Una carta del presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, busca escalar al más alto nivel un conflicto salarial entre cientos de profesores y la Fundación Educacional El Salvador (FEES), la entidad fundada y mantenida por la División Salvador de Codelco para administrar los establecimientos educacionales del asentamiento minero a partir de 1997.

"Como Colegio de Profesores, utilizando el derecho a petición que todo ciudadano y organización tiene, hemos enviado una carta a la Corte Suprema, una solicitud de que ponga atención a la inusitada demora que tienen los juicios laborales en la Tercera Región. Particularmente nos preocupa el caso de la Fundación Educacional El Salvador, cuyo sindicato que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los distintos colegios de esa división efectivamente tiene denuncias, hay constataciones de la Inspección del Trabajo, incluso de la Dirección del Trabajo, de irregularidades muy graves. Sin embargo, los casos estando en tribunales han tenido una inusitada demora", explicó Mario Aguilar.

El líder del gremio docente agregó: "Nos parece que eso no es lo correcto. Los tribunales tienen la obligación de hacer justicia y cuando hay justicia que demora tanto finalmente eso no se logra y por lo tanto hemos hecho una solicitud, utilizando el derecho de petición que tenemos, para que la Corte Suprema, que es el máximo organismo de este poder del Estado, ponga atención al por qué están habiendo tantas demoras dentro de los juicios laborales y en particular, en el Tribunal de Diego de Almagro y en este caso de la Fundación Educacional El Salvador".

Un caso millonario

El litigio que enfrenta a unos 140 docentes en seis juicios distintos con el sostenedor de los establecimientos educacionales de El Salvador tiene su origen en la compleja normativa que regula los salarios de los profesores que se desempeñan bajo el Estatuto Docente.

Ese es el caso de los docentes de la FEES, cuya remuneración se paga a través de la subvención escolar que el Estado entrega a la fundación como sostenedor del tipo "particular subvencionado".

Precisamente, esos sueldos docentes se pagan mes a mes sumando la "Remuneración Básica Mínima Nacional" y una serie de bonificaciones, asignaciones y bienios, que están establecidos por ley.

Pues bien, en el año 2019, los maestros que trabajaban en la FEES detectaron que desde el origen de la Fundación, en 1997, esta nunca les había pagado la Asignación de Zona que establece el artículo 5° transitorio del Estatuto docente, el cual establece que "en las localidades donde la subvención estatal a la educación se incremente por concepto de zona (...) la Remuneración Básica Mínima Nacional se complementará con una cantidad adicional".

Sin embargo, la Fundación alega que sí pagó la Asignación de Zona, pues esta quedó estipulada en sendos Convenios Colectivos que la FEES firmó con los sindicatos docentes, por lo que no hay deuda alguna.

Pero los docentes retrucan que los Convenios Colectivos establecen acuerdos por sobre la ley, no repiten las normas legales. Así, para ellos, la asignación que establece la normativa legal es distinta a la que establecen los Convenios Colectivos, pese a la repetición de nombres.

La diferencia implica que, si los profesores tienen razón, la FEES no pagó una asignación legal desde el año 1997 a cada uno de los profesores que trabajan y trabajaron en sus establecimientos educacionales. En un cálculo general, los docentes estiman que cada año la fundación dejó de pagarle tres millones de pesos a cada profesor.

Sumando la totalidad de maestros demandantes, los años supuestamente adeudados, los reajustes y los intereses propios de una deuda laboral, el monto total llegaría a unos diez millones de dólares, algo menos de diez mil millones de pesos.

Juicios eternos

A la complejidad normativa del caso se le agrega la información que se ha debido recabar para cada juicio, que incluye las remuneraciones de más de un centenar de maestros por más de dos décadas.

Y, junto a ello, la duración de los juicios, que en el caso del primero de ellos ya superó los cuatro años de tramitación en el Juzgado de Letras de Diego de Almagro, tribunal que aún no emite siquiera el fallo de primera instancia, luego del cual podrían sucederse las apelacio-