"Nosotros estamos cumpliendo un rol de facilitar el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo"
Fue el año 2022 cuando la Corte Suprema anuló la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, el que había condenado a la Minera Maricunga a reparar el daño ambiental a la vega Valle Ancho en el sector del Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, en el altiplano de la Región de Atacama.
De esa forma, la Corte Suprema ordenó que el tribunal volviera a ver la causa, razón por la cual este lunes 17 de abril el Segundo Tribunal Ambiental realizó una inspección personal en puntos clave del proceso de conciliación de las dos demandas realizadas por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la minera en el 2016.
La inspección personal consideró las vegas Pantanillo y Valle Ancho del Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, y el sector de los pozos de extracción de aguas del proyecto minero Refugio, RA-1 y RA-2, localizados en el mismo corredor, que a su vez forma parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.
A la visita concurrieron equipos profesionales del tribunal, representantes de los demandantes y demandados y los ministros Cristián López, Daniella Sfeir y el presidente (s) Cristián Delpiano, quien además conversó con El Diario de Atacama para explicar el proceso actual y la conciliación que se está llevando a cabo.
"La visita tuvo por objeto identificar las apuestas que se estaban haciendo entre las partes, el CDE y la compañía minera Maricunga, y verificar el terreno, las distintas propuestas que había para solucionar la controversia y su potencial efectividad. A partir de ahí nosotros tenemos que determinar que se cumpla el estándar que exige la ley, que es que efectivamente el daño que se alega sea reparado", explicó Delpiano respecto al contexto de la visita.
¿Esto de acuerdo al plan de reparación presentado por la minera Maricunga en abril del 2022?
-Ellos presentaron en 2022 lo que se llama un plan de reparación ante al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual le hizo observaciones y la compañía minera Maricunga realizó algunas consultas al respecto, abordó las observaciones y estaban esperando la respuesta del CDE a esas observaciones, esa es la situación actual.
Entonces, a partir de eso, el paso siguiente de la compañía minera es entregar una nueva versión del plan de reparación con las observaciones del CDE, así como las nuestras como tribunal y esas dos vías van a ir en paralelo, porque cualquier acuerdo que ocurra en esa causa tiene que pasar por autorización del tribunal.
¿Cuál es la situación que ustedes pudieron constatar respecto al estado de las vegas?
-Lo que dice la compañía es que se redujo la extracción de agua, porque hoy la minera no está en operaciones, sino que está solo en operaciones de mantenimiento de ciertos elementos que están arriba y el efecto que ha producido esa disminución en la extracción, ha permitido la recuperación de la vega. Nosotros hemos visto fotografías históricas de la vega desde el 2016 hasta ahora, y hemos podido constatar que ha habido una recuperación de ambas vegas. Eso tenemos que determinar y lo que está en línea con las propuestas que están haciendo, es si es que esa recuperación es o no suficiente o si hay que hacer más y qué tipos de medidas hay que adoptar para continuar con la recuperación completa de las vegas.
Tenemos que identificar si la propuesta que ellos hacen cumple con el estándar, que en este caso es la reparación del daño ambiental alegado.
¿Qué medidas están adoptando para evitar que se anule una posible condena como lo ocurrido en 2022 por la Corte Suprema?
-Desde el punto de vista procesal, como nosotros tenemos que volver a conocer de la causa, tenemos todos los mecanismos previstos, quienes concurran a la vista de la causa tienen que ser los que tienen que decidir finalmente. Pero como estamos en un proceso que es de conciliación, esa situación no necesariamente se produce, porque no es una cuestión de decisión de nosotros en torno a si se produjo o no el daño ambiental y si se requiere reparación, sino que lo que nosotros tendríamos que hacer es autorizar una eventual conciliación que ellos nos presenten como parte y el análisis que se hace ahí es, si efectivamente esa conciliación cumple con el estándar que exige la ley.
Si esa conciliación llegara a fracasar y no se llegara a acuerdo, ahí recién vamos a ver el tema del probatorio, de las integraciones, etc.
¿Cuáles son los pasos que quedan ahora en este proceso y los plazos establecidos?
-Hay plazos que están definidos por acuerdo del tribunal, entre las partes y el tribunal, en este momento nosotros estamos cumpliendo un rol de facilitar el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. En rigor dependen más de condiciones que plazos en sí, no hay una fecha cierta, sino ciertas condiciones que se tienen que cumplir.
El paso siguiente es que la compañía va a presentar un texto refundido de la propuesta de plan de reparación con todas las observaciones que se hicieron por parte del tribunal, tanto en las audiencias previas, como las sugerencias en terreno, y las observaciones que hizo el CDE. El paso siguiente es que con esos insumos la compañía minera va a presentar un plan de reparación que va a ser analizado en paralelo, entre el CDE y el tribunal para poder ir avanzando.
Si es que el plan de reparación que presenten satisface los estándares a juicio del tribunal, correspondería que se autorizara y a la vez el CDE tiene sus propios procedimientos internos donde también tendrían que aceptar el acuerdo.
Si eso no llegara a ocurrir tendríamos que ver cómo seguimos, un paso más o una versión tercera o alguna otra medida, pero habiendo disposición de las partes de conciliar y habiendo voluntad de llegar a un buen acuerdo, yo veo muchas posibilidades de éxito a la actual conciliación y nosotros tenemos que velar que cumpla el objetivo de recuperar las vegas que están en conflicto.
"Tenemos que determinar que se cumpla el estándar que exige la Ley, que es que efectivamente el daño que se alega sea reparado"