Desde el Gobierno se refirieron ayer a la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que programó para el jueves 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma en San Antonio, en la cual viven cerca de 10 mil personas.
El 31 de enero expiraron los dos meses extra que le dio el tribunal a la Delegación Presidencial para iniciar el desalojo del asentamiento ubicado en el Cerro Centinela. En su último fallo, la Corte de Apelaciones resolvió que desde el 27 de febrero esta acción debe llevarse a cabo de forma "razonable" y "paulatina" por parte de la delegación, la Municipalidad de San Antonio y Carabineros a través de una "división cuadricular". Sobre esta situación el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo a radio Cooperativa que "la particularidad" de esta caso es "que es la toma más grande que tenemos en Chile, por eso, el trabajo que ha estado desarrollando el ministro (de Vivienda) Carlos Montes es tratar de buscar una solución, entre los pobladores de la toma, conjuntamente con los dueños, que permita una solución relativamente satisfactoria. Ese proceso de conversación y negociación sigue en curso".
"Esto no es simplemente el desalojo, la Corte impuso una gran cantidad de condiciones. Si hay personas que provienen de grupos vulnerables, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, deben tener un tratamiento en el desalojo que es bien distinto. Hay que dar una solución para hogares de transición para las personas (...) Eso supone una logística por parte del Estado", agregó.
El ministro Montes dijo que el lunes sostendrán una reunión con los dueños -la Inmobiliaria San Antonio (la cual fue tomada en 2019) "cuyo propósito fundamental es seguir conversando con los propietarios del terreno, porque creemos que este es un problema nacional muy serio" y agregó que a través de informes y conversaciones con las familias están buscando "una solución con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes".
"Nosotros esperamos que el lunes, entre el propietario, los organismos del Gobierno, el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino; esto no es de un día para otro, esto no se ha hecho otras veces. El solo hecho de conseguir los créditos, los recursos, establecer los valores, todo supone un tiempo (...) ojalá el lunes haya acuerdos con los propietarios de un tiempo para buscar construir este acuerdo", comentó.
El abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira, dijo a Emol que no recibieron una invitación formal del Gobierno para la cita del lunes. "Si no nos pusimos de acuerdo en más de un año y medio sobre las fórmulas, llegar a un acuerdo alternativo es muy complicado (...) No existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno", señaló.
