La situación política de un país es un factor clave en materia de crecimiento económico y desarrollo social. Un país inestable políticamente aumenta su calificación de riesgo y aleja las inversiones, lo que genera menor crecimiento. A su vez, los menores índices de crecimiento económico se relacionan con la falta de empleo formal, la baja recaudación tributaria, y las dificultades para otorgar prestaciones sociales por parte del Estado. Es decir, al final del día, la estabilidad política repercute directa e indirectamente en la calidad de vida de los ciudadanos de cualquier país.

Lo anterior se ve confirmado, entre otras cosas, por la opinión de algunos de los principales empresarios de nuestro país. De acuerdo con el Índice de Confianza Económica de septiembre de 2023, realizado por Cadem y Deloitte, el 70% del panel de negocios sostuvo que el principal problema económico de Chile es la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política. En efecto, tal como lo demuestran distintos estudios científicos, las decisiones económicas se toman en consideración a los resultados esperados. Naturalmente, nos referimos con esto a la demanda y las ganancias probables, pero también a las garantías jurídicas que otorgan los derechos de propiedad y la libre circulación de bienes, además de la estabilidad de las instituciones políticas.

De tal suerte, lo primero que resulta evidente es la inconveniencia de prolongar la incertidumbre constitucional por más tiempo. La ausencia de reglas claras, consolidadas y con razonables expectativas de permanencia en el tiempo es el gran obstáculo que enfrentan hoy los proyectos de inversión y de desarrollo social en Chile.

Frente a este escenario, la propuesta de nueva Constitución contribuye a la estabilidad del país en tres aspectos estructurales de todo el sistema jurídico, político y judicial. Mencionaremos brevemente cada uno de ellos.

En primer lugar, la propuesta constitucional mantiene inalterada la protección de la "Constitución económica", configurada principalmente por el resguardo del derecho de propiedad todas sus especies y las libertades comerciales. Sin embargo, no sólo se mantiene una protección robusta del marco jurídico económico, sino que se agrega el deber del Estado de promover el emprendimiento y la libre competencia.

En cuanto al sistema político, el umbral electoral del 5% -importado desde Alemania y otras democracias consolidadas-, es una de las grandes innovaciones que promete estabilidad parlamentaria. Esta regla consiste en que solo los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Con esto se busca disminuir el número de partidos con representación parlamentaria y favorecer los acuerdos políticos transversales.

En último y tercer lugar, en nuestro medio existen dos principales críticas respecto de las funciones del Poder Judicial. Así, se ha dicho que existe un alto grado de politización entre los jueces, y que la Corte Suprema suele extralimitarse en la esfera de sus atribuciones. En esta línea, la propuesta de nueva Constitución aborda decididamente ambos problemas, quitando la intervención directa del Presidente de la República en la designación de casi todos los jueces del país, y estableciendo una prohibición para los tribunales de diseñar políticas públicas mediante sus sentencias.

Así pues, el proceso constitucional se abre como una oportunidad para entregar certezas, tanto jurídicas como políticas, que permitan recuperar la confianza en nuestras instituciones, e impulsen el desarrollo económico y social. Así, es posible observar en la propuesta de nueva Constitución distintas normas y apartados que, a diferencia de la propuesta de la Convención que fue rechazada en 2022, contribuyen a la debida estabilidad y certeza jurídico/política que tanto necesita nuestro país.

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes

Redacción

El presidente del PPD, Jaime Quintana, propuso ayer que la propuesta de texto constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre sea la última y no haya otro intento de iniciar un nuevo proceso hasta el año 2030.

Al encabezar un nuevo Consejo Nacional del partido, el senador y timonel de la colectividad reiteró que el PPD respalda la opción "En contra" para el plebiscito de salida, pues "el texto propuesto hoy no está diseñado para los próximos 40 años, sino para los próximos cuatro. Se centra en la candidatura de un sector, en la inmediatez y no en las nuevas generaciones".

Quintana aseguró que "es una Constitución que no contempla un Chile más solidario con su gente, especialmente con las personas mayores. Por estas razones, carece de un respaldo mayoritario".

Añadió que "hoy (ayer) hemos propuesto al PPD no iniciar un nuevo proceso constituyente al menos hasta 2030, es decir, en lo que queda de este gobierno y en el próximo, porque Chile necesita orientarse hacia el desarrollo".

El 2030, explicó, "no es una fecha antojadiza, sino el momento en que la comunidad internacional evaluará los avances o no avances de la agenda 2030, misma agenda que el principal autor de este texto constitucional ha rechazado abiertamente".

Paralelamente, en el Teatro Caupolicán el Partido Comunista realizó un evento para dar el puntapié inicial a la campaña por el "En contra".

"teorías extrañas"

Mientras tanto, en la comuna de Providencia, Renovación Nacional dio inicio al despliegue territorial por la opción "A favor" en todo el país.

Este fin de semana, anunció el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, la campaña se centrará en las regiones del norte, la de Valparaíso y la Metropolitana.

"Han salido muchas teorías extrañas, pero la verdad es que esta Constitución se hace cargo de todos los grandes desafíos que tiene Chile hoy y podría llamarse perfectamente la Constitución de la seguridad", mencionó el legislador y explicó que "por primera vez una Constitución se hace cargo de las víctimas creando la Defensoría de las Víctimas. También se hace cargo de la corrupción. Ordena la creación de una Agencia Nacional contra la Corrupción, y dado lo que hemos visto en los últimos tiempo, todo funcionario público condenado por corrupción no podrá ejercer nunca más en el Estado de Chile".

"Esta no es una Constitución para nosotros, es una Constitución a favor de Chile", añadió la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

El exconvencional Ruggero Cozzi, coordinador de campaña del "A favor", volvió a llamar a que La Moneda informe sobre la nueva propuesta: "Imprimieron menos textos que la fallida Convención. Es impresentable. El Gobierno tiene que informar, aunque esté en contra de esta propuesta".