debió más a las redes que a su cercanía con la ciudadanía.

"No puedo decir que los que votaron por los republicanos sean todos de ultraderecha, no lo asemejo, siento que hoy día hay una tendencia a la tecnología de las campañas, siento que hay un alejamiento de la ciudadanía hacia la política, hacia los partidos, porque esta elección del domingo era una enfrentamiento político de las distintas miradas políticas, de los distintos partidos que fue una diferencia del proceso anterior donde hubo electo la mayoría de gente que representaba a la comunidad y que no estaba en partidos políticos", manifestó Ahumada.

Para Ahumada hay que realizar un análisis del proceso eleccionario. "Si es democrático o no lo es". Asimismo, indicó que cada uno de los partidos debe buscar las formas de recuperar la confianza de los electores y que se genere una mayor participación de las personas en política.

"Si miramos el discurso del domingo de Kast es como si hubiese ganado la presidencia y la disputa fue de los partidos, no estábamos viendo si el Gobierno estaba bien o mal, la disputa se ganó el domingo por un discurso de temor, un discurso donde pusieron como primer tema la seguridad. Acá pasaron dos cosas, la desinformación que le conviene a la derecha y ultraderecha y segundo, que no hicimos un trabajo con la gente, la gente está distante de nosotros porque dicen que el Gobierno es malo, que el "merluzo", que la seguridad, los migrantes y en eso se centró", añadió.

En esa línea, la presidenta de Convergencia Social, Nora Montero, comentó que "estamos reflexionando de manera colectiva y creemos que es muy necesaria la unidad, no sobra nadie y obviamente que vamos a tratar, con nuestro mayor esfuerzo, de re-encantar a las personas que no se sintieron representadas por nadie y votaron nulo".

Eventual rechazo

El proceso constituyente anterior tuvo, desde sus inicios, una postura muy clara de parte de un sector político, el rechazo, por lo que el trabajo realizado por los partidos de la derecha y sectores de derecha extrema fue una campaña que tuvo resultados favorable para ellos con un 61,86%.

Por lo mismo, esa situación hace que surja la duda si en este proceso se va a repetir el mismo escenario pero con quienes hoy son minoría en el Consejo Constitucional y no tendrán la libertad para poder plasmar todos los puntos y derechos que buscan defender.

Es por ello que, mientras a nivel nacional ya hay quienes aseguran que no van a aprobar una constitución en la que el país "retroceda", como lo afirmó el senador UDI, Iván Moreira en la jornada de este lunes, en Atacama los dirigentes de los partidos del pacto Unidad para Chile son más cautos con sus declaraciones y optan por esperar el desarrollo del proceso y el trabajo del Consejo Constitucional y no rechazar de antemano el texto.

En ese sentido, el presidente del Partido Socialista y concejal por Copiapó, Miguel Carvajal, señaló que "ningún partido en Chile tiene la capacidad de poder hacer una Constitución a la pinta de ellos porque eso no va a ser representativo de lo que quiere la ciudadanía. En el proceso anterior fue lo mismo y el resultado fue que no tuvimos una nueva Constitución siendo que también había una mayoría aplastante de un sector político en el país. La conclusión y moraleja que tenemos que tener sobre esto es que se tiene que hacer una Constitución que le haga sentido a la gente, que resuelva los problemas, más que un sesgo ideológico".

Marcela Araya (PS), consejera electa, sostuvo que no sería fácil el trabajo entendiendo que la derecha era mayoría, no obstante, debían llegar a consensos y acuerdos con el fin de redactar una nueva Constitución con altura de mira y en beneficio de las personas.

"Si nosotros como representantes de Unidad para Chile no logramos esos consensos que muchas veces tenemos que hacer vamos a escribir una Constitución que solo va a estar representada por este grupo que solo quiere mantener su status quo, protege mucho la propiedad privada, los intereses de los privados y del empresariado. Nosotros velamos por un Estado Social Democrático y que el Estado se haga cargo de los derechos sociales básicos".

Un proceso que al igual que el anterior contará con un Plebiscito de salida que está fijado para el 17 de diciembre. En ese sentido, para el presidente de Revolución Democrática, sería un fracaso rechazar un nuevo proceso Constitucional con todo lo que significa llevar a cabo un proceso de estas características".

Pese a ello, comentó que tanto el partido como el pacto se han planteado el escenario que la Carta Fundamental no responda las necesidades de la ciudadanía, sino que defienda los intereses de la derecha, "pero por ahora nosotros lo que estamos pensando es llegar con la mejor disposición al Consejo Constitucional, tratar de lograr acuerdos dentro del marco de lo posible con las fuerzas que representamos en este momento para poder obtener una nueva Constitución que en definitiva haga eco de las demandas que la ciudadanía viene plasmando hace mucho tiempo y, sin lugar a dudas, ahí va a haber una convocatoria importante para lograr esos acuerdo y esos diálogos porque el trabajo que ahí salga va a repercutir en la calidad de vida de las personas".

Una opinión similar comparte Rivas del PC. "Tenemos que vivir el proceso plenamente, hoy día el primer paso de este proceso es la elección de los consejeros y el segundo es la construcción de esta propuesta constituyente y de ahí vendrá el plebiscito de salida, tenemos que vivir el proceso y lograr que se logren cambios de esta Constitución pinochetista y no quede igual o de la manera que está planteando el Partido Republicano y algunos sectores".

23 escaños logró el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Fue el partido más votado con un 35,41% de las preferencias.

191.791 personas votaron en la Región de Atacama en las elecciones del domingo 7 de mayo.

16 consejeros electos logró el pacto Unidad para Chile en el Consejo Constitucional

30,22% de las preferencias obtuvo el Partido Republicano en la Región de Atacama.

34,25% de los votos de la región fue para el pacto Unidad para Chile, el más votado en Atacama.

La Comisión de Hacienda del Senado continuó con la votación en particular del proyecto de Royalty Minero, iniciativa que modifica los impuestos que pagan las grandes empresas del sector y que establece la distribución de recursos por US$ 450 millones a Gobiernos Regionales y Municipios de todo el país.

Previo al inicio de la votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, acordaron con los senadores de esta instancia presentar en los siguientes días un último grupo de indicaciones a la iniciativa, que en lo principal establecen una nueva carga tributaria potencial máxima diferenciada: de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA) para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF); y de 45,5% para las empresas que produzcan entre 50 mil y 80 mil TMCF.

Cabe recordar que la carga tributaria potencial máxima establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales (adicional). Es decir, si la suma de estos gravámenes supera dicho límite, el royalty se ajustará hasta alcanzar el porcentaje máximo establecido en la ley.

"Considerando los planteamientos que se hicieron en la primera parte de la reunión, estaríamos en condiciones de proponer entonces que en el caso del tope de carga tributaria, además del cambio en la base que ya habíamos conversado anteriormente, el tope quedaría en 46,5% para los explotadores con producciones mayores a 80.000 toneladas métricas de cobre fino al año y de 45,5% para los que estén entre 50 mil y 80 mil", explicó el ministro Marcel tras las últimas conversaciones con la oposición sobre el tema.

Inmediatamente después el senador Rodrigo Galilea (RN) afirmó el acuerdo: "El ministro ha expuesto los consensos que hemos llegado en temas de techo, tramos, sobre qué base y criterios para las comunas mineras".

Las nuevas indicaciones precisarán la forma de aplicación de dicha carga potencial máxima y especificarán con mayor detalle los criterios con que se distribuirán los recursos del Fondo para Comunas Mineras (por US$ 55 millones), uno de los tres fondos que crea esta ley para distribuir entre Gobiernos Regionales y Municipios del país.