El Gobierno entregó ayer el detalle del plan Calles sin Violencia, que es parte de la política nacional contra el crimen organizado y que busca establecer una estrategia de largo plazo para desbaratar las organizaciones criminales a través de la disminución de su poder de fuego y su poder económico.
La idea de esta iniciativa es disminuir los homicidios y delitos violentos a través de la intervención inicial de 46 comunas a nivel nacional, 22 de la Región Metropolitana y 24 del resto del país, entre las que están todas las capitales regionales. El criterio para elegirlas fue la ocurrencia de asesinatos, según las cifras oficiales del Observatorio de Homicidios, donde participan las policías, Servicio Médico Legal y Ministerio Público.
El delegado presidencial en la Región de Coquimbo, Rubén Quezada, ejemplificó que "vamos a intervenir con un plan especial enfocado en poder aumentar la persecución penal, el retiro de armas y la recuperación de espacios intervenidos".
Y aunque el plan fue bien valorado por algunos gobiernos locales, también hubo críticas de algunos sectores y la sensación de que las medidas son insuficientes.
La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao (DC), opinó a favor de la iniciativa, pero remarcó que no es suficiente: "No hay alcalde o alcaldesa que no piense y crea que todos sus vecinos queremos y quieren calles sin violencia, y este plan nos gustaría que estuviera, por supuesto, en todas las comunas de Chile".
Sin embargo, remarcó que como "el delito es dinámico, espero que esto que parte en algunas comunas con intervenciones específicas, sea más bien el inicio de algo que permita que todas nuestras comunas en todo Chile, tengan calles sin violencia. Este debe ser un trabajo mucho más macrosectorial".
Una posición similar planteó Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana: "Las áreas metropolitanas tienen límites comunales que son prácticamente invisibles. Hay personas que a veces cometen un delito en la comuna de Vitacura, pero viven en Huechuraba y esconden las armas en Quilicura. Se necesita una mirada metropolitana, porque tenemos comunas completamente conurbanas".
Críticas comunales
Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, comuna que no está incluida en el plan, mostró con mucho más dureza este mismo punto de vista: "El tema de seleccionar les va traer alivio a esos barrios, pero la delincuencia se va a trasladar a otros. Si no se toman otras medidas mucho más de fondo, la verdad es que esto es solamente apretar el globo de un lado para que se infle por otro".
Pero en los sectores que sí son parte del plan hubo una buena recepción.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), agradeció su inclusión pero también expresó que "es importante que todo este tipo de estrategias contemplen estos factores para poder construir en conjunto, más allá de la situación en particular de cada comuna, una ciudad que brinde mejores condiciones de seguridad para todas sus vecinas y vecinos". La jefa municipal de Colina, Isabel Valenzuela (UDI) aseguró que "sólo nos informaron que existen recursos en algunas áreas y que habría mayor dotación, pero no existe un detalle de lo que significa este plan Calles sin Violencia".
Tres líneas de acción
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el plan Calles sin Violencia en las 46 comunas incluidas, contempla tres líneas de acción. La primera es un eje para tener una "persecución penal efectiva" con el objeto de esclarecer los homicidios y delitos asociados a ellos. La segunda tiene que ver con la actividad policial y plantea un "patrullaje policial efectivo" para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos. Y en tercer lugar, se plantea la "fiscalización de infracciones e incivilidades".
