Ecuador acelera la búsqueda de candidatos, una vez que la Corte Constitucional confirmó la disolución del Parlamento decretada por el presidente, Guillermo Lasso, y que el Consejo Electoral inició el proceso para las elecciones extraordinarias de presidente, vicepresidente y legisladores.

Aunque aún debe ser conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral, su presidenta Diana Atamaint, adelantó que las elecciones -a las que debe convocar hasta el próximo miércoles- podrían desarrollarse el 20 de agosto.

De ser necesario un balotaje, tendría lugar el 15 de octubre, por lo que, en noviembre, Ecuador ya tendría integrados el Ejecutivo y el Legislativo, según los cálculos de Atamaint.

Uno de los nombres que suena como posible precandidato es el del exasambleísta Fernando Villavicencio, quien fijó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que desde el Parlamento luchó contra la corrupción y las mafias.

De su lado, Esteban Torres, del opositor Partido Social Cristiano (PSC), apuesta por un gran frente de reconstrucción nacional del centro a la derecha, enfocado en las necesidades de todos, especialmente en temas de seguridad.

El líder del PSC, Jaime Nebot, no se ha pronunciado sobre una eventual candidatura, pero en un comunicado en que señala que aceptan "bajo protesta" el fallo de la Corte Constitucional, apunta: "Ni Lasso ni Correa. Progreso en libertad para el Ecuador".

Desde el correísmo, principal fuerza política del país en los comicios locales de febrero pasado, no han mencionado posibles precandidatos, pero Andrés Arauz, quien perdió ante Lasso en el balotaje de 2021, habla de la necesidad de construir una coalición, un "bloque histórico" que incluya a movimientos sociales e indígenas.

Por su parte, el actual presidente de Ecuador, descartó presentarse a la reelección.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) reapareció ayer en una audiencia judicial para rechazar la acusación de que en su gobierno se realizaron esterilizaciones forzadas a miles de mujeres pobres, al afirmar que esa imputación "es totalmente falsa", pues lo que se hizo fue reducir las tasas de mortalidad materna e infantil.

Fujimori, de 84 años, se conectó en forma remota desde el penal de Barbadillo, a la audiencia en la que la justicia peruana evalúa el pedido de ampliación de la extradición del exmandatario para ser procesado por las esterilizaciones forzadas denunciadas por miles de mujeres residentes en localidades rurales y pobres del país.

El exgobernante es investigado en este caso por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, y violación a los derechos humanos, pero, para continuar con el juicio, debe haber una autorización de la Corte Suprema de Chile, pues nuestro país lo extraditó a Perú en 2007.

Al responder a la sala, Fujimori dijo que las esterilizaciones, por las cuales hubo víctimas mortales y lesiones graves, se hicieron "con los consentimientos informados, libre, voluntariamente y por escrito".

En ese sentido, remarcó que "es totalmente falsa la imputación" porque "lo que hizo" su gobierno "fue ofrecer a la población todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción ni preferencias por uno u otro, a la libre elección de cada una de las interesadas".

Las cifras

Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, agregó que "la mortalidad infantil era sumamente alta, de 85 por cada 1.000 (nacidos vivos) en promedio".

"Entre ocho a nueve niños morían de 100 niños nacidos vivos, esa tasa había que reducirla a niveles más aceptables de menos de 35", añadió sobre el plan llevado a cabo en Perú por brigadas de médicos y enfermeras en regiones andinas como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Además de este caso, la Fiscalía ha solicitado también a la justicia de Chile la ampliación de la extradición del expresidente Fujimori para que sea juzgado por la venta de armas a la hoy disuelta guerrilla colombiana de las FARC en 1999.

Después de dimitir por fax desde Japón en el 2000, tras descubrirse una red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue arrestado en 2005 en nuestro país, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.

En 2007, fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena de 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el "autogolpe" de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992 y que le permitió cerrar el Parlamento, dictar una nueva Constitución y controlar los poderes.

Asimismo, fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, espionaje y por ordenar a un militar que se hiciera pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.