El lunes 6 de marzo se constituirá la Comisión Experta, órgano encargado de redactar el ante proyecto de Constitución que será sometido a la revisión y aprobación del Consejo Constitucional que elegiremos los ciudadanos el próximo 7 de mayo. Como se sabe, la Comisión está integrada por veinticuatro miembros, que dispondrá de tres meses para elaborar dicho documento. Se trata de un plazo relativamente corto, lo que, si bien constituye un desafío complejo, debería verse atenuado por algunos factores que probablemente facilitarán el trabajo de este órgano.
En primer lugar, y a diferencia del proceso anterior, para la redacción de la nueva propuesta no se partirá de una "hoja en blanco", sino que deberá ajustarse a las doce bases institucionales y fundamentales contempladas en el art. 154 de la Constitución. Con ellas se garantiza que el texto deberá reconocer que Chile es una República democrática y un Estado unitario y descentralizado, con tres poderes separados e independientes. Asimismo, deberá incluir una cláusula de estado social y democrático de derecho, y el mandato de que la dignidad humana y los derechos humanos son límite a la soberanía. También tendrá que incluirse el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y culturas de los pueblos originarios, que son parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Finalmente, la propuesta de nueva Constitución deberá incorporar la protección y garantía de derechos y libertades como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior del niño, la libertad de enseñanza, el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
En segundo lugar, debe tenerse presente que la Comisión Experta es un órgano técnico, no político, cuyos miembros son personas con experiencia en el ámbito académico o público. Por eso se espera que su trabajo se desarrolle conforme a parámetros acordes a la naturaleza de este órgano, es decir, técnicos. En este sentido, es de esperar que los comisionados tomarán en especial consideración las mejores experiencias constitucionales comparadas y, desde luego, nuestra propia tradición constitucional, en la que es posible identificar con meridiana claridad un conjunto de principios generales del Derecho Constitucional chileno, que abarcan temáticas como las formas de gobierno y de estado, el sistema de separación de poderes, y los derechos y libertades y su garantía.
En tercer lugar, el trabajo de la Comisión debiera verse también facilitado por el hecho de que, si bien los chilenos quieren una nueva Constitución, el plebiscito de septiembre de 2022 demostró que no se trata de un deseo que queramos concretar a cualquier precio. Las causas del rechazo al texto plebiscitado son variadas, pero todas ellas parecieran tener un mismo origen: el populismo, las visiones ideológicas extremas y un marcado alejamiento del sentido común, que se tradujeron en un proyecto maximalista y partisano. De alguna manera esto constituye una pauta de lo que la Comisión no debe hacer.
Por lo anterior, pareciera que el auténtico desafío para la Comisión es lograr amalgamar los principios y bases fundamentales del art. 154 de la Constitución con la tradición constitucional chilena, y a partir de estos elementos dar respuesta al anhelo ciudadano de una nueva Carta Fundamental, que se haga cargo de problemas que requieren de soluciones acordes a los tiempos. La estabilidad democrática, la descentralización, el fortalecimiento de algunos derechos y libertades (vida, libertad de enseñanza, derecho a elegir el sistema de seguridad social, la propiedad sobre los fondos previsionales), el estado social, la protección medioambiental y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, son temas que deberán ser tratados y plasmados en el documento que redactará la Comisión. Es lo que espera la mayoría de los ciudadanos, y por eso su adecuada incorporación al anteproyecto será clave para el éxito de este nuevo proceso constituyente.
*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes
