Ley de Usurpaciones abre debate en Atacama: 90% de las ocupaciones están asentadas sobre terrenos fiscales
PROYECTO DE LEY. Bienes Nacionales señala que la iniciativa, así como está, establece penas de cárcel que podrían ser aplicables para quienes viven en campamentos. Minvu sostiene que trabajan con los campamentos ya catastrados. Mulet afirma que proyecto podría dejar la flagrancia del delito de manera permanente y Barrionuevo apunta a necesidad de obtener certeza jurídica.
La Región de Atacama cuenta con 138 campamentos, concentrados principalmente en el sector urbano de la comuna de Copiapó, seguido por la comuna de Tierra Amarilla. "En estos asentamientos, viven actualmente 10.804 familias en total. En estos asentamientos hay un total de 14.992 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años y dentro del total de familias en campamentos de la región habitan 3.678 familias inmigrantes, las que representan un 34% del total", de acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos 2022/2023 de Techo.
Esto, reviste una importancia significativa considerando la Ley de Usurpaciones pronta a votarse y con celeridad, según lo determinado por el gobierno y donde la penalidad de tomar un terreno ya precisa desalojo e incluso cárcel.
En ese contexto y según lo indicado por la seremi de Bienes Nacionales, Mónica Marin Aguirre, "el número de campamentos ha aumentado un 39,4% respecto al Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de TECHO-Chile y en cuanto al número de familias, estas han aumentado en un 79,6% en el mismo periodo. Debido a sus aristas, que no solo tocan el ámbito de lo penal, sino también la necesidad de vivienda de centenares de personas, debemos tratar con total seriedad y análisis el debate sobre la Ley de Usurpaciones".
A su vez, Marin Aguirre expresó sobre esta materia que "se requiere una legislación responsable, equilibrada, que otorgue herramientas de protección para quienes han sido víctimas de los delitos de usurpación. Sin embargo, también debemos evitar que las familias que actualmente viven en asentamientos, no por gusto, sino por una verdadera necesidad de primera vivienda, vayan a la cárcel. Esto, considerando que muchas veces la situación de ocupante de campamento es transitoria, mientras se dan las condiciones óptimas para la reubicación definitiva de una familia - hablamos de niños, adultos mayores y personas que sufren necesidad-, como parte de los planes de vivienda del Plan de Emergencia Habitacional".
De hecho y tal como lo ratifica la autoridad de Bienes Nacionales de Atacama, "la ley aprobada por el Congreso, y que es objeto del veto presidencial, establece penas de cárcel que perfectamente podrían ser aplicables para quienes viven en campamentos. Pero el Gobierno del Presidente Boric ha planteado siempre que, en el caso de usurpaciones no violentas, no exista pena de cárcel, sino una multa. Todo esto, pensando no sólo