Un grupo de cerca de diez manifestantes intentó llegar a la casa del Presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que generó disturbios en distintas ciudades del país. Hasta el cierre de esta edición se había informado de 30 detenidos por diferentes actos que se concentraron en el centro de la capital.
Luego de que el Presidente Gabriel Boric expresara el martes, tras participar en la ceremonia fúnebre de la sargento de Carabineros Rita Olivares, que "vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado", en referencia aparente a la forma en que se expresaron muchas actuales autoridades a la policía uniformada en el pasado, varias figuras de la oposición comentaron sus dichos.
El senador Iván Flores (DC) pidió más claridad: "Las cosas hay que decirlas sin ambigüedad. Un mea culpa claro, una disculpa a Chile por haberse expresado en contra de la institucionalidad".
"Del supuesto arrepentimiento del actuar pasado del Presidente Boric, la verdad es que no le creemos y no le creemos, porque no hay ningún hecho concreto que lo demuestre", dijo el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
No ayudó a que se calmaran los ánimos la disputa en la que entró Boric luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), dijera que durante el estallido social "si hubo violaciones a los derechos humanos, fue porque los carabineros no tenían cómo defenderse".
El jefe de Estado respondió que "las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación". Ante ello Matthei respondió que "lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted que se ha dado tanta voltereta". Y le pidió que "madure y gobierne".
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo qyer que "llamaría a la alcaldesa a respetar la institución presidencial y a no infantilizar la defensa de los derechos humanos", ante lo cual Matthei opinó en el matinal "Nuestra casa", que "la gente que rodea al actual presidente Boric, y también él en persona, alentaron la violencia en forma clara, sin esconderse. Que la polera del perro matapacos, que llamar con todo tipo de epítetos a los carabineros, y me parece que eso no es aceptable".
Boric afirmó ayer que "en estos temas tan sensibles para la ciudadanía, tratar permanentemente de hacer polémica entre políticos, solo dificulta la labor. Las polémicas, los dimes y diretes, no sirven para nada y hacen daño. A eso justamente es que no quiero entrar".
La Cámara de Diputados aprobó por 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones la Ley Naín-Retamal, que había sido levantada como emblema por la oposición para avanzar en la agenda de seguridad planteada por el Gobierno y acelerada tras el asesinato de dos carabineros en las últimas dos semanas: el cabo Álex Salazar y la sargento Rita Olivares, ambos ascendidos de manera póstuma.
De esta forma, el proyecto que apunta a otorgar mayor protección legal a funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, avanzó al Senado, pese a los cuestionamientos de parlamentarios oficialistas y la división de votos entre sus filas: el Socialismo Democrático estaba por aprobar la iniciativa, mientras que en Apruebo Dignidad expresaban sus reparos.
La propuesta aprobada es la fusión de los proyectos Ley Naín y Ley Retamal: el primero aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mientras que el segundo establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.
Ambos proyectos tuvieron su origen en la muerte de dos mártires de Carabineros, cuyas familias estuvieron presentes en las galerías del hemiciclo.
Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín, asesinado a balazos en el sector de Metrenco en 2020, recordó que "ya son dos años y medio que estoy peleando por esta ley. He venido a tocar puertas, he hablado con Boric, he hablado con miles de personajes. Yo sinceramente prefiero que ocupen su arma con seguridad, no con el miedo de que lo pueden dar de baja".
Evelyn Decurgez, viuda del sargento Carlos Retamal, víctima de un ataque homicida con un fierro mientras fiscalizaba carreras ilegales en San Antonio, señaló que "los últimos carabineros han sido asesinados de una manera sangrienta. Para ninguna persona es justo ver a su ser querido en esa manera".
Durante la votación, las diputadas Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes (CS) advirtieron, que la ley podría llegar al Tribunal Constitucional, por posibles contradicciones.
"La ley Naín-Retamal es un proyecto que no da el ancho. Sobre todo, cuando hablamos de la incorporación del concepto de 'legítima defensa garantizada', una especie de presunción de inocencia a todo evento, independiente del resultado que provoque el uso de arma de servicio, ya sea la muerte o daños irreparables, como puede ser un trauma ocular", dijo Placencia.
Diego Schalper (RN) aseguró que "lo que está en debate es si usted parte de la base que el carabinero hace uso de la fuerza lo hace de manera abusiva per se o no lo hace de manera abusiva per se. Aquellos que creemos que cuando Carabineros hace uso de la fuerza lo hace en virtud de un mandato constitucional y legal no podemos sino partir de la base que lo hace cumpliendo con su deber y haciendo un uso racional del medio empleado".
Una vez concretada la votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá se mostró satisfecha por el avance de la iniciativa, aunque reconoció que el Ejecutivo ingresará indicaciones, tal como lo había anunciado previamente al señalar que el texto no dejaba conforme al Gobierno, pero prefería que se visara para modificarlo en el Senado. También había expresado en entrevista con ADN que los carabineros "no pueden dejar arrancar a un delincuente. Si arranca debe dispararle, ciertamente no a matar.
Entre las posibles indicaciones, Tohá detalló que "cuando se considere que es racional el uso del arma, no se va a poder culpar a los policías. Por eso, el Ejecutivo propone una norma que establezca que cuando hay uso en las policías de sus armas, se les debe dar el trato de víctimas a los funcionarios que hacen uso del arma de servicio para defender a personas o estén repeliendo ataques contra las policías, salvo que las diligencias de la investigación indiquen lo contrario".
Si esto último ocurriera, "la persona va a tener los derechos de un imputado -por ejemplo, guardar silencio, declarar asistido de un abogado- desde el comienzo de la investigación. Esto para Carabineros y la PDI".
En prisión preventiva quedaron tres de los seis detenidos por el asesinato de la sargento Rita Olivares el domingo pasado, quienes fueron detenidos entre el mismo día del crimen y el martes. La razón por la que para los otros tres no se solicitó esta medida cautelar es que se trata de personas que se fugaron de la cárcel, por lo que deben volver a prisión a cumplir con sus penas mientras esperan el juicio por este nuevo delito.