El Consejo Constitucional aprobó anoche por amplio margen su propuesta de nueva Constitución, que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración y que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

El texto, compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, contó con los votos a favor del Partido Republicano (22) y ChileVamos (11), y los votos en contra de los 17 consejeros oficialistas.

El órgano, elegido en las urnas en mayo, entregará oficialmente el 7 de noviembre al presidente Gabrie Boric la propuesta de Carta Magna, que segun todas las encuestas tiene altas probabilidades de ser rechazada.

"Hemos elaborado un texto que tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para sacar al país del estancamiento, la inseguridad y la inestabilidad política y social", dijo en su última intervención la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia.

Los defensores del texto argumentan que garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, mientras que sus críticos lo tachan de "partidista" y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual.

"Estaban dadas las condiciones para alcanzar el objetivo de construir un gran acuerdo. Es lamentable constatar que esa voluntad no estuvo de parte de algunos", apuntó Edmundo Eluchans (UDI).

El socialista Alejandro Köhler lamentó también la "falta de acuerdos" pero culpó a la derecha por "imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante (...) que favorece solamente a los empresarios y a los poderosos, a los privilegiados de siempre".

Artículos más polémicos

Entre los artículos más polémicos destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -norma que el oficialismo señala que choca con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

"La Constitución que estamos proponiendo es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980", indicó el republicano Luis Silva.

La consejera y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo a su turno que "es un hecho objetivo que el nuevo texto incorpora mejoras e innovaciones que nadie podría discutir".

Construyeron una Constitución sin derechos sociales garantizados, con un Estado social de derecho de papel", agregó el consejero comunista Fernando Viveros.

"Votaré En Contra, porque lo que se nos ofrece es una Constitución mentirosa, llena de falsas promesas, de letra chica", avisó la consejera María Pardo (CS).

Si este nuevo texto se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución y La Moneda ya adelantó que no impulsará un tercer proceso.

Nuevo y clave

Una de las diferencias con la actual Carta Magna es que el nuevo texto consagra en el artículo 1 el "el Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales (...) a través de instituciones estatales y privadas".

Es una aspiración histórica de la izquierda, pero el sector no quedó conforme y asegura que hay artículos que "vacían" el concepto, como los que establecen que cada persona tiene derecho a elegir instituciones "estatales o privadas" para sus fondos de pensiones o sus cotizaciones de salud.

La Fiscalía de Copiapó abrió ayer una investigación por presuntos delitos económicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), donde la Contraloría reveló hace unos días que no se han recuperado cerca de $5.000 millones en licencias médicas. Por este motivo, tras una auditoría realizada por el Mineduc, fueron desvinculados dos funcionarios militantes del PS. Autoridades locales, además, apuntaron hacia el diputado de aquel partido, Juan Santana.

"Con aquellos antecedentes fundados, también con antecedentes financieros del SLEP, se efectuó una orden de investigar", dijo el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda.

"También se ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, en su calidad de interviniente, determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa", agregó el persecutor, en medio de la movilización de los profesores que lleva casi 60 días, con alrededor de 30.000 estudiantes sin clases.

A las demandas económicas de los docentes, se suman denuncias por falta de mantenimiento de la infraestructura educativa, plagas de insectos y ratones, por ejemplo. A razón de esto, el Ministerio de Educación publicó el viernes, en feriado, que ya han sido intervenidos 14 establecimientos, por lo cual se propuso a los docentes volver a clases el jueves y terminar el año a mediados de enero.

El presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, dijo ayer a Emol que "es imposible reanudar las clases el 2 de noviembre, ya que esto pone en riesgo a toda la comunidad". El Gobierno "tiene que ejecutar lo que está comprometido, y además que desvía el foco, que es el retiro de la Ley 21.040 que está concordada con el ministro (Nicolás) Cataldo para retirarla del Congreso".

Los docentes, además, dijeron que la propuesta del Gobierno tiene una "falta de enfoque en la realidad", porque "las recomendaciones para llevar a cabo el trabajo de revinculación emocional y bienestar se realizarán en la medida en que los establecimientos estén en las condiciones adecuadas, tal como se ha discutido con el Ministerio".

Las acciones presentadas en el documento del Ejecutivo "no concretan el objetivo de finalizar el año escolar 2023, ni ofrecen un plan efectivo para 2024, ya que no establecen una conexión clara entre el cierre del año 2023 y los objetivos de aprendizaje de 2024", agregaron los profesores.

La ministra vocera, Camila Vallejo, contestó que la situación en la zona "era crítica antes del traspaso" del sistema desde los municipios. "Hubo una serie de problemas durante el traspaso y, por lo tanto, hay que saber enfrentarlo con seriedad, porque la educación pública hay que levantarla y eso implica inversión en infraestructura, recuperar clases que no se han dado".