Redacción
Un ingreso per capita de $69.891 generaría en Atacama el proyecto de Royalty, que cambia la tributación de la gran minería del cobre y que pasó a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados, tras su aprobación en el Senado.
Así lo explicó el Ministerio de Hacienda, que mediante un comunicado detalló que esta iniciativa, junto a la denominada Regiones Más Fuertes, buscan entregar una mayor autonomía y descentralización financiera a las regiones. Durante mayo tendrán un alto movimiento en el Congreso.
En detalle, el Royalty establece que US$ 450 millones de la recaudación esperada se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos (ver recuadro).
En el caso de la Región de Atacama, se distribuirían recursos por un total de $21.995 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional y a todas las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $69.891 per cápita. Como ejemplo, el municipio de Copiapó recibiría $3.159 millones, Vallenar $2.602 millones, Caldera $1.555 millones y Tierra Amarilla $1.447 millones.
Cabe destacar que el aporte a las regiones y comunas del país son adicionales a los actuales y se extienden por diez años, asegurando un flujo constante y predecible de recursos para que éstas planifiquen compromisos de gasto. Desde el undécimo año, el aporte será fijado a través de la Ley de Presupuestos.
"Regiones más fuertes"
Mientras que el proyecto de Regiones Más Fuertes que ingresará durante mayo al Congreso se estructura sobre tres ejes, y cada uno agrupa nuevas herramientas de gestión, competencias, habilitaciones y mejoras a la institucionalidad actual (ver recuadro).
"Estas dos medidas combinadas van a ser el avance más importante que tendremos en gestión financiera de los gobiernos subnacionales, y particularmente de las regiones, prácticamente desde el retorno a la democracia", mencionó el ministro de Hacienda Mario Marcel.
"Los ingresos de los gobiernos regionales aumentarán en cerca de un 20% en total y en alrededor de un 70% en relación con lo que son sus ingresos propios. O sea, pasarán de ser un servicio público que estaba incluido en la Ley de Presupuestos, igual que cualquier otro, a contar con financiamiento exclusivo de transferencias desde el Gobierno a Gobiernos Regionales, los que van a tener ingresos propios, facultades para administrarlos con autonomía y con la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía, actuar con transparencia, y rendir cuentas por el manejo de esos recursos. Esto es un cambio muy grande", agregó.
"Más expedito"
En la práctica, agrega la autoridad, "los Gobiernos Regionales, sobre la base de las necesidades de la comunidad, de las consultas que quieren realizar, van a tener los recursos y las competencias para financiar proyectos de desarrollo, de infraestructura productiva y social como escuelas y consultorios. Van a tener recursos también para fortalecer sus funciones en lo que es el manejo del territorio, determinar dónde se construyen áreas verdes, dónde se desarrollen espacios de esparcimiento o cómo se facilita el tránsito en la región (…) Ahora será un proceso mucho más expedito y respecto del cual la ciudadanía también va a tener mucho más derecho de exigir a sus autoridades la rendición de cuenta y la efectividad en el uso de los recursos".
