Múltiples reflexiones y también manifestaciones callejeras se produjeron ayer en el cuarto aniversario del "estallido social" del 18 de octubre de 2019, que dio inicio a protestas, saqueos y violencia en todo el país y obligó a la clase política a llegar a acuerdos para, entre otras cosas, iniciar el proceso constituyente que vive su segundo intento.

Entre las expresiones en torno a la necesidad de resolver las demandas sociales, el Presidente Gabriel Boric se refirió a esta fecha y expresó que "el estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, sus efectos son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo".

"Lo que sí tengo claro es que el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaces de dar soluciones. (Espero que) todos tengamos la altura de miras para poder poner a los chilenos primero y no a nuestras diferencias políticas y a la pelea partidista", recalcó el Mandatario.

Precisamente desde el mundo político surgieron también evaluaciones de lo ocurrido hace cuatro años.

"querían sacar a piñera"

Rodrigo Delgado (UDI), quien fue ministro del Interior de Sebastián Piñera entre 2020 y 2022, afirmó a radio Agricultura que "el llamado era ir a La Moneda y sacar al Presidente. Aquí hay muchos sectores que lo hicieron, tienen que hacerse responsable con la mirada y la perspectiva histórica. Pero lo que hubo fue un llamado a que el Gobierno cayera. Eso está de más recalcarlo, pero así fue".

La senadora Paulina Vodanovic (PS) dijo a radio ADN que "la fecha nos recuerda el lugar en que ocurrieron todas las manifestaciones y peticiones de la ciudadanía que hasta hoy están insatisfechas. Uno puede estar muy en desacuerdo del aspecto violento que hubo, pero también hubo una gran manifestación de un millón de personas después y las peticiones continúan insatisfechas. El sistema político está totalmente en deuda con poder darle respuesta a esa ciudadanía".

El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, apuntó a las reformas propuestas por el Ejecutivo como una búsqueda de satisfacer las demandas del 18-O, que "tienen que ver fundamentalmente con mayor seguridad social y mejor distribución de la riqueza".

Dijo que tanto la reforma a las pensiones como el pacto fiscal abordan estos temas, pero "para que se puedan resolver las demandas de fondo (...) también se requiere de la oposición" y sus votos en el Congreso.

Derechos humanos

Otra discusión se generó ayer en torno a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmara que "esas investigaciones están vigentes por querellas en las que se nos solicita que investiguemos la eventual violación sistemática de derechos humanos. Hemos detectado hechos que son calificables como violación de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes que permitan atribuirles el carácter sistemático".

La senadora Fabiola Campillai, quien perdió los sentidos de la vista, gusto y olfato tras ser impactada por una lacrimógena lanzada por Carabineros mientras esperaba micro, dijo sobre Valencia que "no sé en qué lugar está viviendo ni en qué tiempo él está, porque en Chile hubo violaciones a los derechos humanos y yo soy una víctima de ello. Me pregunto cómo tendremos justicia ante un fiscal que es negacionista".

En la parte final del proceso constituyente, ayer comenzó el trabajo de la Comisión Mixta integrada por seis representes del Consejo Constitucional y otros seis de la Comisión Experta. La instancia tiene como labor resolver qué pasará con las 32 observaciones de los expertos que no tuvieron quorum para ser aprobadas ni rechazadas entre los consejeros.

El organismo que desatará los últimos nudos del texto tiene que entregar sus resultados el lunes de la próxima semana y está compuesto por 12 integrantes (seis expertos y seis consejeros). De ellos, siete son de oposición (tres Republicanos, dos UDI y dos RN) y cinco del oficialismo (dos PS, un PPD, un CS y un RD). Con esto la derecha tiene los 3/5 necesarios para modificar normas sin importar lo que opine su contraparte.

Durante la sesión de ayer fue elegido como presidente de la Comisión Mixta Carlos Recondo (UDI) y se comenzó a trabajar en las indicaciones que mantienen visiones contrapuestas, como la exención se contribuciones para todas las primeras viviendas, la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, la grave amenaza terrorista como causal para declarar Estado de Sitio y la caída del artículo de objeción de conciencia institucional.

Kast y "los agoreros"

En la previa de esta instancia, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, jugado por la aprobación de la propuesta que se ha elaborado con mayoría de su colectividad, criticó a quienes ya han anunciado que votarán en contra y afirmó que "los agoreros del pesimismo no están actuando desde la razón".

Mientras, la integrante de la Comisión Experta María Pardo (CS) expresó en Emol su pesimismo respecto del texto que se terminará proponiendo a los chilenos: "A mí me apena muchísimo decirlo, pero lo que se está terminando de perfilar acá es una propuesta que es peor que la Constitución actual, dictada en dictadura y está siendo elaborada en democracia".