Copiapó es la comuna con mayor promedio de expulsiones escolares
DE CHILE. Informe de la Defensoría de la Niñez analizó las estadísticas de cancelaciones de matrículas en los años 2022 y 2023 y alertó de su impacto en la deserción escolar.
La capital de la Región de Atacama hace noticia por una preocupante cifra: es la comuna líder en el promedio por establecimiento de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula, a nivel país. Según los datos de la Defensoría de la Niñez, en los últimos años en cada unidad educativa de enseñanza básica y media de Copiapó hubo 4,2 procesos de expulsión de estudiantes.
Así lo detalla el Informe de Política Pública N°4 del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, publicado esta semana por el organismo estatal. El documento señala que a nivel país, en comparación entre el primer semestre de 2022 con el del 2023, hubo un aumento de un 70,6% en la cantidad de expedientes por expulsiones y cancelaciones de matrícula, pasando de 276 a 471 en todo Chile.
La Región de Atacama, en tanto, mostró una baja relevante en el total de casos, con un 49% menos de expedientes en 2023 respecto del año anterior. Pero Copiapó concentró los casos y quedó en el primer lugar con su promedio a nivel nacional.
Reacciones
Las cifras informadas por la Defensoría de la Niñez fueron abordadas por el seremi de Educación de la Región de Atacama, Pablo Selles, quien destacó la reducción de los casos de expulsiones y cancelaciones de matrícula a nivel regional, pero reflexionó sobre la situación de Copiapó:
"La convivencia es un tema que deben trabajar los establecimientos, que debe estar en sus planes de gestión y en sus estrategias de capacitación y prevención, para que las comunidades estén mejor preparadas para abordar casos complejos en este ámbito. En este contexto, hacemos un llamado a todas las comunidades educativas a que usen los canales institucionales para resolver las diferencias y los conflictos y a que se prioricen las medidas formativas y pedagógicas, porque las expulsiones y cancelaciones de matrícula son medidas de última ratio", indicó el seremi Selles.
Por su parte, el presidente Regional de Atacama del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Rodríguez, fue autocrítico: "Queremos pedirles disculpas a los jóvenes por esta situación que hay, ellos no son responsables, somos nosotros, los adultos, distribuidos en la docencia, en las autoridades, en los cuerpos de salud, en el fondo, en el Estado. Esta situación nos confronta a una cruda realidad de la cual tenemos que hacernos cargo", señaló el profesor Rodríguez ante las cifras del informe.
El llamado de la defensoría
En el documento, la Defensoría de la Niñez llega a diversas conclusiones y hace algunos llamados.
En primer lugar, la entidad destaca el aumento importante de este tipo de sanciones y establece la necesidad de seguir monitoreando la situación en los próximos años.
Además, la institución alerta sobre la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, pues estos colegios no tienen la obligación de informar de sus cancelaciones de matrícula a la Superintendencia de Educación y, por ello, no es posible que la Defensoría de la Niñez sistematice esos datos, generándose un vacío de información al respecto.
Otros puntos destacados por la Defensoría son la alta cantidad de expedientes que involucran estudiantes de la educación básica, lo que incluye a cursos de primero a cuarto básico, y el alto número de casos registrados en el norte del país, donde existen las tasas más altas y concentraciones de expedientes por cada colegio, lo que coincide con otros informes de la institución que han demostrado un aumento en la conflictividad escolar en regiones como Atacama y una mayor cantidad de exclusión escolar e inasistencias.
El futuro de los expulsados
Consultado por lo que sucedía con los estudiantes que son expulsados de sus establecimientos, el seremi Pablo Selles detalló el procedimiento:
"Ante casos que afecten gravemente la convivencia escolar, según la normativa educacional vigente, los directores y directoras pueden decretar la medida de expulsión y cancelación de matrícula. Para hacer efectiva esta medida, debe estar contenida en el reglamento interno del establecimiento y ser informada a la Superintendencia de Educación dentro del plazo de 5 días hábiles a partir de su aplicación", informó la autoridad.
"Una vez que la Superintendencia de Educación informa sobre estos expedientes, son las Secretarías Regionales de Educación, a través de los Departamentos Provinciales de Educación, las instituciones que se encargan de reubicar a las y los estudiantes que han sido objeto de estas medidas, a fin de resguardar la continuidad de sus trayectorias educativas", concluyó el seremi.
Por su parte, el presidente del gremio docente de Atacama hizo una reflexión:
"Dentro de toda la movilización que hemos vivido las comunidades eduativas el 2023 y este año, lo que planteamos es que tiene que haber un estado especial en Atacama, una intervención desde el punto de vista de la salud mental, de la convivencia, de lo pedagógico y de la infraestructura para que sea motivante ir a la escuela y no se llegue a situaciones de expulsión", cerró Carlos Rodriguez.
"Hacemos un llamado a todas las comunidades educativas (...) a que se prioricen las medidas formativas y pedagógicas, porque las expulsiones y cancelaciones de matrícula son medidas de última ratio"
Pablo Selles, Seremi de Educación de Atacama
"Esta situación nos confronta a una cruda realidad de la cual tenemos que hacernos cargo "
Carlos Rodríguez, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Atacama