Verónica Carmona

Durante ayer en calle Salas, entre Chañarcillo y Atacama, Victor Benavente sufrió un inesperado accidente que dañó parte de su domicilio por el enredo entre los cables y parte de un bus de la empresa Andimar.

"Cuando llegué a la casa, me di cuenta que estaba sin funcionar el arranque de la electricidad y el bus ya había pasado y arrancó la parte eléctrica y parte de la casa en la parte del techo. Después fui a Andimar y me dijeron que tenía que hacer el reclamo por internet. Luego, llegó la empresa CGE y dejaron con electricidad la casa. Ahora tengo que ver que me responden de Andimar porque el chofer se dio a la fuga", menciona Benavente.

Cables

Esta es uno de los riesgos que se pueden suscitar por el exceso de cables en desuso que se acumulan de manera importante sobre los postes generando además contaminación visual, una realidad muy distinta a otros métodos de cableado menos invasivos para territorios además habitados.

Desde la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, señalan que las municipalidades cuentan con las facultades para ordenar el retiro de cables de servicios de telecomunicaciones que se encuentran en desuso, cuando dichos elementos no estén asociados a la prestación efectiva de dichos servicios, y/o estén perjudicando el uso principal de los bienes donde están colocados o ubicados, y/o no cumplan la normativa vigente, entre ellas las ordenanzas municipales respectivas.

A partir de esto, a lo largo de Chile son varias las municipalidades que han procedido a dictar o a ajustar las ordenanzas que regulan la materia, y han cursado las infracciones por su transgresión, las que posteriormente son sancionadas por los respectivos Juzgados de Policía Local y, en gran medida, ratificados por los tribunales superiores de justicia.

A su vez, las municipalidades pueden crear una mesa respectiva de retiro de cables para organizar junto a los diferentes actores involucrados el retiro efectivo de dichos elementos. Esto es lo que se ha realizado en la región, donde la Seremí ha impulsado la creación de diferentes mesas de retiro de cabes junto a Municipalidades, para trabajar en la materia. Para estos efectos la coordinación es fundamental y es entorno a eso que estamos trabajando. Por otro lado, es importante que las personas sepan que pueden realizar -de manera preventiva- las denuncias correspondientes a cableado que pueda significar un peligro para las personas, a través del sitio web de Subtel.

Carla Orrego, seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, señaló que "respecto al paso de los buses por el centro de la ciudad, como MTT nos encontramos trabajando de mejor manera en medidas de gestión de tránsito para tener soluciones a mediano plazo sobre esta materia y que todos los actores que tienen que ver con este tema salgan beneficiados, las cuales serán informadas en su momento".

Participación municipal

Desde el municipio Copiapino, para la concejal Carolina de la Carrera "en lo que respecta a los cables en desuso de la ciudad, hace ya un buen tiempo salió la ley chao cables, que es la ley 21.172. En esta, se califican los cables como desechos y deberían ser retirados por las empresas ya sea de telecomunicaciones o de energía. Recién, a fines del 2022, se estaba evaluando el reglamento de esta ley, pero si el municipio a través de la Dirección de Medio ambiente, tiene la facultad para hacer una ordenanza y empezar con el retiro de los cables, ya sea por ordenanza o por mesa de trabajo con las empresas para que estas retiren. Ahora, también hay una complejidad de cada uno ver de qué es el cable, pero en ese sentido desconozco el detalle de cómo lo tienen que hacer".

A su vez, la autoridad municipal enfatizó sobre esta materia que "dentro del paisaje de la ciudad, además los cables entorpecen y se ven feos. Deberían ser retirados. Creo que es un gran tema que debería ser tratado por la dirección de medio ambiente del municipio".

Cabe consignar, que puntualmente el 4 de julio de 2019 el congreso nacional aprobó por unanimidad el proyecto que modificaba la ley N° 18.168 para regular el tendido de cables aéreos. La reformulada normativa estableció que los operadores de telecomunicaciones son responsables de la correcta instalación, identificación, modificación, mantención, ordenamiento, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos y, otros elementos asociados.

Según lo determinado, en el caso que el respectivo operador no realice el retiro dentro del plazo establecido, los municipios podrán retirarlos y dicho incumplimiento será sancionado estableciendo un procedimiento ante el juzgados de policía local, con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre 6.345.200 y 63.452.000 pesos).

La Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de cinco acusados a quienes investigó por su participación en la muerte de un joven de Chañaral, quien fue herido a bala con una munición de fabricación artesanal y quien fue dejado en el ingreso del servicio de urgencia del Hospital de esta comuna.

La investigación de este caso fue dirigida por el fiscal jefe de esta ciudad, Marco Arenas Zeballos, quien encabezó el trabajo destinado a reunir los medios de prueba con la función investigativa de la Brigada de Homicidios de la PDI, pudiendo reunir la evidencia que permitió presentar acusación en contra de todos los imputados.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de este caso, los que fueron argumentados ante el Tribunal de Juicio Oral de Copiapó, los hechos comenzaron a sucederse el 11 de octubre del año 2021 luego de una riña ocurrida en el sector de la playa Portofino de esta comuna entre dos bandas rivales, ocasión en que uno de los participantes resultó herido de gravedad, pero se negó a entregar información que permitiera aclarar los hechos.

"A partir de esta agresión el hermano del lesionado junto a un grupo de amigos se concertaron para concretar la venganza mediante la utilización de armas de fuego y amenazas. Todos ellos, el día 18 de octubre de ese año, se movilizaron en un vehículo por distintos sectores de la ciudad buscando a los integrantes de la banda rival portando armas de fuego y disparando al aire. Mientras, de forma paralela, enviaban mensajes vía redes sociales al grupo contrario, a quienes invitaban a resolver sus conflictos mediante la utilización de armas de fuego", dijo el fiscal.

Balacera

De acuerdo con lo informado por el fiscal Marco Arenas en la audiencia de juicio oral la Fiscalía pudo acreditar que los acusados Miguel Alarcón, Héctor Cortés, Sebastián Olave y el adolescente de iniciales J.C.G., advirtieron a la banda rival en un auto que se desplazaba por el sector Aeropuerto de la ciudad, disparando en varias ocasiones ocasionando una herida a la víctima, Ronaldo White, quien sufrió lesiones de extrema gravedad siendo trasladado por sus amigos hasta el servicio de urgencia del Hospital de Chañaral. Recinto asistencial en que, finalmente, falleció. En tanto los responsables del hecho se dieron rápidamente a la fuga, abandonando luego el auto y la evidencia incriminatoria.

A partir del deceso la Fiscalía Local de esta ciudad ordenó inmediatas diligencias, concretando a los pocos días la detención de uno de los involucrados en su domicilio. Procedimiento en que la policía incautó marihuana destinada a la venta a consumidores locales.

La jornada de este miércoles se desarrolló la audiencia en que se hizo público el veredicto al que arribó el Tribunal Oral, ocasión en que se dio a conocer que la Fiscalía pudo probar los hechos investigados con los medios de prueba en la audiencia de Juicio Oral que se extendió por más de una semana. Instancia en que quedó en evidencia la participación de cuatro de los acusados en el deceso.

"El trabajo de la Fiscalía y de la PDI permitió reunir antecedentes concretos que acreditaron la participación de los condenados, quienes, actuando de manera premeditada al planear llevar a cabo su acción delictiva, cometieron el crimen en contra de la víctima que viajaba como pasajero en el vehículo atacado", dijo el fiscal.

De esta manera, la Fiscalía obtuvo la condena de Miguel Alarcón Cortés, Sebastián Olave Corrotea, Héctor Cortés Pizarro y el adolescente antes individualizado como autores del delito de homicidio calificado. Además, Cortés Pizarro fue condenado por el delito de tenencia ilegal de municiones y microtráfico. Mientras que en contra de Enrique Allende Alfaro fue acreditado el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida.

Las penas que deberán cumplir cada uno de los condenados se conocerán en una audiencia que fue programa para el próximo lunes 16 de octubre.