Más de 4.800 denuncias y 1.852 atenciones psicológicas en su primer mes de implementación, son las cifras que puso sobre la mesa el Ministerio del Trabajo a propósito de la Ley Karin. Estos son números que ponen en valor la importancia de prevenir el acoso y la violencia laboral, pero que a su vez, dejan en evidencia algunos temas que son necesarios de ajustar para aumentar la eficacia de la ley y que la misma no termine en el largo plazo como "letra muerta".

El alto número de denuncias, sin duda, supone una buena noticia ya que los trabajadores están perdiendo el miedo a represalias por parte de quienes ocupan espacios de poder. Sin embargo, si las denuncias se mantienen con esa constante o incluso suben, podría terminar por sobrecargar el sistema.

En términos simples, muchas denuncias en poco tiempo colapsarán los mecanismos de investigación y resolución de conflictos, acarreando retrasos en la atención de casos y que tendría como consecuencia una sensación de injusticia y desamparo, lo que desalentaría futuras denuncias al percibir la ley como "ineficiente".

De hecho, si bien la ley establece medidas punitivas, no aborda de manera adecuada la prevención del acoso y la violencia desde sus cimientos, razón por la cual resulta fundamental el desarrollo de programas integrales de educación y sensibilización que apunten a un real cambio cultural en los espacios laborales.

También resulta necesario que exista un plan de seguimiento a largo plazo para evaluar esta normativa y así realizar los ajustes necesarios a fin de mejorar la eficacia de la misma, los programas de capacitación para trabajadores y empleadores deben ser continuos para sacar el máximo partido a esta normativa.

Debe haber protección para los denunciantes, porque si ese eslabón es débil, seguirá imperando el silencio por miedo a cualquier tipo de retaliación. La ley no solo debe garantizar la confidencialidad, también debe prevenir cualquier ápice de represalia. Por último, y aunque resulte majadero, es necesaria la perspectiva de género a la hora de aplicar la ley.

La revuelta social de octubre de 2019 fue un momento de la historia reciente de nuestro país articulada por una crisis de representatividad y una pérdida de confianza radical en el mundo político e institucional. Pero ciertamente esta crisis se ha prolongado y no se agota en el dominio mencionado, ya que vivimos en un tiempo donde la ausencia de referentes políticos, sociales y religiosos es una realidad. Sin duda que esta crisis en la que estamos es de tono mayor cuyo desenlace y superación no tiene una fecha, pues los tiempos históricos poseen un ritmo que pueden no coincidir con nuestros deseos.

El individualismo del que somos parte -negarlo sería cínico- es uno de los ingredientes que al combinarse con el escepticismo, la ironía y un fuerte rechazo a cualquier forma de autoridad, sea esta política, religiosa o intelectual activó en nuestro país la "revuelta social" en esos días con quemas de Iglesias, bibliotecas, casas de la cultura, alcaldías, centros universitarios, supermercados, tren metropolitano, autobuses y de acercamientos amenazantes a la Moneda que en su conjunto superaban el dominio puramente político. Era como un monstruo de mil cabezas exigiendo cada una de ellas un reconocimiento. Por lo anterior, el Acuerdo por la Paz firmado en la madrugada del 15 de noviembre de aquel año fue sólo un paliativo para una patología más compleja que tampoco pudieron remediar con las dos propuestas constitucionales políticamente extremas. La primera con un aire a caribe tan ajeno a nuestra sobriedad política y la otra que corrió la misma suerte al ser ambas rechazadas. Ciertamente fueron unas extravagancias políticas fracasadas y pagadas por nuestros impuestos.

Es un dato que el individualismo promueve la desafección del ciudadano respecto del tejido comunitario, convirtiéndolo en un sujeto aislado, apolítico, con escasos vínculos sociales que en su desesperanza intenta unirse a otros átomos sociales que lo hacen sentirse parte de algo o del ideario de alguna cofradía que le permite atenuar su insoportable soledad y desamparo. Los estallidos sociales en el mundo, las luchas feministas extremas y sus cancelaciones terroristas, la oposición al racismo, los movimientos ecológicos, los grupos de lecturas rebeldes, entre otros son, en mi opinión, consecuencias de una sociedad fragmentada, posmoderna, sin unidad que ante la ausencia de un dios en el cielo como también de un proyecto político global y el aplastante individualismo como forma de vida, aparecen -estos movimientos- tratando de escapar del lugar que habitan como solitarios individuos de occidente del siglo XXI, donde se llega a ser parte de "algo" algunas veces en las calles y avenidas del mundo en medio de unas barricadas que iluminan las noches de unas ciudades que contienen un tejido social agónico, como ocurrió con la revuelta social de 2019 en nuestro país. El estallido social chileno, en mi opinión, no fue una asonada rebelde contra el neoliberalismo, sino una convulsión social episódica de individuos en un ambiente y mentalidad esencialmente neoliberales. La utopía de una izquierda con contenido "clásico" desapareció de la escena onírica de las gentes que la soñaron hace un tiempo, debido entre otras causas, al derrumbe de los socialismos reales que convirtieron a Europa del Este en el siglo pasado en un infierno y a las experiencias latinoamericanas de izquierda en un fracaso político-económico y social como en Cuba y en nuestro país entre 1970 y 1973. Hoy la izquierda en el mundo se aferra, entre otros temas, a las minorías sexuales, la perspectiva de género, el aborto sin restricciones y la promoción de la cultura Woke.