El Consejo Nacional de Televisión sorteó ayer el orden de aparición en la franja de propaganda política en TV para la elección del Consejo Constitucional, que se emitirá entre el 7 de abril y el 4 de mayo, tres días antes de los comicios.

El espacio tendrá dos bloques de transmisión, de 15 minutos cada uno, a las 12:45 y a las 20:45 horas diariamente.

Comenzarán los pactos políticos que inscribieron listas conjuntas: primero Chile Seguro (Chile Vamos), seguido de Unidad para Chile (Apruebo Dignidad, PS y PL); y Todo por Chile (PPD, PR y DC). Luego será el turno de los dos candidatos de pueblos originarios, Alihuen Antileo y Julio Nelson Marileo.

En tercer lugar aparecerán el Partido de la Gente y el Partido Republicano, que se inscribieron sin pactos. Y en último orden fueron sorteados los tres aspirantes independientes: Jorge Sepúlveda, Claudio Barrientos y Lisette Quilodrán.

De acuerdo con las reglas de la franja televisiva, "este orden de aparición rotará diariamente, de modo que a quien le corresponde abrir el primer día le tocará cerrar el siguiente y así sucesivamente".

Los comandos

En cuanto a los contenidos de la propaganda, el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González dijo que en el caso de Chile Seguro "nuestra franja va a estar centrada en mostrar los contenidos que ofrecemos para nuestras propuestas constitucionales y la calidad de nuestros candidatos".

Josefina Villar, secretaria general de Comunes, explicó que Unidad para Chile tendrá tres ejes: "Seguridad, el costo de la vida y el medioambiente".

Y Cecilia Valdés, secretaria general DC, afirmó que en Todo por Chile "hicimos una franja común con los tres partidos, porque no es un pacto meramente electoral; es un proyecto político para representar a quienes no se sienten representados por la ultraizquierda ni por la ultraderecha".

La Superintendencia de Salud informó ayer que cinco de las siete isapres abiertas comunicaron la decisión de subir al tope máximo (2,6%) el precio de sus planes en 2023: Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Nueva Más Vida y Banmédica.

Consalud anunció que no realizará ajuste este año, mientras que Esencial, al tener menos de un año de antigüedad, no puede aplicar incrementos.

"Esta es un alza sobre el valor de la UF. Recordemos que los planes de salud de las isapres están en UF, por lo tanto, es un alza real", explicó el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Los resultados de la verificación arrojaron porcentajes de variación de costos interanual entre 12% y 2,9%, pero las isapres sólo podrán aumentar hasta en 2,6% el precio base de los planes de salud, que es el tope máximo del alza establecido por la Superintendencia.

"La ley establece que se genere un indicador por parte de la Superintendencia con elementos objetivos que permitan contener las alzas y no traspasar todos esos costos a los usuarios. De lo contrario aquella isapre que informó un incremento de 11% habría habilitado el aumento de ese porcentaje. El efecto de este indicador tiene la importancia de que aquellos que sobrepasan el tope deben bajar su intención de alza al 2,6%", explicó Torres.

La alcaldesa Hassler reafirmó su disposición a colaborar con la investigación por un eventual sobreprecio en la compra de la exclínica Sierra Bella, después de que la Justicia ordenara incautar el millonario vale vista que el Municipio pretendía utilizar: "Hemos aportado a la Contraloría todos los antecedentes que nos ha solicitado, y si es que la Fiscalía nos pide cualquier información, vamos a estar siempre disponibles. Somos los más interesados en que se despeje cualquier duda, y podamos concretar un proyecto tan anhelado para la salud pública de nuestros vecinos y vecinas".

Francisco Frei Ruiz-Tagle fue condenado a una pena de cinco años de cárcel y a pagar una multa de 100 UTM (5.553.700 pesos al valor de marzo) por una serie de delitos económicos.

En juicio abreviado se le acreditaron los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y delito de la ley de almacenes generales de depósito.

De todas formas, el imputado cumplirá la pena en libertad vigilada después de haber aceptado los cargos el pasado 15 de marzo, llegando a un acuerdo con Fiscalía.

El caso se remonta al 16 de agosto de 2019, cuando el acusado se autodenunció por presuntas irregularidades financieras a través de la empresa Inversiones Saturno S.A., propiedad de su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Entonces, el menor de los Frei Ruiz-Tagle confesó haber suplantado firmas de su hermano para pedir millonarios préstamos a la banca y otras instituciones financieras que iban a parar a sus negocios personales.

Posteriormente, el propio exmandatario presentó una querella en contra de Francisco y lo acusó de robar 1.500 millones de pesos en el transcurso de quince años a cargo de las cuentas de Saturno S.A. También lo demandó por falsificar su firma para obtener préstamos.

Abusos

Sergio Rodríguez, abogado querellante en la causa, valoró la formalización como un avance en la investigación, pero precisó que "todavía hay bastantes diligencias que realizar y seguir ahondando en la investigación y determinar si existen otras personas partícipes en los graves delitos económicos cometidos por Francisco Frei y su familia".

El medio El Dínamo reveló que Magdalena Frei, hija del exmandatario, relató ante el Ministerio Público que "Francisco ha tenido una vida muy ostentosa todos estos años y ahora nos damos cuenta de que fue abusando y a costa de mi papá, y no se trata de algo real ni producto de su actuar profesional".

Redacción

El desalojo ejecutado el jueves del edificio Shakira Tower del barrio Meiggs fue solo el comienzo de una política que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, pretende extender al resto de su comuna. Y no solo dicho territorio está sometido a este tipo de acciones pues ayer se ejecutó también un desalojo masivo en Talca para terminar con ocupaciones de las mismas características.

Fueron 11 los departamentos desalojados el miércoles, pero la jefa municipal, militante del Partido Comunista, anunció que seguirán con este tipo de medidas: "Vamos a seguir trabajando para recuperar nuestros barrios para las personas. Y es en ese camino que estamos trabajando en la mesa jurídico-policial de Santiago en la recuperación de casas tomadas".

"Ya denunciamos 85 casas tomadas en la Fiscalía y llevamos distintas sesiones de trabajo justamente para recuperar esas casas tomadas, para decretar la inhabilidad o desalojos necesarios junto a la dirección de obra cuando corresponde y enfrentar especialmente la comisión de delitos", añadió.

Para ello han denunciado la comisión de acciones ilícitas de los ocupantes ilegales, una estrategia alternativa a la que ha desarrollado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con objetivos similares, pero método diferente, pues en el caso de la comuna de la zona suroriente de la Región Metropolitana recurre a la ley de urbanismo y construcción para demoler viviendas con ampliaciones irregulares que según su versión son usadas para el supuesto tráfico de drogas.

La alcaldesa Hassler detalló que "en el Shakira Tower se pudo proceder por delitos como la tenencia de armas y narcotráfico" y calificó la intervención como "una muestra del compromiso que tenemos como Municipalidad de Santiago con la seguridad pública desde las distintas instituciones".

Operativo en Talca

Una situación similar se produjo ayer en Talca, donde la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló un operativo de desalojo de ciudadanos extranjeros que se habían tomado por la fuerza 12 departamentos de Villa Las Américas.

Según informó el fiscal Héctor de la Fuente, el procedimiento permitió la detención de 16 personas: cinco de nacionalidad haitiana y 11 venezolanos. Uno de estos últimos tendría orden de expulsión vigente.

El persecutor destacó que la indagatoria duró dos meses, "a partir de la denuncia que recibimos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, que daba cuenta que sujetos de forma violenta, habían usurpado propiedades particulares en un block del barrio norte de Talca. Se coordinaban mediante la intimidación a las personas con elementos contundentes o armas, para que hicieran abandono en corto tiempo de sus departamentos".