"Yo esperaría que los concejales se activaran y el alcalde actual asumiera el compromiso, porque aquí la fundación no tiene nada que hacer. Lo que se tiene que hacer es que el municipio retome las gestiones con el laboratorio para que puedan adquirir sus productos. Yo los invitaría a que retomen esta vía", aclara la diputada Ana María Gazmuri referente a las presuntas irregularidades presentadas en Contraloría por 11 municipios-entre esos el de Copiapó- y fundación Daya.

Y es que luego de la denuncia presentada a Contraloría, por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázabal, por la rendición de cuentas con convenios suscritos, la casa consistorial copiapina sigue en investigación sumándose al resto de entidades edilicias que están en este proceso.

Dalva Cepeda, presidenta del Partido Republicano en Atacama señaló referente a esta denuncia que el parlamentario "expresó su preocupación en torno a estas presuntas irregularidades por esta fundación Daya, porque no ha proporcionado las adecuadas rendiciones de cuentas por los dineros transferidos. Parte de los fondos asignados a la fundación se habrían utilizado en gastos controvertidos. Son demasiadas las municipalidades involucradas. Se adeudan más de 171 millones de pesos en rendiciones de cuentas. Esperamos que la Contraloría General de la República realice una investigación exhaustiva para esclarecer las presuntas irregularidades. El diputado Irarrazabal cumple con su función de fiscalizar estas fundaciones".

En el caso del municipio de Copiapó, se detallan las irregularidades donde el diputado señala que se realizaron dos pagos por $24.735.500 y $10.550.000, con el alcance que no existe constancia de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado.RESPONSABLES

La parlamentaria Gazmuri relata que el origen del conflicto con el municipio Copiapino comienza con "un proyecto de colaboración, lo que es algo importante de despejar que es muy distinto a los casos que hemos conocido hoy en día, esto no tiene nada que ver. Esto es un convenio de colaboración que es distinto. Y uno de los municipios interesados en participar de este convenio fue el municipio de Copiapó y de hecho firmaron una carta de compromiso el 19 de junio del año 2015 y la municipalidad suscribió el convenio el 11 de noviembre del 2015, aprobado por el concejo municipal".

"Más allá que actualmente no tenga ningún vínculo con la fundación Daya, no tengo problemas en compartir esto. Desde un principio, la municipalidad nunca tomó una contraparte que era uno de los acuerdos suscritos, ellos tenían que asignar a alguien. Finalmente se iniciaron las coordinaciones con Rodrigo Videla, que era el director de asesoría jurídica y por parte de la fundación Daya con Carla Guaita pero después de eso hubo como un silencio. Se retomaron las conversaciones con el director de salud municipal para poder iniciar las conversaciones y concretar el proyecto, pero la parte anterior que correspondía a la fundación Daya, se había realizado. ¿A qué me refiero? A que se habían pedido los permisos, se había realizado el cultivo, la cosecha, el traslado al laboratorio, coordinaciones con el laboratorio, capacitaciones con el equipo clínico y todas esas funciones por Daya fueron hechas", declara la diputada Ana María Gazmuri.

Siguiendo con el relato, la parlamentaria señala que "y ahí vino el cambio de alcalde que es también donde se complicaron las cosas. Se le enviaron en dos oportunidades cartas al alcalde Marcos López solicitándole encarecidamente comunicarse con los equipos clínicos para poder avanzar y sin ninguna respuesta nuevamente. En esta situación que no nos respondían, se contactó la fundación Daya con el concejal Cáceres explicándole que por parte de la fundación se cumplían todas las condiciones. Se le informó toda la situación al concejal, se le mostró el convenio, las cartas, porque el dijo que no las conocía. Incluso el concejal Cáceres organizó junto a la sociedad civil un punto de prensa, entregó un oficio solicitando que se entregara el programa en beneficio de los pacientes porque aquí no podemos perder el foco, que son los pacientes los que deben recibir su tratamiento. Aquí y según la visión del concejal, el alcalde nunca quiso llevarlo adelante. Me da la impresión que era contrario al uso medicinal del cannabis".