La semana pasada presentamos el quinto estudio de la serie del Dicho al Derecho. Trata sobre "Trayectorias de Exclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad". Quizás sea el tema al que más le viene el epígrafe: Del Dicho al Derecho.

La discapacidad mental genera mucha declaración, mucha palabra escrita, mucha reivindicación acorde a los tiempos, pero los derechos de quienes la viven siguen postergados, invisibilizados, bypaseados y desconocidos en la práctica. Conviven, por ejemplo, en nuestra legislación cuerpos legales cuya redacción requiere con urgencia un cambio de paradigma, y eso que reconocemos -así lo expresa el estudio- que ha habido avances teóricos objetivos en la comprensión de la discapacidad mental en los últimos años en Chile.

Por eso, el mayor aporte, aquello donde deberíamos poner el acento en torno al estudio presentado por la Dirección Social del Hogar de Cristo, son las conclusiones finales resumidas en tres puntos y las palabras de cierre que relevan seis derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental.

Primera conclusión: Para lograr la inclusión hay que comprender la heterogeneidad de esta población y las diversas situaciones de desventaja que enfrentan. Las personas en situación de calle, por ejemplo, que tienen en un alto porcentaje trastornos síquicos, intelectuales, propios del consumo problemático de alcohol y otras drogas, ilustran con claridad ese cúmulo de dificultades. A esto se suma que la discapacidad mental es sumamente diversa: están los trastornos cognitivo-intelectuales y los sicosociales o siquiátricos, que significan realidades muy distintas.

Sin ánimo de hacer spoiler al estudio, les enumero los 6 derechos fundamentales que Hogar de Cristo plantea en busca del bienestar y la inclusión plena de las personas con discapacidad mental:

1)Derecho a la igualdad y no discriminación, así como al igual reconocimiento como persona ante la ley.

2)Derecho a la salud e integridad de la persona.

3)Derecho a la educación.

4)Derecho a la habilitación y rehabilitación.

5)Derecho al empleo

6)Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Ojalá todos comprendan lo importante de incluir a quienes tienen discapacidad mental, ámbito donde aún falta tanto para pasar del dicho al derecho.

En 2004 Chile era responsable de un 37% de la producción mundial de cobre. Pero en 2022 esta cifra bajó 10 puntos. Las proyecciones para 2030 no cambian la tendencia y se estima que Chile no superará el 27% de la producción cuprífera del orbe (y asumiendo el supuesto de que pueda concretar la totalidad de sus proyectos mineros).

Caída de las leyes de los minerales, mayor dureza de las rocas y el envejecimiento natural de los yacimientos en operación han ido marcando el presente de la minería nacional, donde hay que agregar que otros países mineros han entrado con ímpetu en la competencia, incluyendo naciones que antes no tenían protagonismo, como Mongolia en Asia, o la República Democrática del Congo en el corazón del continente africano, ambos con proyectos altamente atractivos.

Mientras tanto, el rumbo que estamos tomando está lejos de poner a Chile de nuevo en la cima de las grandes ligas de la minería.

Con más de cuatro años de tramitación -y tras el rechazo de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados- el proyecto de Royalty Minero está siendo observado como una especie de "santo Grial" para cubrir la mayor cantidad de necesidades fiscales posibles.

Lo anterior es preocupante.

Estando más cercanos a lo que parecen ser los acuerdos finales del proyecto, la Comisión de Hacienda del Senado ya aprobó la creación del Royalty Minero, mientras que las indicaciones que proponen una carga límite de 47% se votarán después de las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo.

El académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, ha encabezado un estudio donde queda claro que el proyecto de Royalty que actualmente se discute, significará la mayor alza para el sector minero en 68 años.

Más recaudación es positiva para Chile y sus regiones, pero será un disparo en el pie si no se considera el contexto que mueve a la minería, que es la competencia entre jurisdicciones, la competencia entre países que buscan inversionistas que den tracción a la actividad. Tracción que también mueve a miles de proveedores locales y encadenamientos productivos, y nada menos que a un 69% de los empleos de la Región de Atacama -de acuerdo a datos del Consejo Minero- lo que convierte a nuestra región en la que existe mayor participación laboral directa e indirecta en minería de todo el país. Estos datos son un hecho real de la causa y, por lo mismo, solicitamos al Senado tenga muy cuenta que las decisiones que tomen sí tendrán un efecto en nuestras comunidades.

La inmigración irregular está llevando el escenario geopolítico del sur de Sudamérica a un nuevo estado, donde las relaciones entre vecinos vuelven a tensionarse aunque en esta ocasión el país debe estar mucho más preocupado respecto a los litigios vividos con Perú y Bolivia en LaHaya.

La razón es muy simple: estamos hablando de personas que están en la frontera sin saber de sus destinos y porque acá ya no hay un árbitro que permita dirimir asuntos, lo que inevitablemente llevará a que los países deban resolver estos temas. Y eso no es para nada sencillo.

Ya desde el país incaico autoridades están traspasando el problema a Chile, lo que queda patente en declaraciones como la del alcalde de Tacna, quien dijo que "no debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera", en referencia al Presidente Gabriel Boric.

Los dichos son irrisorios, pero para nada sorpresivos y su tenor tampoco. Y es que en el país incaíco el gritar más y más fuerte es "deporte nacional" en política, como también es sabido que sus políticos no son el mejor ejemplo de probidad. Que un Presidente sea destituido y quede en prisión a esta altura está dentro de lo normal.

En el caso de Bolivia, por años sus autoridades no han controlado el narcotráfico y la delincuencia en la frontera y de hecho se ha conocido que militares permiten el paso de vehículos robados desde Chile, claro está previo pago de una suma de dinero.

Es la lamentable realidad con la que deberá vivir Chile. Sin árbitro de por medio, deberá jugar un partido en que el rival pega sin que le importe y que en muchas ocasiones no tiene fair play.

De esta manera, el Gobierno y la Cancillería deben ser firmes y ocupar el diálogo, sin que esto signifique que el país sea visto como sumiso.

En un partido en que no hay reglas, se debe ser capaz de llegar a ciertos marcos por más imposible que sea y buscar rápidamente un árbitro. O sino podemos tener un problema que se desborde.