Justicia Militar: expertos y parlamentarios se refirieron a indicación rechazada en la Cámara
ATACAMA. Profesionales abordaron las problemáticas asociadas al hecho que la justicia militar vea casos para policías y Fuerzas Armadas. Mientras Cid la consideraba "necesaria", parlametarios oficialistas la rechazaron de plano.
Este viernes en la Cámara de Diputados y Diputadas se llevó a cabo la aprobación del proyecto de ley respecto a las normas generales establecidas para las normas sobre el uso de la fuerza (RUF) dirigidas a las policías y a las Fuerzas Armadas. La norma fue aprobada por 144 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra. Mientras que respecto a la indicación que había propuesto la oposición para que los casos en que militares o policías cometiesen un delito vinculado a las RUF fuesen tratados por la justicia militar, fue declarado inadmisible por una diferencia minúscula de 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención.
En detalle, el proyecto apunta otorgar mayores certezas jurídicas a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros, en relación al uso de fuerza.
Por otra parte, la indicación respecto a la justicia militar, fue declarada inadmisible posterior a una moción de la mesa directiva de la Cámara. Esta indicación fue presentada por el diputado Andrés Jouannet más integrantes de la bancada del Partido Republicano.
El papel de la justicia militar para casos con policías y Fuerzas Armadas se dio los últimos días en el marco de la muerte que afectó a tres carabineros en el Bíobio.
Cuestionamiento al sistema de justicia
Claudio Fuentes, profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales comentó que la propuesta sobre la justicia militar, "implica un cuestionamiento directo al sistema de justicia como un todo".
En esa misma línea agregó que "implica asumir que el procedimiento ante la justicia militar permitiría defender de mejor modo la perspectiva policial/militar. Lo anterior es problemático porque implica asumir que las decisiones no dependen de las pruebas que se presenten o la evidencia sino que de quién esté a cargo de la investigación. Esta propuesta cuestiona una de las bases del sistema democrático que es la imparcialidad del sistema de justicia".
Para el cientista político, esta indicación no cuenta con puntos fuertes. " Creo que debilita incluso a las propias instituciones armadas dado que las coloca en una situación de indeseable privilegio".
Mientras que para Javier Pineda Olcay, abogado de la Universidad de Chile especialista en Derechos Humanos y fundador de la Defensoría Popular de las Comunidades, destacó que el tema comenzó por discutir estándares pero que en la legislación se ve lo contrario.
"El proyecto RUF comenzó a discutirse porque era necesario que los estándares de uso de la fuerza estuvieran determinados por Ley conforme al derecho internacional de los derechos humanos y no solo por protocolos aprobados por Carabineros. Pero en el momento que se legislan buscan precisamente lo contrario: lograr un régimen de impunidad legal para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden Público. Las RUF no hubiesen impedido el horrible crimen de los tres carabineros", expresó.
El abogado además apeló al conflicto de intereses que supondría, dado que "la justicia militar vulnera el principio de independencia judicial, pues los jueces son funcionarios de las Fuerzas Armadas que claramente tienen un interés en la protección de sus miembros. Esto históricamente quedó demostrado con el comportamiento de la justicia militar ante los crímenes de la dictadura: solo cuando los casos comenzaron a ser conocidos por tribunales civiles se pudo acceder al castigo de torturadores y criminales.
Atacama
Consultada sobre la indicación sobre la justicia militar, la diputada por Atacama, Sofía Cid fue tajante en señalar que "es necesaria, porque en el fondo permite también una certeza en lo que tienen que hacer los militares y las policías. Hoy día ellos no saben quién los va a juzgar y hay gente que no tiene expertis en lo que ellos hacen y eso también nos lleva a que muchas veces la gente te dice, que las policías no están actuando como corresponde, que el Ejército no está actuando como corresponde. Pero también, además de la justicia militar, yo creo que aquí es importante que las policías y las Fuerzas Armadas sientan el apoyo político y sientan el apoyo real del Presidente".
Por otra parte, el diputado por la región, Juan Santana, comentó que la indicación representa "una regresión incluso para los estándares que ellos mismos (la derecha) han puesto".
"Sacar la justicia militar de los delitos cometidos contra civiles se impulsó y aprobó en el gobierno de Sebastian Piñera. La razón es bastante obvia: no puede existir dos tipos de justicia para chilenos y chilenas (...) Lo más preocupante en todo caso es que se presentó entre gallos y medianoche una medida que no resuelve ni se hace cargo del problema de seguridad, jugando con las expectativas de las personas. Una cosa es legislar con celeridad, otra es ser irresponsable".
En tanto, la parlamentaria por Atacama, Daniella Cicardini enfatizó que "acá todos queremos respaldar y dar mayores facultades a las policías y protegerlas ante el crimen organizado, pero la indicación de la derecha de desempolvar la Justicia Militar no es el camino, y lo rechazamos tajantemente".
La diputada explicó que hablar de justicia militar, representa un retroceso "aberrante en la justicia", además de recordar la época de la dictadura militar en Chile. Cicardini también expresó que "es un retroceso incluso respecto a lo que hemos legislado durante el gobierno de Piñera con apoyo de sus parlamentarios; y segundo es un insulto y un debilitamiento a un poder del Estado como el poder judicial y a instituciones como la Fiscalía, lo que es un riesgo para la democracia".
Por último la parlamentaria fue enfática en comentar que "Debilitar a la justicia y a los poderes del Estado, no es la forma de apoyar a carabineros, a los que con lo que fue la aprobación de la ley Naín-Retamal, ya se les entrega un piso contundente de garantías de presunción de legalidad y uso legítimo de la fuerza; que, por cierto, podemos seguir fortaleciendo pero no de esa manera".
"Creo que debilita incluso a las propias instituciones armadas dado que las coloca en una situación de indeseable privilegio" Claudio Fuentes profesor de Ciencia Política Universidad Diego Portales por indicación de justicia militar