Verónica Carmona Aldunate
Desde la crisis educacional de Atacama, hasta lo vinculante al "Caso Convenios", irregularidades de Mejor Niñez y Proceso Constitucional, la diputada oficialista Daniella Cicardini (PS) aborda y declara investigar y fiscalizar, pese a los resultados que esto conlleve.
La parlamentaria hizo un repaso a la crisis específica del SLEP Atacama, que a su juicio viene arrastrándose desde su implementación en la zona e incluso la tildó de "tormenta perfecta", sobre la problemática en Mejor Niñez puso énfasis en que el servicio está "descabezado" y sobre el Proceso Constitucional, lamentó el resultado de un texto que "nos divide" y que no habría tercer proceso debido a una "fatiga constitucional".
Comenzando con un tema de contingencia y amplio debate en Atacama referente a las irregularidades en materia de educación pública, de los SLEP's y sobre todo de la calidad de ésta, ¿Cómo han sido los avances en mejorar la educación pública en Atacama?
- Es indudable que la crisis de la educación en la Región de Atacama, que aún está muy presente, es parte de los grandes desafíos que tenemos como país, porque dejó en evidencia, un problema que hemos identificado no sólo con la aplicación de la nueva Ley de Educación Pública, que habla de los traspasos de los SLEP's, sino que también de la mala gestión que hemos tenido al interior de éste Servicio Local de Educación Pública de la Región de Atacama y nosotros venimos hace mucho tiempo, desde que se instala el SLEP, haciendo el seguimiento para que pudiésemos acompañar la ejecución de servicios locales, de cómo funcionaban y desde ese entonces que nosotros hemos tenido varias dificultades, por mencionar algunos temas.
¿Esta más que una crisis ha sido una agonía de la educación pública considerando el origen la problemática?
- Recuerdo que estaba en esa entonces Carlos Pérez como director ejecutivo y nos denunciaban los mismos profesores y profesoras, con respecto al no uso de vehículos porque la ley infringía la posibilidad de contratar a un chofer; entonces teníamos problemas de traslados de estudiantes, entre otras cosas.
Incluso recuerdo que estaba la directora de Educación Pública de ese tiempo, y que le mencionamos que había varias problemáticas que estábamos teniendo en la región.
Entonces yo quiero también hacer una línea cronológica que no es de ahora, sino que venimos denunciando desde hace muchos años, la complejidad que se ha visto con respecto a la gestión del SLEP.
En su momento también dijimos que el gobierno anterior también no tenía muchas voluntades en querer fortalecer la educación pública de nuestro país, pero hay que decir que en Atacama todo lo que no debería salir mal, salió mal, porque las deficiencias de la ley, se sumaron a irregularidades y tuvimos una tormenta perfecta para prender el incendio educacional en Atacama.
¿Quiénes considera son los principales responsables de este incendio educacional en Atacama que menciona?
- Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas. Recuerdo que incluso nosotros presentamos una acusación constitucional contra la ministra de ese entonces, donde justamente no se ejecutaba a cumplir la Ley de los Servicios Locales de Educación y así también tener una sanción como correspondía.
También denunciamos irregularidades al interior del SLEP Atacama e incluso fuimos en conjunto con el Colegio de Profesores para hacer ingreso de un pronunciamiento de la Contraloría y justamente, es la que da puntapié para poder visibilizar y constatar justamente estas denuncias que han sido en este tiempo los gremios.
Evidentemente, nosotros hemos visto que han existido voluntades para poder por fin escuchar esta crisis de educación, con la magnitud que esto requiere para poder hacer una intervención.
Acá hay sumarios, hay auditorías, hay información que tiene la Contraloría, se han llevado antecedentes al Ministerio Público, porque hay que también hacer todas las investigaciones que correspondan para que efectivamente las responsabilidades de quienes resulten responsables decisiones que se tomaron y que perjudicaron el buen funcionamiento del SLEP que a la larga, esto afecta significativamente el derecho de nuestros niños a educarse.
Y siguiendo con irregularidades en administración pública, ¿Cuál es su opinión referente a las objeciones realizadas por Contraloría al Servicio Mejor Niñez?
- Con respecto a Mejor Niñez, efectivamente es un tema muy sensible, que de hecho en la Región de Atacama, ha tenido casos muy complicados y que incluso nosotros hemos oficiado.
Hemos conversado con la directora nacional del Servicio Mejor Niñez donde no sólo los temas administrativos que hoy día se denuncian tienen que investigarse y nosotros creemos que hoy día la Contraloría ha jugado un rol importante para poder constatar, primero, que hay situaciones que hay que priorizar porque entiendo que también se están subsanando y espero que eso llegue a un buen puerto, pero nosotros también estamos siendo un rol fiscalizador por este tema en particular para poder saber también cuales son las medidas que se están adoptando, cuales son las acciones que se han tenido para que se pueda esclarecer esta situación.
Y también lo que nos preocupa es que hace bastante tiempo el Servicio Mejor Niñez está descabezado y hace meses tuvimos un concurso que lo ve Registro Civil por Alta Dirección Pública y que se declaró desierto. Entonces eso también se ha demorado, eso es un problema y es lo mismo que ha pasado con el SLEP.
Y por esto, ¿Cuál considera que debería ser el marco regulatorio para evitar casos con el de convenios que también afectó a Atacama?
- Acá toda la clase política tiene que aportar y contribuir para poder llegar hasta las últimas consecuencias, con todos los que han cometido actos de corrupción, que es un delito gravísimo sobre todo cuando se hace mal uso de los recursos públicos, por lo tanto, esto no se puede tolerar ni política, ni social, ni judicialmente y en eso hemos sido súper categóricos en que se deben de tomar todas las acciones y medidas para que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Nosotros además impulsamos un proyecto de ley que se llama "fundaciones transparentes", porque justamente busca poder tener condiciones de mayor transparencia por parte de estos organismos sin fines de lucro, a través de sus páginas web, de poder dar cuenta de todas las personas que son parte de las fundaciones, entre otros aspectos.
Aunque también es necesario decir que ha existido aprovechamiento político, porque acá algunos han querido tener estándares de moral, cuando están llenos de corrupción; y lo digo específicamente por parte de la oposición.
Desde el punto de vista constitucional, en este próximo plebiscito para determinar si se está a favor o en contra de este nuevo texto, ¿Cuál es su postura al respecto y de qué manera, en el caso de prevalecer el estar en contra, se puede justificar el gasto de dinero fiscal en dos intentos fallidos por reformular la Nueva Constitución?
- Nosotros lo dijimos desde un comienzo. Creemos que esta Convención Constitucional, tenía una gran oportunidad para poder hablarle a Chile, para no cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior. Y quien tiene la mayor responsabilidad es el Partido Republicano, el Chile Vamos, que ellos tenían las mayorías como para poder abrir los canales de diálogos y llegar a grandes acuerdos por Chile y lamentablemente, eso no se dio.
Es un texto que más que nos una, nos divide como país y donde no podemos retroceder como lo que pasa por ejemplo, como la Ley de Aborto en tres causales y donde las mujeres que han sido abusadas sexualmente, tengan que tener un hijo de su violador, eso es violento y es ahí donde está el riesgo a los derechos de la mujer, además donde se constitucionaliza la AFP y por lo tanto cuando algunos hablan de libertad y aquí libertad hay muy poco.
Ahora bien, nunca será un gasto tratar de invertir en dar respuesta a las demandas, en poder recoger las banderas de lucha que llevaron muchos chilenos a través de movilizaciones. Y es lamentable que ahora hayamos llegado a una segunda instancia en el que no hayamos sido capaces de poder hablarle a Chile y no a unos pocos. De poder haber dado una señal como clase política, que se requería un nuevo marco común en el que pudiéramos mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
Que duda cabe que esta es la segunda oportunidad y última. Acá se cierra el proceso, nosotros notamos que hay una fatiga constitucional por parte de la ciudadanía y había la necesidad de incurrir en esta inversión, pero ya no hay otro espacio posible para seguir insistiendo en otro proceso constitucional.
