Redacción

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 29 de mayo la primera audiencia por el caso que investiga el eventual sobreprecio que pretendía pagar la Municipalidad de Santiago por la adquisición de las instalaciones en las que funcionó la Clínica Sierra Bella, monto que prácticamente cuadruplicaba el pagado meses antes por su actual dueño, la inmobiliaria San Valentino.

La calendarización se hizo a petición de esta empresa, que días atrás anunció que buscarían recuperar el vale vista incautado por orden judicial -y que correspondía a la primera de las tres cuotas pactadas por las partes-. Dicha parte detalló además múltiples irregularidades en la negociación que, indicaron, encabezó la propia alcaldesa Irací Hassler, fuertemente cuestionada por este frustrado negocio.

Además San Valentino ingresó ante el tribunal una cautela de garantías para que se especifique la causa seguida por el Ministerio Público contra su dueño, Felipe Sánchez.

Su abogado defensor, Luis Vergara, indica en el escrito que esto tiene como finalidad que "el señor fiscal le informe a mi representado respecto de los hechos que son objeto de su investigación en la presente causa en consideración a que en esta investigación no se ha formalizado a mi representado y le afecta la incautación del depósito a la vista endosable que permanecía en poder del señor notario Félix Jara Cadot, el cual fue entregado por la Municipalidad de Santiago a la sociedad que representa -Inversiones San Valentino Spa- en virtud de contrato de compraventa de bien inmueble de fecha 20 de enero de 2023".

Sin querella

Durante la jornada de ayer también se conoció que la alcaldesa Hassler aún no ingresa las querellas que anunció el pasado 14 de abril contra los responsables de las tasaciones de Sierra Bella, aunque desde el municipio aseguraron que los respectivos documentos están en etapa de revisión por parte del equipo técnico y que serán presentadas en los próximos días.

Por lo anterior, en el Concejo Municipal han manifestado sus dudas por la tardanza en tomar la acción legal. "La alcaldesa suele hacer anuncios y luego no hay constatación de que ellos se implementen", dijo la concejala Rosario Carvajal (independiente).

El concejal Juan Mena (RN) sostuvo que la alcaldesa "miente y culpa a terceros de su propia mala gestión. Como informó la inmobiliaria, Irací Hassler siempre estuvo al tanto de todo. No ha hecho mea culpa ni autocrítica, soberbiamente terceriza responsabilidades. Uno puede delegar autoridad, pero jamás responsabilidad. Y aún no presentan esas acciones legales, y nos gustaría saber por qué".

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó ayer en general el proyecto de ley que busca aumentar el salario mínimo de manera progresiva durante los próximos meses hasta llegar a 500 mil pesos en julio de 2024. Sin embargo, el debate estuvo atravesado por la polémica en torno al apoyo a las pymes, que asumirían el costo de esta propuesta.

Mientras el tema se debatía en Valparaíso, en el ministerio de Economía se desarrollaba una reunión entre el titular de cartera, Nicolás Grau, y representantes de una docena de gremios de pymes para buscar un camino que permita que se cumpla con el compromiso asumido con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la vez no se perjudique a los pequeños empresarios.

En esa cita el director de Asech, Rodrigo Silva, pidió "equilibrar" las fórmulas, porque con la ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales más el 6% de cotización adicional con cargo a los empleadores y el aumento del sueldo mínimo "el primer piso de Chile del emprendimiento no resiste y el edificio se va a venir abajo".

Tanto Grau como las pymes destacaron que existe ánimo de avanzar y que se le dará continuidad al apoyo, lo que plasmaron en una declaración que se hizo llegar a la Comisión de Trabajo de la Cámara, a la que asistían los ministros Jara (Trabajo), Elizalde (Segpres) y Marcel (Hacienda).

Sin embargo, el diputado Cristián Labbé cuestionó que tal vez los dirigentes hubieran sido presionados para firmar el texto, con lo que se ganó las críticas del titular de Hacienda: "Parece que tuviéramos un oído selectivo respecto de lo que las pymes señalan. En algún momento pedimos que vengan a exponer, pero cuando señalan algo por escrito no le hacemos caso".