Redacción

Luego de trabajar un par de meses en casi total armonía, ayer se generó el primer conflicto intenso entre representantes del oficialismo y la oposición en la Comisión Experta que elabora el anteproyecto de nueva Constitución que luego deberá ser discutido por el Consejo Constitucional, cuyos 50 miembros serán elegidos el 7 de mayo.

El desencuentro tuvo su origen en una minuta de quienes representan a partidos detractores del actual Gobierno, en la que se advierte sobre las enmiendas presentadas por los comisionados oficialistas que tendrían "parecido" con el texto propuesto por la Convención Constitucional que fue rechazado en el Plebiscito del pasado 4 de septiembre.

El texto dado a conocer por Emol plantea, entre otros puntos, que las indicaciones oficialistas eliminan que "el Estado está al servicio de las personas", "la libertad para adquirir toda clase de bienes", "la no discriminación arbitraria del Estado en materia económica", "la libertad de elegir el régimen de salud", "el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos" y "las fuentes de financiamiento alternativas a la gratuidad estatal".

El comisionado Hernán Larraín (UDI) abordó el tema, afirmando que "se está produciendo un problema que es que muchas de las enmiendas corresponden a textos de la Convención, entonces, si esa Convención, si esos textos fueron rechazados, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Estamos intentando revivir algo que la ciudadanía rechazó, a través de este proceso, lo cual es ciertamente la crónica de una muerte anunciada?".

Su par Jaime Arancibia (cupo RN) complementó que "algunas de las propuestas y de las enmiendas efectivamente se asemejan o se acercan bastante a las propuestas de la Convención, que fueron parte del Rechazo ciudadano en septiembre pasado. Tiendo a pensar a que sobre todo en mi subcomisión hay algunas en materia de derecho de propiedad y en materia de estado empresario. Uno puede decir que hay un cierto espíritu de acercarse al texto de la Convención rechazada".

"Artificiosa"

Ante esta ofensiva, la comisionada Leslie Sánchez (PPD) afirmó que "es una comparación bien artificiosa y antojadiza que hace la oposición, porque acá en nuestro país han habido demandas que son anteriores a ambos procesos constitucionales. Desde hace muchos años Chile viene planteando y es de toda lógica que se repitan una y otra vez, porque son demandas ciudadanas constantes".

De la misma forma, la comisionada Antonia Rivas (Apruebo Dignidad) coincidió "en que es un ejercicio un poco ficticio. Yo creo que lo que hicimos nosotros al presentar las enmiendas fue recoger anhelos y demandas de la ciudadanía que vienen de mucho antes de la Convención, que evidentemente estuvieron recogidas ahí, pero uno no puede desacreditarlas porque estuvieron en el proyecto. También muchas de ellas lo estuvieron en el texto de la ex Presidenta Michelle Bachelet y salieron en los procesos participativos".

"Yo encuentro relevante e importante que el ejercicio teórico que se haga sea un ejercicio serio, que responda a las demandas ciudadanas y no a demonizar ejercicios que de alguna manera tienen que ver con la Convención, porque estaban ahí. Uno podría hacer el mismo ejercicio al revés de las normas de la Constitución del 80 y ese no es un ejercicio correcto", añadió Rivas.

En estos días, cuando estamos entrando en el otoño, con bajas de temperatura y sus primeras lluvias en la zona centro sur, es importante recordar y reflexionar sobre los trágicos y feroces incendios forestales que experimentamos durante el verano. Una vez terminadas las emergencias, debemos detenernos y analizar los impactos de largo plazo en la biodiversidad, en las comunidades y en el sector productivo que nos abastece de madera. Es importante además preguntarnos cómo podemos reducir la ocurrencia, ser más efectivos en su combate y reducir las amenazas. Para ello, es decisivo generar una conversación transversal que nos permita analizar y rediseñar las acciones de prevención, de combate, pero por sobre todo del diseño del paisaje con énfasis en la sustentabilidad de largo plazo en un escenario de cambio climático, con mayores temperaturas, olas de calor y menores precipitaciones.

Es preocupante que, por segunda vez en menos de diez años, se produzcan nuevamente mega incendios con una gran pérdida de vidas humanas, viviendas y una superficie de bosques afectados al menos seis veces superior al promedio de incendios de los últimos cinco años. Estos incendios dejan extensas áreas desprovistas de vegetación, con un fuerte riesgo de erosión y sin posibilidad de entregar la gran variedad de servicios ecosistémicos que los bosques nos dan como, por ejemplo, la captura de carbono, el equilibrio de la temperatura y el control de erosión, afectando directamente a las comunidades cercanas que dependen de ellos. Adicionalmente, la gran cantidad de carbono liberado a la atmosfera por estos mega incendios, calculada en mas de 50 millones de toneladas, contrarresta en seis veces todo el esfuerzo que estamos realizando para descarbonizar nuestra matriz energética, equivalentes a ocho millones de toneladas en el 2022.

Como una respuesta a los siniestros del 2017 y después de numerosos reportes académicos y de organismos internacionales, durante los últimos cinco años, se han aumentado significativamente los recursos públicos y privados para el combate y prevención. Por ejemplo, los recursos aéreos de Conaf han aumentado en al menos cuatro veces, pasando de 16 aeronaves el año 2016 a 63 actualmente. El Estado ha actualizado su institucionalidad de prevención y respuesta a desastres, a través de Senapred, mientas que los propietarios y empresas han tomado medidas de prevención significativas como, por ejemplo, la disminución de material inflamable en las plantaciones y la generación de cortafuegos de importantes dimensiones, entre otras.

Más que lamentarnos, lo que hoy nos queda es hacer frente a la oportunidad que presenta la reconstrucción y restauración de las superficies quemadas. Aparte de apuntar a mejores estrategias de combate y prevención, debemos buscar una solución integral que nos permita actualizar el controvertido paisaje forestal. En las próximas semanas y cuando las emergencias hayan pasado, se debería impulsar un debate amplio respecto a cómo reconstruirlo, con la finalidad de buscar la sustentabilidad social, ambiental y productiva. Se debe propiciar un espacio para un diálogo entre las comunidades, el Estado, las ONG, universidades y empresas forestales, en favor de diseñar un mosaico de bosques nativos y plantaciones que permitan restablecer los servicios ecosistémicos, reducir la erosión y producir madera. Todo esto, junto con brindar una mejor calidad de vida y empleos para quienes habitan la zona centro sur del país.

(*) Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)