por el Caso Monsalve en la Cámara de Diputados, a lo que se añade su vínculo con el Caso Convenios, por el que también ha sido llamado al Congreso.

El Presidente Gabriel Boric, quien hoy comienza su último año de Gobierno, nombró ayer como titular de Defensa a Adriana Delpiano (PPD), exministra de Educación durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, así como de Bienes Nacionales en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Boric, asimismo, agradeció a Crispi "su labor y compromiso" en el segundo piso de La Moneda. En su lugar llegó el ingeniero civil industrial y magister en administración pública de la London School of Economics (LSE), Felipe Melo, quien antecedió al Presidente en el liderazgo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y hasta ayer era el director del Servicio Civil.

En medio de polémicas y cuestionamientos, el Mandatario nombró además como ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres, cargo que ocupaba el ahora titular de Interior, Álvaro Elizalde) a la abogada Macarena Lobos, quien ejercía como subsecretaria. En su lugar quedó Nicolás Facuse, también abogado, que se desempeñaba como jefe de Relaciones políticas e institucionales de la Segpres.

"apego a la constitución"

Fernández señaló al renunciar que "dejo mi cargo con la tranquilidad de haber actuado siempre con lealtad y apego estricto a la Constitución y la Ley". En la mañana, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) adelantó en ADN Radio que la colectividad presentará una acusación constitucional (AC) contra la extitular de Defensa, nieta de Allende y una de las propietarias de la casa.

Fernández además prepara su respuesta al Tribunal Constitucional (TC) en un proceso que buscaba su inhabilitación, debido a que la Carta Magna prohibe celebrar contratos entre el Estado y sus autoridades. Quien ya presentó su defensa por la misma causa en el TC es la senadora e hija del Presidente, Isabel Allende.

Etcheverry dijo ayer que "aquí las cosas ocurrieron de una manera que no tenían que ocurrir y ahí está el resultado, el proyecto no se pudo llevar adelante, hubo que frenarlo a mitad de camino", a inicios de enero.

"estamos contentos"

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Monsalve, Miguel Mellado (RN), afirmó que en la instancia "estamos contentos", porque "Crispi era el niño símbolo del pacto de silencio del Gobierno" frente a la denuncia por abuso sexual y violación interpuesta por una funcionaria de la Subcretaría del Interior contra su jefe.

"Su paso al costado reconoce su mala acción, de él en el Caso Monsalve. Una diputada dijo ¿es Crispi o el Presidente? Parece que fue Crispi. Y aquí hay un tema de reconocimiento tácito del Gobierno de que él tuvo mucho que ver en este caso", destacó el legislador.

El ahora exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), asistió ayer a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la denuncia de abuso sexual y violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Al igual que la vez anterior, Crispi dijo "hay contenidos que no puedo compartir".

"¿Le sugirió al Presidente (Gabriel Boric) antes de que viajara Monsalve (donde su familia, a Concepción) que debía pedirle la renuncia? ¿Usted sugirió algún control de daños?", fueron parte de las preguntas.

Crispi apeló a la cláusula de confidencialidad de su contrato: como "el abogado, el médico, el confesor, (...) cumplo una función legal" y "tengo la obligación de guardar reserva", pese a que la Contraloría hace poco más de una semana señaló que los funcionarios públicos "están obligadas a suministrar los antecedentes y las informaciones que les sean solicitadas".

El diputado Miguel Mellado (RN) respondió que enviarán antecedentes a Contraloría para "un procedimiento disciplinario y se aplique una multa. (...) No va a responder las preguntas, por lo tanto, esta sesión se levanta". A juicio del legislador, el exjefe de asesores "es una de las piezas clave en la protección de Monsalve, más que en la protección de la víctima".