En la mañana de ayer se desarrolló un nuevo episodio en el caso del financiamiento irregular a fundaciones por parte de entidades estatales, que complica al Gobierno. Temprano llegó la orden del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a todas las Delegaciones Presidenciales del país de comenzar una auditoría para revisar los contratos que estén vigentes con fundaciones y ONGs.

Esto con el objetivo de "fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencia de recursos a terceros, como pueden eventualmente ser fundaciones y eso se está llevando a cabo en cada uno de los ministerios por instrucciones del Presidente de la República", explicó el subsecretario.

Desde la Delegación Presidencial de Atacama, el delegado presidencial Cristhian Fuentes, aseguró que cumplirán en la totalidad el mandato. "El Ministerio del Interior instruyó una auditoría en todas las Delegaciones Presidenciales del país, para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos a terceros. Esto se está llevando a cabo por cada uno de los ministerios y por cierto también se desarrollará en la Delegación Presidencial de Atacama y en las Delegaciones Provinciales del Huasco y Chañaral. En relación a los resultados de dicha auditoría, los plazos serán definidos en cuanto se formalicen estas auditorías en cada uno de las reparticiones públicas", dijo.

De la misma forma, Fuentes afirmó que era "apresurado" señalar que existan posibles conflictos por transferencias de recursos ya que "es materia de investigación".

A las pocas horas de dada a conocer la medida, Contraloría dio a conocer un dictámen donde ordenó congelar todos los contratos vigentes entre organismos gubernamentales y fundaciones y ONGs.

"La orden tomada centralizadamente es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien cuál es la situación", dijo el contralor general, Jorge Bermúdez, sobre el mandato extendido a las contralorías regionales.

Frente a esto, Fuentes afirmó que se encontraba tranquilo ya que "hay que dejar en claro que actualmente nuestra delegación regional y provinciales no mantienen convenios que impliquen transferencia de recursos a terceros, como puede ser una fundación. Sin embargo, de igual manera nos someteremos a las auditorías que nuestro Ministerio del Interior ordene realizar".

Reacciones al dictamen

La decisión del organismo fiscalizador abrió un nuevo debate entre la clase política, que no dejó indiferentes a los parlamentarios locales. La medida abrió varios cuestionamientos. Mientras algunos la consideraron como un paso correcto en el camino de enmendar la situación, otros lo vieron como algo positivo, pero que generará futuros problemas.

Si bien valoró la medida ordenada por Bermúdez, el senador de Renovación Nacional Rafael Prohens se cuestionó sobre los pasos que vendrán a continuación. "Las transferencias ya están hechas, la plata está en manos de las fundaciones. ¿Cómo la Contraloría impide que estas sigan gastando el dinero entregado? ¿Cómo se van a recuperar las platas que ya se gastaron si es que Contraloría determina que fueron transferencias irregulares?", dijo.

Para el senador parte importante del problema viene del hecho de que estos contratos se realizan por transferencia directa, lo que abriría posibles flancos de problema en caso de que, tras la revisión, se de cuenta de que ciertas organizaciones que suscribieron los contratos no puedan devolver los fondos entregados.

"Creo que ante los hechos ocurridos en Antofagasta, el dictamen de Contraloría viene a poner orden. Con esto se revisarán todos y cada uno de los contratos pactados, y los que no competen no se podrán ejecutar. Para mi el inconveniente es que si los fondos ya se transfirieron no sé si podrán las fundaciones podrán devolver el dinero, ya que fue entregado por transferencia directa. Y tampoco sé quién devolvería los fondos en el caso planteado, porque muchas de estas organizaciones ya han gastado parte de esos dineros. En este escenario no sabría decirlo, y ahí habría un problema mayor", agregó.

Prohens también lamentó el daño que se le ha hecho a las organizaciones privadas que si llevan un largo tiempo trabajando en conjunto con el Estado y han realizado contribuciones importantes a la sociedad. "Ahora salen todas las fundaciones dañadas porque se daña la fe pública y los ciudadanos pierden la fe en el actuar de los dirigentes", se lamentó.

La diputada Cicardini también valoró el dictamen de Contraloría, afirmando que se encontraba alineado con lo que el Presidente Boric ha ordenado en los últimos días. "Me parece una medida completamente acertada y correcta, y en línea con lo instruido por el Presidente Boric, en el sentido de revisar los convenios suscritos con fundaciones, o la decisión del ministro Montes de entregar antecedentes a la Fiscalía, en el caso específico de Antofagasta", dijo.

La diputada del Partido Socialista también fue categórica al afirmar que este era un momento de asumir responsabilidades frente a la ciudadanía. "Acá toda medida que dé garantías de transparencia a la ciudadanía desde el Estado me parece que va en la línea correcta, y en especial desde el gobierno y el oficialismo tenemos el deber de dar una potente señal de que con el mal uso de recursos públicos no existirá ninguna tolerancia, ni administrativa, ni política, ni en materia penal, ni con ninguna irregularidad, y mucho menos con hechos constitutivos de delito", explicó.

Por su parte, la diputada Sofía Cid, de RN, valoró la medida, aunque la consideró tardía. "Me parece que se demoró mucho, pero es una buena señal. Es un primer paso que puede ser muy útil para evitar que sigan realizándose transferencias con cargo a este tipo de convenios en medio del más grande escándalo de corrupción de la última década", dijo.

Nueva agenda de probidad

Un tema en el que los parlamentarios locales estuvieron de acuerdo fue en la necesidad de legislar sobre una nueva agenda de probidad, con el objetivo de generar mayores controles a funcionarios públicos y recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Pienso que este es el mo-