La crisis de las isapres escala en la medida que se acerca el plazo para que se cumpla el fallo GES de la Corte Suprema, en enero. Durante estos últimos días se ha dado una disputa epistolar entre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y las exautoridades de la cartera, Enrique Paris y Paula Daza.

La primera acusó que "plantear que el Gobierno quieren terminar de facto con las isapres se ha vuelto un lugar común entre expertos, varios con vínculos en dicha industria". Y sus antecesores respondieron que lamentan que "la propuesta de los expertos fue desoída rotundamente".

Mientras, el senador Francisco Chahuán (RN) señaló que "el Gobierno y el Ministerio de Salud no han estado a la altura de la rapidez que se requiere para poder enfrentar la crisis político-sanitaria".

Y el diputado Tomás Lagomarsino (PR) mantiene su crítica: "Espero que la presión del Senado al Gobierno sea pensando en los usuarios y no en salvar a las isapres".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, desmintió ayer al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, uno de los principales involucrados en el caso Democracia Viva, que hizo explotar el escándalo por convenios irregulares entre entidades estatales y fundaciones: la vocera de La Moneda aseguró que el presunto informe sobre este caso aludido por la exautoridad nunca llegó a Presidencia.

Según lo advertido por Contreras, el pasado 7 de junio -una semana antes que estallara públicamente el escándalo- "Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en el se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario". Pero el exseremi no dio a conocer el nombre del funcionario al que habría llegado el documento.

Esta información fue descartada el viernes por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y ayer por Vallejo, quien en entrevista con Chilevisión aseguró que "el informe de Contreras no existe. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia".

También se refirió al informe que había revisado y visado el asesor de Montes, Ricardo Trincado: "Ese informe fue el mismo ministro que lo puso a disposición en la Fiscalía de Antofagasta, al segundo día que se supo todo esto. Puso a disposición los correos, los informes solicitados, los informes entregados, todo eso está entregado por el propio ministro al Consejo Defensa del Estado y al Ministerio Público. Esos antecedentes ya estaban, en el fondo, a la vista y se pusieron a disposición en los entes donde se producen estas investigaciones".

RN contra Crispi

Mientras, desde la oposición, estas nuevas acusaciones han generado una insistencia en buscar responsabilidades políticas en el caso, en especial una salida de Montes del gabinete y también del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

"Estamos desde mayo con este caso de corrupción y el Gobierno no ha ayudado en nada prácticamente. Como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio y no solamente del ministro Montes u otros ministros en el caso de seguridad ciudadana, sino que también de Miguel Crispi", afirmó el diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora del caso convenios.

A estas declaraciones se sumó una carta de la bancada de diputados de su partido envió una carta al presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), en la que piden su respaldo ante eventuales acciones legales si se confirma que Crispi mintió ante la mencionada instancia.

En la misiva exponen que de confirmarse lo expresado por Contreras, "estaríamos en presencia de un hecho grave, en el que el máximo asesor del Presidente de la República habría entregado información falsa a una comisión investigadora del Parlamento, luego de rehusarse sistemáticamente a comparecer en la misma con el concurso del Gobierno, que enarboló distintas tesis para impedirlo".

"De hecho, lo que permite dar crédito a la versión del señor Contreras son precisamente todos los actos y gestiones desplegadas desde el Gobierno para evitar la comparecencia del señor Miguel Crispi", añade el texto.