El chat de los presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) filtrado la semana pasada y que mostró el rechazo del presidente de la entidad, Pablo Milad, y de regentes de clubes como Juan Tagle de la Universidad Católica a incluir a deudores de alimentos en la prohibición de entrar a los estadios, terminó en un enfrentamiento con el Gobierno, al cuál acusaron de populismo. "Utilicé términos no adecuados", se justificó Milad, luego que se filtró el contenido de WhatsApp.

Más allá de la controversia, este chat es el fiel reflejo del sentido de realidad que tienen la ANFP respecto a su rol en esta sociedad. Milad y Tagle dicen que no les parece la medida y en el caso de Milad lo califica como un "eslogan".

Sin embargo, se olvidan la historia hacia atrás en torno a estos morosos. No olvidemos que en el marco de los retiros de fondos AFP se procedió a descontarles montos, mientras que en el marco del Registro Nacional de Deudores de Alimentos se estableció que no podrán renovar sus licencias de conducir y pasaportes.

Entonces ¿por qué el fútbol debe quedar excluido de una medida parecida? ¿qué hace pensar a los dirigentes que esto debe ser así?

Lo que pasa es que el fútbol se ha movido con sus propias reglas y abrazan el Estado cuando les conviene, al pedir la presencia de Carabineros, y lo rechazan cuando se trata de incluir medidas activas para lograr el pago de pensiones de alimentos.

Es bueno recordar que en el marco de los informes de acceso a información, la ANFP siempre está última o en los últimos lugares, lo que es una clara muestra de no interesarle lo que pasa en su entorno.

Son hechos que dejan en claro que en el fútbol chileno se vive el Mundo de Bilz y Milad.

Grandes eran las expectativas de tener el primer gobierno autodenominado como ecológico y a un año de gobierno, cabe preguntarse ¿somos un gobierno ecológico?

La respuesta es un rotundo sí, ya que a pesar de que en las últimas semanas ha habido grandes cuestionamientos sobre esto, por la aprobación de algunos proyectos con conflictos en el territorio, como como gobierno, nuestro enfoque está en diversificar la matriz productiva del país y como ministerio, estamos apuntando a llevar una agenda de futuro, que eleve las condiciones y el estándar ambiental, con mayor regulación, mayores herramientas, mayores áreas protegidas y con un enfoque transversal de transición sociecológica justa, que lleve justicia ambiental y territorial a las zonas en conflicto.

El Ministerio del Medio Ambiente está llevando adelante una amplia agenda legislativa, para lograr herramientas contempladas en la institucionalidad ambiental, donde se ha impulsado fuertemente la aprobación de la Ley para la Naturaleza, que vendrá a completar nuestra institucionalidad ambiental con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se hará cargo de las áreas protegidas del país, que actualmente están a cargo de diferentes servicios. Además, esta semana hemos celebrado la aprobación de la ley que define sanciones penales para atentados contra el medio ambiente.

Por otro lado, el ministerio esta avanzando en necesidades que han sido levantadas en los últimos años, enfocados en aumentar el estándar ambiental, como una modificación del Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, que actualmente se encuentra en consulta pública.

Complementariamente, estamos avanzando en varios instrumentos de regulación, como una norma de arsénico, que es una normativa que hace varios años tuvo un breve periodo de vigencia y que a nuestro gobierno le parece necesario regular, debido a la alta toxicidad de este elemento y las consecuencias que tiene en la salud humana. Esta normativa ya cuenta con un anteproyecto, que está siendo consultado a la ciudadanía.

Logramos promulgar la primera norma de olores a nivel nacional, que regula el sector porcino y, además, estamos trabajando en una norma de olores para el sector pesquero.

Otro instrumento regulatorio muy importante que ha comenzado su trabajo en las últimas semanas es una norma para el suelo, la primera norma de suelo del país, que vendría a regular este componente tan abandonado, en comparación con el aire y el agua.

Entonces, sí, definitivamente somos un gobierno ecológico, que con la completa y ambiciosa agenda que está llevando adelante, está velando por nuestro patrimonio natural y por mejorar nuestra calidad de vida, con una mirada de futuro.