El superintendente de Salud, Víctor Torres, dio a conocer ayer un cálculo actualizado de la deuda que las isapres mantienen con sus cotizantes y están obligadas a restituir tras un fallo en ese sentido de la Corte Suprema.

Durante la segunda sesión de la comisión mixta -integrada por diputados y senadores- que debe sacar adelante la "ley corta" que materializará el fallo de la Corte Suprema sobre las tablas de factores de riesgo, Torres presentó un informe sobre el estado financiero de las aseguradoras privadas de salud y cifró la deuda en 1.589 millones de dólares al 31 de diciembre de 2023 (189 millones más que en el cálculo original), si el fallo se calcula de forma literal. La otra fórmula que presentó el Ejecutivo supone incluir la cotización obligatoria del 7 por ciento, y en este caso la deuda descendería a 1.250 millones de dólares.

El superintendente apuntó, en todo caso, que "lo que nos entrega esta información son órdenes de magnitudes, no son valores precisos ni exactos. Vamos a tener valores precisos y exactos en el momento en que se implemente la sentencia, porque allí nosotros les vamos a solicitar a las isapres que nos entreguen, contrato por contrato, los montos, para que nosotros los podamos verificar".

Ante el acotado plazo de tramitación, algunos parlamentarios han solicitado que el Gobierno pida una tercera prórroga a la Corte Suprema, y le han insistido que ingrese su indicaciones para tener un texto base sobre el cual trabajar.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que ya se entregó un esqueleto de la propuesta a la Secretaría, y este prioriza el monto de la deuda y también la modalidad de pago.

El presidente de la comisión mixta, senador Javier Macaya (UDI), afirmó en radio Cooperativa que no podía asegurar que la ley corta concluya su tramitación de aquí al 12 de mayo.

Su par del PS, Juan Luis Castro, añadió que "hoy hemos conocido una noticia que la verdad es un enorme bloque de cemento. Implica un aumento de medio billón de pesos al monto original que el regulador estimó en febrero del 2023, antes de la ley corta. Esto es muy grave porque es un escenario peor del imaginado".

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), pero declaró inadmisible considerar a la justicia militar para casos que involucren a uniformados en ciertas situaciones, como había incorporado la comisión unida de Seguridad Ciudadana y Constitución el jueves en la noche.

Se trató de una extensa jornada en la que en primer lugar se debatió el proyecto de RUF y más tarde se discutió la creación del Ministerio de Seguridad, que busca enfocar esa cartera con el tema específico de la lucha contra la delincuencia para dejar el Ministerio del Interior con carácter netamente político.

En ambos casos se vieron argumentaciones completamente enfrentadas que llegaron a momentos furiosos que aludieron al "perro matapacos" y a Pinochet e incluyeron insultos tanto de parte del oficialismo como de la oposición ante sus rivales políticos, incluida una acusación de actuación "criminal" de parte del diputado republicano Juan Irarrázaval contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Rechazo de indicación

Pese a que tras el crimen de tres carabineros en Cañete el sábado pasado se generó un consenso transversal en la urgencia de tramitar los proyectos de seguridad, y muestra de ello fue que se suspendió la semana distrital para apurar dichos debates, al momento de sumar indicaciones se generaron serias diferencias.

El proyecto de RUF tuvo 144 votos a favor sin votos en contra ni abstenciones. Sin embargo, en el polémico tema de la inclusión de la Justicia Militar, la mesa propuso declararla inadmisible por inconstitucionalidad, criterio que fue respaldado con una votación de 72-71 y una abstención, por lo que se descartó.

Esta parte de la discusión había generado durante la jornada que se radicalizaran las posiciones de los sectores políticos. Así lo mostró el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien en radio Cooperativa afirmó que "no se trata de generar privilegios, sino que de generar especialización adecuada para la persecución penal de personas que no son delincuentes comunes".

Ya a la hora de la discusión en sala, la ministra Tohá, cuestionó esta indicación de las RUF "ingresada a último minuto" y planteó que "lo que les sirve a las policías es que el país tenga normas claras". Y de cara a los siguientes trámites del proyecto, en el Senado y eventualmente una comisión mixta, anunció que "vamos a reponer el proyecto original y de aprobarse como salió de la comisión vamos a recurrir al Tribunal Constitucional".

El proyecto de las RUF ahora pasará al Senado.

Nuevo ministerio

Luego el debate de la creación del Ministerio de Seguridad giró en torno a los gastos que ello implicaría como argumento de la oposición y la necesidad de enfocar la lucha contra el delito en un organismo especializado por parte del oficialismo.

La ministra Tohá explicó que "se ha estado detrás de un Ministerio de Seguridad en todos los gobiernos desde el 2000, con Ricardo Lagos. Este proyecto que traemos es el que propuso el expresidente Piñera con indicaciones que le agregó el gobierno del Presidente Boric".

"El ministerio se requiere porque la seguridad es una tarea extremadamente demandante y no es conveniente tenerla bajo la autoridad de un ministerio político. Eso no permite la dedicación que se necesita para una tarea como la seguridad". explicó la jefa de gabinete antes de la votación, que aún no ocurría al cierre de esta edición.