Por su parte, Marco Aguirre, administrador de la Corte de Apelaciones de Copiapó, agregó que previo a la pandemia en Alto del Carmen se organizó un Tribunal Itinerante, donde se constituía un tribunal en el lugar, trasladándose un juez y todo el equipo para dar servicio a la comunidad.

"Logramos hacer dos actividades, nos constituimos, fue una actividad muy importante con un gran efecto social en la comuna, en especial para las personas que deben movilizarse, donde para ir a declarar deben ir hasta Vallenar y requieren de todo el día para ir a su audiencia", sostuvo Aguirre.

Actualmente cuentan con el proyecto Conecta Pjud, un sistema informativo que consiste en un módulo de autoatención con una cámara, que permite a las personas comunicarse con un tribunal para resolver consultas y situaciones, derivando al usuario al tribunal que corresponda. Una acción que pudieron materializar tras un convenio con la municipalidad de Alto del Carmen y que pretenden replicar en otras comunas como Tierra Amarilla, El Salvador, entre otras.

Tipos de causa

Por otro lado, dentro de las situaciones y tipo de causas más recurrentes en comunas rurales y más alejadas tienen que ver con situaciones de violencia intrafamiliar, hurtos menores, problemas de cierre de terrenos, mientras que delitos de alta connotación socia son menos frecuentes, como homicidios, robos violentos y drogas.

"Pero como no hay un tribunal no sabemos si hay algunas causas que se llaman "dormidas", porque cuando se crea un tribunal empiezan a fluir inmediatamente situaciones que se ignoraba", resaltó el ministro.

Distinto es el caso de las comunas con mayor población, donde la mayor parte de las causas son por violencia intrafamiliar, homicidios, drogas, robo con intimidación o con violencia y lesiones.

"Para ser una ciudad chica tenemos una tasa de homicidios que no es irrelevante", acotó.

Asimismo, los casos relacionados con droga también han ido ganando terreno, muchos de ellos con participación de migrantes, los que culminan con condenas o con expulsiones, como medida compensatoria a la pena.

Otro de los grandes temas que diariamente ve la Corte de Apelaciones de Copiapó es la situación de los inmigrantes. Esto a través de recursos de apelación o de amparo que se presentan en contra del servicio de migración por la demora de sus trámites, los que pueden tardar hasta tres años en resolver, tiempo que las personas tardar en regularizar su permanencia en el país, quedando entonces como ilegales dentro de Chile.

"La corte acoge estos recursos y fija para que se les dé un plazo razonable y una respuesta. Hay personas que hace dos años ingresaron un documento con una solicitud y el papel está exactamente igual y recurren porque tienen derecho a un debido proceso, la ley lo dice", explicó el presidente Krumm.

Situaciones que generan, en muchos casos, otras problemáticas sociales, puesto que en todo ese tiempo los migrantes deben recurrir a otras formas de trabajo fuera del marco de la ley por su estado migratorio e incurriendo en trabajos precarios e incluso situaciones ilícitas para poder sobrevivir.

"Los recursos de protección abarcan un sinfín de materias, algunos son acogidos y otros no, por distintas razones, pero es un mecanismo de una resolución corta a casos urgentes", acotó Krumm.

17 tribunales tiene la jurisdicción del Poder Judicial en la Región de Atacama, los que están distribuidos en el territorio.

13 años como ministro cumple este año Pablo Krumm, presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

4 causas diarias de recursos de protección o de amparo ve la Corte de Apelaciones de Copiapó por temas migratorios

tratamos de hacer los máximos esfuerzos, el problema es que tenemos recursos limitados. Las víctimas sienten que no se les otorga justicia porque existe un proyecto que creaba la Defensoría a la Víctima para dar servicios de apoyo, pero eso quedó en un proyecto y en lo personal creo que es necesario", subrayó el presidente de la Corte de Apelaciones.

MIGRANTES

Con el fin de abordar diversas temáticas e inquietudes sobre el futuro de Atacama que tiene la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), su presidente Juan José Ronsecco, el vicepresidente senior y gerente de Chile, Giancarlo Bruno, y el chief financial officer de Capstor Copper, Fernando García, se reunieron con la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner.

En la instancia se abordaron aspectos como infraestructura, donde Ronsecco le indicó a la autoridad nacional que la infraestructura regional no era atractiva para retener a profesionales jóvenes.

"Esto debido a innumerables problemas, como la postergación permanente de proyectos que permitan cambios radicales, al centralismo, a la fluctuación de los valores del cobre dado que nuestra región depende de la pequeña y mediana minería, y los aluviones en 2015 y 2017, cuando sólo se entregaron recursos paliativos para salir de la contingencia, pero no se ha trabajado en pos de un desarrollo armonioso y de mejorar la calidad de vida en la región", manifestó.

Asimismo, sostuvo que frente la baja del sector frutícola, en particular la uva de mesa, la minería era clave para la actividad económica regional.

"Nos preocupa el desincentivo en la inversión en este sector debido a la incertidumbre del último tiempo. Creemos que es importante poder entregar reglas claras y de incentivo, con la capacidad de generar una dinámica pro inversión",

En cuanto al PIB Regional, la minería en Atacama representó un 35% del total en 2021, mientras que en 2022 bajó al 31% del total.

Por otro lado, resaltó que para los socios de CORPROA era preocupante el aumento de la tasa de desocupación, que alcanzó un 8% en el último trimestre, pero podría aumentar en los próximos meses, ya que finalizan dos de los tres proyectos mineros en fase de construcción, Salares Norte y Rajo Inca, lo que implicará un aumento de desocupados cercano a 6.000. El presidente de CORPROA abogó por destrabar con urgencia iniciativas que estén en procesos de viabilidad, proyectos retenidos por la incertidumbre sobre la Política Nacional del Litio o los alcances del proyecto de Royalty, poniendo de ejemplo los casos del Proyecto Blanco y Fénix Gold, respectivamente.

Al respecto, Ronsecco planteó que la actividad minera era el principal empleador de la región, aportando el 18% de la ocupación en Atacama a diciembre 2022; pero si se aplica la tasa de 2,55 personas relacionadas en trabajos vinculados con la minería (de acuerdo a estudio del Consejo Minero), la actividad minera absorbe un 67% del total de empleos en la región de Atacama.

Pablo Krumm de Almozara, presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó señaló que gran parte de las causas que a diario veían eran recursos de protección, en especial por el tema del alza de los planes de Isapre, llegando a tener en un momento más de 1.500 recursos. "El poder judicial termina resolviendo problemas que son políticas públicas y terminamos solucionando por la vía del recurso de protección, pero el problema persiste, porque resolvemos el caso de una persona, pero no podemos con los cien que están en la misma situación", señaló. Casos que llegan a tribunales por no poder solucionarse por otras vías, retrasando otras causas por el tiempo que les genera resolver cada una de ellas. En ese sentido, el año 2022 la corte definió procedimientos especiales, con una sala extraordinaria para resolver ese tipo de recursos.