La Autoridad Nacional del Agua

La propuesta de Nueva Constitución que fue rechazada en el referéndum del 4S contemplaba la creación de una Agencia Nacional de Agua como un órgano autónomo encargado de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, para cuyo efecto debía recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares, en su caso. Entre sus múltiples atribuciones se contaban las de otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua, impulsar la constitución de los Consejos de Cuencas, fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua e imponer las sanciones administrativas que corresponda.

Habiendo transcurrido apenas 5 meses de agua bajo ese puente, en los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe organizados por CEPAL a comienzos de febrero, la Ministra de Medio Ambiente adelantó que durante este año y el próximo, el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa trabajará en la generación de contenido y análisis de la conformación de la Autoridad Nacional del Agua, que el Ministerio de Economía financiará el levantamiento de los contenidos de la Política Hídrica Nacional, y que durante este semestre dicho Comité trabajará intensamente en la instalación de los 16 Consejos de Cuenca piloto que darán lugar al proyecto de ley que los consagrará en cada región del país. Si bien lo anterior deja en evidencia la continuidad -casi lineal- del contenido del proyecto constitucional ampliamente rechazado por la ciudadanía con el programa de este gobierno, es acertado al menos que esta discusión salga del ámbito constitucional para situarse en el campo legislativo de las políticas públicas.

Pero, antes de embarcarse en una nueva travesía por el desierto cabe preguntarse ¿por qué necesitamos -si es que la necesitamos- una Autoridad Nacional de Agua, y ¿para qué la necesitamos? En la respuesta a la primera pregunta parece haber un amplio consenso en cuanto a que el gran problema en términos de gobernanza institucional del agua que presenta nuestro país es la dispersión normativa, pues actualmente existen 43 organismos públicos con competencias sobre este vital elemento. Y para acabar con esa dispersión, las soluciones van desde concentrar funciones en la actual Dirección General de Aguas, hasta la creación de una Autoridad o Agencia Nacional del Agua que goce de autonomía de los ciclos políticos, pasando por la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos al alero del Ministerio de Obras Públicas.

Sin embargo, es en la respuesta a la segunda pregunta dónde los acuerdos en las soluciones se diluyen en tensiones que van desde quienes afirman que más que crisis hídrica lo que enfrenta el país es una intervención de carácter ideológico que pretende excederse al imponer una regulación casi de carácter autoritaria por parte del Estado, hasta los que abogan por una mayor fuerza real de parte del Estado ante un panorama de total desregulación que clama por una institucionalidad pública que regule, recoja y coordine todas las acciones que tienen que ver con el agua, sea para el consumo, el saneamiento, la agricultura y un extenso etcétera. Y es que, con independencia del diseño institucional que tenga, cualquier gobernanza deberá resolver los conflictos generados por la actual y creciente escases de agua continental, pues en su aprovechamiento confluyen poblaciones urbanas y rurales, ecosistemas y biodiversidad, actividades agrícolas e industriales, y un aún más largo etcétera.

Rafael Palacios, vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES).

Desconectados

Mientras las demandas y exigencias de la ciudadana son mayor seguridad, mejor Salud, más empleo, regular la migración descontrolada y mitigar el alza en el costo de vida diario, las prioridades del gobierno son la visibilidad lésbica y un reciente estudio donde se observa que existen más nombres de calles masculinos que femeninos.

Con estos niveles de desconexión entre la agenda del presidente y su gobierno, que contrasta brutalmente con los pesares y malestares ciudadanos, es muy poco probable que en el corto - mediano plazo Chile recupere su dinamismo, vuelva a ser esa nación próspera que otrora fue y la gente recupere la esperanza y confianza.

Rodrigo Durán Guzmán

Promesas electorales

Estimado director: De seguro usted va a decir, pero es que siempre ha sido igual, elección tras elección, y nadie hace nada, ni las autoridades vigentes, ni el SERVEL, nadie, simplemente es así, convirtiéndose en un funesto clásico...

Hoy día, el gobierno del presidente Boric, dejó entrever que "y para decirlo en fácil", que reestudiará todas las promesas que hizo durante la campaña electoral, cambiando el orden de prioridad, otras que pasarán a mejor vida con el clásico "nos sacaron de contexto" y sacando otras nuevas de la chistera, etcétera...

¿Se imagina usted si en Chile existiera un organismo, no gubernamental, 100% profesional, probado, que tuviera por misión recibir las promesas electorales de todos los candidatos en Chile, para calificarlas, estudiar sus financiamientos para materializarlas, sus alcances, sus eventuales beneficiarios y lo más importante certificar, que cuentan con boletas de garantías del mismísimo candidato, en caso de no cumplir con lo prometido, con el fin de que cada candidato asuma sus promesas con más seriedad y no como ahora que es un chiste?

Hoy día, no hay un control y se juega con la credibilidad y la ingenuidad de los electores, toda vez que le prometen hasta donde la imaginación les da y si después no cumplen, no pasa nada. Insto al presidente Boric y al Servel hacer realidad la frase: ¡Promesa realizada, debe estar financiada y garantizada por el candidato!

Enrique Soler

FF.AA.

Las FF.AA. son instituciones fundamentales de la República que constituyen un factor de unidad nacional y un valioso patrimonio de todos los chilenos, que han tenido un rol trascendental a lo largo de nuestra historia y que garantizan, en última instancia, el orden institucional de la República. Ellas deben estar al servicio de la nación y no del gobierno de turno.

Por tales razones la nueva Constitución debería contemplar un capítulo especial para ellas, con preceptos que establezcan sus características, misiones, funciones y atribuciones, formación profesional, carrera y ascensos; que impidan que ellas sean convertidas en instrumentos ciegos en manos de quien tenga el Poder Ejecutivo y que los militares sean reducidos a la calidad de funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que se ponga en sus manos, con lo que corren el riesgo de convertirse en instrumentos de tiranía y de corrupción.

Adolfo Paúl Latorre, abogado