La Corte de Apelaciones de Santiago acogió ayer la solicitud de la Fiscalía para extraditar a Maickel Villegas, detenido la semana pasada en Costa Rica por su presunta participación en el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

El persecutor Héctor Barros, fiscal regional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que "hoy hicimos la solicitud y el alegado ante la Ilustrísima Corte de Santiago, donde se expusieron todos los antecedentes. La Corte acogió la solicitud de extradición activa del imputado".

"Ahora proceden los trámites administrativos para efectos de la extradición hacia Chile", complementó el fiscal.

Paralelamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab volvió a criticar al Ministerio Público chileno por este caso y acusó "la clara posibilidad de que las autoridades chilenas pretendan manipular la declaración del detenido para seguir siendo usada como un caso de falsa bandera contra nuestra nación".

Por ello Saab pidió la colaboración al país centroamericano para que una delegación de la Fiscalía de Venezuela acceda a Villegas para entrevistarlo "y recabar así elementos que permitan optimizar el esclarecimiento del crimen cometido".

Esto último fue rechazado por el fiscal nacional de nuestro país, Ángel Valencia, quien afirmó que "no hay motivo jurídico alguno que justifique una petición de esa naturaleza por parte de la fiscalía venezolana, pero es de competencia de la autoridad costarricense acceder o no".

Además expuso que dio instrucción para que todos los fiscales pidan la prisión preventiva si se detecta que un detenido por cualquier delito tiene decreto de expulsión vigente.

El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, también se refirió a las palabras del fiscal venezolano, pero evitó polemizar: "En otras oportunidades hemos rechazado transformar investigaciones criminales relevantes porque están vinculadas a delitos graves en motivos de disputa. Es poco serio".

La ola de homicidios registrada en los últimos días en el país, especialmente en la Región Metropolitana, donde en cuatro días se contaron 18 asesinatos, generó una nueva disputa al interior del oficialismo, luego de que senadores del Partido Socialista pidieran que se decrete Estado de Sitio en la capital para enfrentar esta crisis de seguridad, lo que fue descartado por el Gobierno, que sí tuvo una reunión de emergencia y elaboró un plan de cinco puntos para mejorar la prevención de actos de este tipo.

Durante el fin de semana se contaron nueve homicidios, cuatro de ellos en una fiesta de adolescentes en Quilicura y otros repartidos por varias comunas incluido uno en Viña del Mar. Y entre el lunes y ayer se sumaron la masacre en Lampa que dejó cinco muertos, además de otros crímenes en Cerro Navia, Independencia y Estación Central.

Ante ello el senador socialista y exministro del Interior José Miguel Insulza afirmó que "el Gobierno debe decretar Estado de sitio en la Región Metropolitana. Uno piensa que está en otro país y tenemos que hacer algo rápido. Lo mejor es tomar las riendas del asunto y permitir que se adopten todas las medidas necesarias para entrar a los lugares donde está la delincuencia, allanar lugares que se puedan, para meter presos a todos aquellos que sean sorprendidos portando armas".

La idea fue apoyada por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y por el también senador del PS Juan Luis Castro, quien apuntó que "el crimen organizado está llegando a todos los lugares. Corresponde el Estado de sitio".

Sin embargo, el Gobierno descartó esta posibilidad, aunque no se cerró a evaluarla en el futuro. El Presidente Gabriel Boric afirmó durante su visita a Paraguay, desde donde volvió anoche, que "la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas -que no están preparadas para esto- en particular en zonas urbanas, no es positiva".

"Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas den resultados y las herramientas que actualmente se han utilizado no han tenido los resultados esperados", reconoció.

Cinco medidas

Mientras tanto la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, encabezó una reunión de emergencia junto al Ministerio Público y las policías, tras la cual anunció cinco medidas para combatir el crimen organizado en la RM. En primer lugar, se constituirá una "fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal, de los lugares de mayor riesgo, y abordarlos con estrategias conjuntas desde ahora".

Segundo: se reforzarán las dotaciones de Carabineros (los 500 carabineros que egresarán de su formación en Santiago en agosto serán destinados a la capital); se va a reordenar la actividad de las comisarías y de los cuarteles policiales en la capital para "poner a disposición más personal para el territorio"; se mejoraran las "capacidades de control de armamento que está circulando en las calles" por parte de la PDI; y se reforzarán los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Estos anuncios no fueron bien recibidos en la oposición, cuyo principal figura, Evelyn Matthei, los calificó de "pobrísimos" y acusó que "la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia no ha sido prioridad para este Gobierno".