en campamentos históricos, sino también en asentamientos irregulares no violentos, actuales y futuros. Sin embargo, esas consideraciones no han sido atendidas".

Radiografía local

Según cifras proporcionadas por Minvu Atacama, cerca del 90% de los hogares de campamentos, se encuentran en terrenos fiscales, lo que define el impacto de esta ley para su eficacia y eficiencia en políticas públicas pensada en las personas y su habitabilidad.

Más en detalle y en línea con los antecedentes de Techo, sobre la realidad de los campamentos en Chile, las cifras recientes de este estudio informan que en Atacama "un 60,6% de los campamentos accede de manera formal al servicio sanitario, en donde un 56,9% lo hace mediante fosa séptica y un 3,6% conectado a alcantarillado. De manera informal se accede principalmente mediante letrina sobre pozo negro en un 32,1% de los campamentos. Con respecto a los equipamientos, un total de 31 campamentos no cuenta con ningún equipamiento, lo que equivale al 22,4% del total regional. Por otro lado, 65 campamentos cuentan con una sede social, equivalente a un 47,1% del total regional. Con respecto a las plazas, existen 47 campamentos que disponen de plazas, equivalente al 34% del total regional. Similarmente se encuentran los campamentos con alumbrado público, que llegan a los 45 campamentos, traduciéndose en un 32,6% del total regional"

Referente a esta realidad, Rocío Díaz, seremi del Minvu Atacama señaló que "hemos hecho un trabajo responsable con los dirigentes de los campamentos catastrados en 2011, 2019 y 2021, por medio de la oficina regional de campamentos, lo que va en línea con las estrategias nacionales y en que hemos atendido las necesidades y variables de nuestra región. Estamos en permanente comunicación con las familias y es así como se han establecido mesas de trabajo que apuntan a distintos frentes: migrantes, habitabilidad primaria, riesgos, criticidad social, en coordinación con el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, municipios y seremis de las distintas carteras".

Asimismo, la autoridad regional del Minvu enfatizó que "en cuanto a la tramitación de la Ley de Usurpaciones, es una norma que se está debatiendo, en que nuestro Gobierno tiene una visión sobre el tema. El ministro Montes ha indicado que la opción es trabajar con los campamentos catastrados, construir barrios, avanzar en las estrategias de intervención, como urbanizaciones y regularización de propiedad, para que al término sean parte de la ciudad. Cuando la ley termine su trámite y entre en régimen, todos estaremos afectos a ella".

Más voces al debate

Para el diputado por Atacama Jaime Mulet (FRVS), un antecedente a considerar en esta Ley de Usurpaciones es "que a las tomas en bienes fiscales no les va afectar ni les va a cambiar la situación drásticamente porque hoy día el fisco; Chile tiene facultades para ordenar los desalojos de las ocupaciones. Hay instrumentos directos que debe ejercer el Ministerio del Interior. Y hemos visto algunas veces el uso de esos instrumentos. A las tomas en ocupaciones de terrenos particulares, la situación cambia radicalmente y drásticamente, ya que las tomas de terreno particulares podrán ser desalojadas, si es que lo piden los propietarios de dichos predios ya que se va a entender como permanente la flagrancia en el delito de usurpación, o sea, ejecutándose, aunque la toma se haya iniciado hace años".

Distinta es la mirada, del consejero regional Maximiliano Barrionuevo (RN), quien apunta a efectos negativos de esta iniciativa pronta a votarse. "La falta de una Ley de Usurpaciones o la inadecuada aplicación de tales leyes en la región tiene varios efectos negativos, tales como una inseguridad jurídica, considerando que sin una ley clara que regule la usurpación de propiedades, los propietarios pueden enfrentar dificultades para proteger sus derechos y recuperar sus tierras o propiedades en caso de ocupación ilegal. Esto puede crear inseguridad jurídica y desincentivar la inversión en la región. También, conflictos y tensiones, entendiendo la ocupación ilegal de propiedades tanto del Estado como de particulares dará conflictos y tensiones entre los ocupantes y los propietarios legales, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en la paz y la estabilidad de la región y desincentivo para el desarrollo por la falta de protección legal de la propiedad privada puede desalentar la inversión y el desarrollo en la región. Los propietarios pueden ser reacios a invertir en mejoras en sus propiedades si no tienen la seguridad de que pueden proteger sus derechos de propiedad".

A su vez, el también arquitecto expresa que otro factor es el impacto ambiental, considerando "que en una región como Atacama, que tiene una gran importancia ambiental y recursos naturales, la ocupación ilegal de terrenos podría tener un impacto negativo en el medio ambiente si no se aplican regulaciones adecuadas. Además, considerando costos legales y sociales, ya que la falta de una ley de usurpaciones puede dar lugar a largos y costosos procesos legales para resolver disputas de propiedad, lo que puede tener un impacto en los recursos tanto de los propietarios como de las autoridades locales".

"Hoy el gobierno debe tomar cartas en el asunto y dar certezas, y garantizar a todo aquel contribuyente que tanto la seguridad social como la seguridad en inversiones estará protegida por una ley dura que desmotive a todo aquel que abuse en "tomarse" libremente la propiedad que es de otro, en el caso de ser del. Estado, el estado deberá ser quien ordene y garantice el buen uso de aquel territorio, es la única forma de lograr ordenar la región como el país. Espero que el gobierno no siga con la idea de vetar la ley y trabajen en beneficios de los ciudadanos., necesitamos una ley de usurpaciones ahora mismo que sea clara, dura y que nos permita ordenar el territorio para darle un mayor valor a la región de Atacama", declara Barrionuevo.

45 campamentos tienen luz eléctrica, cifra equivalente a un 32,6% del total de asentamientos de la Región de Atacama.

10.804 familias viven en campamentos en la Región de Atacama, de acuerdo al catastro realizado por Techo.

Una exhaustiva fiscalización y medidas inmediatas en respuesta a las graves denuncias de acoso y maltrato por parte de algunas funcionarias del recinto hacia estudiantes de la Escuela Básica Colegio España, en la comuna de Vallenar, solicitó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, a autoridades de Educación a nivel nacional y local.

La inquietud de la parlamentaria surge tras la reciente movilización y toma del establecimiento efectuada por los alumnos y alumnas, quienes denuncian reiterados malos tratos, insultos vejatorios y acoso de algunos integrantes del personal del recinto educativo, dirigido en particular hacia alumnas, incluyendo la negación del acceso a baños; acusaciones respaldadas por el Centro de Estudiantes y Centro de Padres y Apoderados, quienes declaran, serían también apoyadas por otros trabajadores e integrantes de la comunidad educativa.

Ante esto, la diputada Cicardini, solicitó el envío de un conjunto de oficios de fiscalización dirigidos al Servicio Local de Educación Pública de Huasco, y, a nivel central, al Director de la Dirección de Educación Pública, Ministerio de Educación, y Superintendencia de Educación, en los que la congresista requiere fiscalización en terreno, eventuales medidas administrativas y sancionatorias, medidas de corto plazo para evitar la continuidad de la posible vulneración de derechos de las y los estudiantes, y la revisión del cumplimiento de los protocolos de convivencia escolar al interior del colegio.

Al respecto, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, declaró que "entendemos que se han iniciado algunas investigaciones y sumarios, pero lo que denuncian los estudiantes sobre situaciones de acoso, hostigamientos por la forma de vestir e insultos de grueso calibre, en especial a niñas, y la negación de un derecho tan básico como el acceso a los baños, me parece grave y se debe investigar, sancionar y solucionar a la brevedad. Especialmente porque estamos hablando de personas adultas y trabajadoras de la educación que se dirigen de manera ofensiva a menores de enseñanza básica, lo que es totalmente inaceptable".

Ley José Matías

En la misma línea, la diputada Cicardini aprovechó la oportunidad de lamentar el escaso avance en el Senado del proyecto de ley "José Matías", inspirado en el suicidio a los 15 años de José Matías de la Fuente en Copiapó, en el año 2019, tras episodios de acoso en su establecimiento, e ingresado como autora por la legisladora en conjunto con la madre del joven, Marcela Guevara, y que ya fuera aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2022, con el apoyo del gobierno.

"Ha pasado más de un año desde su despacho al Senado y hemos tenido poco y nada de avance, y si bien es un proyecto que pone acento en prevenir el acoso y la discriminación a la niñez trans; va mucho más allá, porque busca prevenir toda discriminación y hace responsables a las escuelas de capacitar y tener equipos profesionales con competencias adecuadas y de denunciar estas situaciones, y de establecer sanciones administrativas que hoy no existen a funcionarios con responsabilidad comprobada en hechos de maltrato. Por lo que hago un llamado enfático al Senado a avanzar en su tramitación para contar con más y mejores herramientas ante esta arista de la crisis de la educación que vive nuestra región y país", subrayó Cicardini.