Los abogados del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en prisión preventiva tras ser imputado por abuso sexual y violación de una subalterna, solicitaron esta semana cambiar la cautelar por arresto domiciliario apelando, entre otros argumentos, a la tesis de un "blackout por alcohol" sufrido por la exautoridad y la denunciante tras haber ido a cenar a un restorán.

La abogada de la mujer, María Elena Santibáñez, respondió ayer en Radio Pauta que "todos estos blackout que se señalan resultan bastante poco verosímiles, considerando todas las actuaciones que tienen lugar por parte de él. Esto de que haya comenzado a accionar todas sus redes de manera irregular, después que se dio cuenta de que mi representada iba a hacer la denuncia".

Monsalve solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del restorán donde se reunió con la denunciante: estas, por protocolo del local, ya habían sido borradas, aunque no las del hotel donde se quedaba la exautoridad en Santiago.

Efectivos de la PDI revisaron este material. Según relató el exsubsecretario al Presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al fiscal Xavier Armendáriz y a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, sospechaba que había sido drogado la noche en que ocurrieron los ilícitos, y podría ser víctima de extorsión.

El portal Ciper Chile publicó sobre este punto que Monsalve "omitió un dato clave" al menos en sus conversaciones con Tohá: que el levantamiento de información que él mismo había ordenado a inteligencia de la PDI ya había descartado la participación de terceros que pudieron poner en riesgo su seguridad física o exponerlo a una amenaza de extorsión".

Al cierre de esta edición, la esposa de Monsalve y exconcejala de Los Álamos, María Eugenia Garrido, lo visitó en el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde señaló que "como familia estamos unidos", y agradeció a quienes han "orado" por el exsubsecretario.

El gobierno afirmó esta semana, a través de su ministra vocera, Camila Vallejo, que la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por difusión de imágenes íntimas es "sin sustento, respecto a hechos que son completamente falsos". La sentencia de La Moneda llamó la atención inmediatamente, pues vino acompañada de una defensa cerrada al mandatario en un caso que recién se empezaba a conocer y que está bajo investigación del Ministerio Público. Los cuestionamientos se suman al manejo del caso Monsalve, donde pasaron 48 horas -y sólo una vez que se conoció por la prensa- desde que el mismísimo jefe de Estado se enteró de que el entonces subsecretario estaba siendo indagado por abuso sexual y violación de una subordinada, hasta su remoción.

En ambos casos ha habido duras críticas a los silencios que ha guardado la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, rostro de un autodenominado "Gobierno feminista", en comparación a sus enérgicas declaraciones en casos anteriores.

Ayer, tras días en silencio, la titular de cartera se limitó a afirmar que "no son casos iguales".

Sobre si comparte que la causa contra el Mandatario es "falsa", como señaló Vallejo, Orellana dijo que "habló la vocera de Gobierno". Y sobre si el Ministerio de la Mujer ha brindado respaldo a la denunciante, contestó que, "como en cada caso, siempre nuestra tarea está en chequear que se hayan ofrecido las tareas de asistencia".

"Eso lo hicimos, pero no son casos iguales", explicó en alusión a Monsalve, porque "no podemos comparar una denuncia por uno de los delitos más graves del Código Penal, como es la violación, a un acoso sistemático contra el Presidente que hoy tiene un nuevo episodio después de diez años".

Orellana hace unas semanas fue cuestionada por afirmar que en el caso del exsubsecretario del Interior "no estamos hablando de un portero de un servicio público", palabras que luego rectificó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, agregó ayer que frente a la denuncia contra el Presidente, "la Fiscalía sabe que nosotros no somos de las personas que andamos mandando recados por los medios de comunicación, ni interferimos con su trabajo".

Pago para que no denuncie

No fue un buen día ayer para La Moneda ni para Orellana. Una resolución del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la cual accedió La Tercera, señaló el pago de más de $40 millones a una ahora exfuncionaria del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia como acuerdo para que no siguiera adelante con una demanda por acoso sexual, ejercido por un compañero de trabajo y bajo conocimiento del resto del equipo en 2023.

Presidencia respondió ayer que ninguna de las partes trabaja actualmente en el Gobierno.

Más tarde, diez diputadas de la UDI, RN, PSC y el Partido Republicano informaron que enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Niurka Palacio, para sugerir la salida de la ministra Orellana de la vicepresidencia del comité directivo de la entidad, a causa de su comportamiento frente al Caso Monsalve y la denuncia contra Boric. Además, es mencionada la desvinculación de la exseremi del Sernameg, Isabel Amor, a dos días de haber asumido.