Redacción

La Fiscalía formalizó cargos por el delito de malversación de caudales públicos en contra del ahora director de administración y finanzas de la municipalidad de Tierra Amarilla, Luis Gajardo.

En julio de este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella criminal en la causa en la que se investigan delitos económicos, considerando al funcionario municipal.

Según los antecedentes, hubo una investigación por delitos de fraude al fisco, cohechos reiterados y asociación ilícita, en lacausa denominada "Operación Pureza", que data de 2010 donde se dictó sentencia condenatoria en contra de Jorge Muñoz. Mientras que en otra causa por delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho reiterado, causa denominada "Cordeta", se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra del imputado Javier Salgado.

Ambos habían tenido la misma abogada defensora Macarena Poblete, al igual que Luis Gajardo, quien había sido investigado por la Fiscalía en la causa "Concejales on Tour", la que en su caso terminó en una suspensión condicional del procedimiento.

En la causa penal denominada Cordeta, también se formalizó investigación en contra de la persona jurídica LIKAR SpA de propiedad del condenado Javier Salgado siendo éste su representante legal,formalización efectuada con fecha 21 de noviembre de 2019, tras detectarse pagos desde la empresa LIKAR hacia las cuentas personales de ex funcionarios municipales.

Es así como en la misma causa (Cordeta) con fecha 17 de enero de 2020 el Consejo de Defensa del Estado obtuvo resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó, mediante la cual se decretó como medida cautelar real, que indicaba que la Municipalidad de Tierra Amarilla deber hacer retención de dinero hasta el monto de $121.008.780, que están en poder de esa I. Municipalidad a la Empresa Likar SPA, correspondiente al pago de "Proyecto de instalación de viviendas prefabricadas devarios sectores de Tierra Amarilla" la retención ascendía a la suma de $121.008.780.-

Este dinero se encontraba en poder de dicho municipio, pues ésta adeudaba a LIKAR SpA el pago del "Proyecto de instalación de viviendas prefabricadas sectores Tierra Amarilla". Esto fue decretado a fin de garantizar el pago de las multas que arriesgaba la persona jurídica LIKAR.

Esto fue informado al Dpto. de Finanzas del municipio y al alcalde (s) de esa época y se envió a casillas de correos electrónicos, una de ellas de Gajardo.

El 20 de enero de 2020, tres días después de la audiencia en que se decretó la medida cautelar real, Javier Salgado Jorge Muñoz y la abogada Macarena Poblete idearon según la querella del CDE un plan delictivo destinado a recuperar -de modo ilícito- los fondos retenidos por resolución judicial en causa penal de la Cordeta mediante la simulación de una deuda inexistente.

Según el documento, en dicho contexto simulado otorgaron una escritura pública de reconocimiento de deuda por parte de LIKAR representada por Javier Salgado en favor de la empresa Benja y Martin representada por Jorge Muñoz F. en la cual LIKAR SpA reconoce adeudar a dicha empresa la suma de $121.008.780.- supuestamente por pago de compra de materiales del proyecto de instalación de viviendas prefabricadas sectores Tierra Amarilla, es decir, sobre los mismos dineros que días antes el Juzgado de Garantía de Copiapó había decretado su retención judicial por resolución firme, notificada debidamente al municipio.

El mismo lunes 20 de enero de 2020 la abogada ingresó vía oficina judicial virtual una demanda ejecutiva actuando en representación de "Benja y Martin Ltda." ante el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó en contra de Likar Spa, en pleno conocimiento del embargo del monto en cuestión por el Juzgado de Garantía de la capital regional y confirmada luego por la Corte de Copiapó; la que se tuvo por interpuesta 8 días más tarde.

Es así como el 9 de febrero de 2022 se resolvió emitir un vale vista a nombre de la empresa demandante por la suma antes mencionada, configurándose los delitos de los presuntos implicados en el hecho.

Entre los aspectos que se consideran para ampliar la querella al funcionario municipal se encuentra el que en la demanda ejecutiva el 29 de diciembre de 2021, la abogada pidió se embargue la suma de $121.008.780 que se encuentran en la cuenta corriente y en poder de la municipalidad, y que ésta adeudaba a LIKAR SpA, es decir, los fondos retenidos y "en el evento probable que SS solicite notificar u oficiar a la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, que todas las resoluciones judiciales recaídas en solicitudes de información, estas sean remitidas al Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, por ser el órgano competente respecto del manejo de los dineros y cuentas corrientes que se encuentran a nombre de la IMunicipalidad de Tierra Amarilla".

El 25 de enero de 2022, el tribunal resuelve la solicitud de la abogada de retiro del dinero embargado, señalando que "previo a proveer, ofíciese a la IMTA (municipalidad) a fin de que tome conocimiento del embargo efectuado en su cuenta corriente N°14086492". Ante esta resolución, ella presenta un escrito con fecha 26 de enero de 2022, solicitando tener presente que el monto demandado se encuentra disponible en la cuenta bancaria desde el 19 de julio de 2019 y solicita se autorice el retiro de los dineros que se encuentran embargados. Además, se vuelve a solicitar que la información sea remitida al director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Tierra Amarilla.

Desde la Fiscalía se informó que la audiencia fue asumida por el fiscal adjunto de Copiapó, Pedro Pablo Orellana, quien argumentó ante el Juzgado de Garantía los hechos que se indagan, ocasión en que se decretó el arresto domiciliario total del funcionario municipal de Tierra Amarilla mientras que el plazo para el término de las diligencias investigativas se estableció en dos meses.

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