Como no recordar, los aluviones que azotaron a la región en los años 2015 y 2017, que sin lugar a dudas, han sido unos de los eventos más catastróficos de los últimos años. Estos fenómenos naturales, se prevé que sean cada vez más recurrentes, debido al cambio climático inminente que vive nuestro planeta, donde se auguran fuertes cambios en las temperaturas en un futuro inmediato, lo que en consecuencia, provoca el incremento de lluvias en zonas cordilleranas, incendios forestales y un sin número de eventos meteorológicos extremos. Pues bien, el MOP, a través de la Dirección de Aeropuertos (DAP), quien periódicamente ejecuta obras de conservación y mejoramiento que permiten que los aeródromos se mantengan operativos para ejecutar de mejor manera su rol en la conectividad aérea regional, así como también con las operaciones de apoyo a la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico sustentable en la conectividad, integración territorial, equidad y calidad de vida de las personas, mantiene una "Red de Pequeños Aeródromos" que se han transformado en los últimos años, en el principal puente aéreo en casos de emergencia, el cual ha formado parte de los planes de inversión más completos que se han ejecutado, tomando vital importancia en la conectividad del territorio nacional, especialmente como se ha señalado en casos de emergencias, desastres naturales y evacuaciones Aeromédicas.

En Atacama, contamos con 4 aeródromos y un aeropuerto de red primaria, los que se encuentran ubicados en las Comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Vallenar. A esto se suma, un plan que la DAP está llevando a cabo, para la construcción de puntos de posada para helicópteros en zonas aisladas para casos de emergencia, con el fin de dar mayor cobertura aérea en costa, valles y cordillera de la región. Cabe señalar que esta dirección, es también la encargada de dotar al país de servicios de infraestructura aeroportuaria de todo nivel, asegurando estándares de calidad, seguridad y eficiencia, para la satisfacción de las necesidades de los diversos actores del sistema de transporte aéreo. Es por eso, que en nuestro ministerio es muy relevante mantener estos aeródromos operativos y en buenas condiciones todo el año, ya que de esta forma podemos responder no solo a las necesidades del día a día, sino también responder oportunamente a las contingencias y situaciones de emergencia como las vividas. Ejemplo de ello, la operatividad plena que tuvo el aeródromo de Chamonate luego de los aluviones, dejan de manifiesto las capacidades de estos recintos, con eficiencias enormes que contribuyen a salvar vidas y disminuir las brechas de aislamiento.

Angélica Munizaga

Directora regional de Aeropuertos del MOP Atacama

9 años | 14 de abril de 2014

El peor incendio en la historia de Valparaíso

El incendio más violento que recuerde Valparaíso, que se libró la tarde del sábado y ya arrasó vastos sectores de al menos cinco populosos cerros de esta ciudad, dejó al menos 11 muertos y unos 8.000 desplazados.

El incendio destruyó almenos 1.200 viviendas y ayer mantenía a un enorme contingente de bomberos.

13 años | 14 de abril de 2010

Copiapinos sienten la "crisis de la cerveza"

Incredulidad, molestia y no poca sorpresa se llevaron los clientes de schoperías, botillerías y supermercados que salieron este fin de semana a comprar la siempre popular y valorada cerveza. Y es que precisamente en un fin de semana largo, las estanterías del comercio copiapino evidenciaban la escasez de esta bebida en sus diferentes versiones.

El fiscal nacional, Angel Valencia, entregó un instructivo que ha causado debate en los últimos días respecto a la prisión preventiva. La normativa para los fiscales a lo largo de Chile implica que se debe pedir esta medida cautelar para los extranjeros indocumentados que hayan sido detenidos por algún delito. La acción es considerada como razonable por la ministra del Interior, Carolina Tohá, como también para otros actores. Y ciertamente lo es, aunque cuando se habla de orden jurídico, estos procesos necesitan de precisiones. Y estas no están.

Vamos por parte. En lo general es razonable que al no tener elementos de identificación, sea más difícil ubicar a quiénes son acusados de quebrantar la ley y, por ende, es el Estado el que a través de su sistema penitenciario entregue garantías que el proceso de identificación termine. La prisión preventiva parece estar justificada.

Sin embargo, ¿la medida de la Fiscalía tiene un efecto uniforme?. Lo cierto es que depende del caso a caso.

Los fiscales pueden pedir las medidas cautelares que quieran, pero son los jueces los que dictaminan si las otorgan o no. Y es acá donde la "pelota" o la "presión" comienza a ser ejercida hacia ellos, a través de dictámenes basados en el Derecho y caso a caso. Sin norma de procedimiento, habrá extranjeros indocumentados que terminarán en prisión preventiva y otros que no. En este contexto, es preciso no apuntar con el dedo a los tribunales, dado que fallan bajo parámetros que están establecidos en su labor.

Por otra parte, fundaciones migrantes han acusado que la prisión preventiva para detenidos indocumentados "criminaliza" a sectores. Esto no convence, dado que como se mencionó, es totalmente razonable que personas que quebrantaron la ley deban ser identificadas para lograr un debido proceso.

Pero sí es posible que se terminen estableciendo distorsiones. "Respecto del delito que va a justificar la procedencia de la prisión preventiva podría haber situaciones de trato diferente de nacionales y personas extranjeras", plantea el profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Jaime Vera.

Ello puede ser válido, también. Y es que puede pasar que se termine en una desproporción de una cautelar, lo que debe ser analizado más en un contexto de colapso carcelario. No puede pasar que un extranjero indocumentado que vendía elementos piratas esté en prisión preventiva, mientras un chileno que cometió un hecho más grave termine con un arresto domiciliario u otra cautelar.

La medida requiere ajustes, basados en criterios técnicos y sin populismos, tarea que debe llevar adelante el Congreso.