El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos humanos de la población, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

A esta conclusión llegó un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y cuyo primer informe fue presentado ayer a la prensa.

Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, y censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer libertad de conciencia y religión.

"Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población" declaró el presidente del grupo, Jan Simon.

Nacionalidad

A todos esos crímenes se suman la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país. El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, 222 fueron expulsadas.

"Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir", explicó a Efe la experta Angela Buitrago.

Ejecuciones

El grupo de expertos confirmó que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población, "una variedad de actores e instituciones" siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.

Entre los hechos está que la Policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.

Sobre la participación del Ejército de Nicaragua, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero Simon reconoció que no puede caber duda de que la institución armada actúa -como todo el resto del aparato público- con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder.

Por otra parte, el informe indica que hay 38 detenidos que se han identificado a ellas mismas como presos políticos.

El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.

El objetivo, según el informe, "es reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, y de desarrollo", para debilitar la capacidad organizativa ciudadana.

Postura del PC

En tanto, en Chile. el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció el miércoles en entrevista con Canal 13 un "juicio crítico" tras la decisión del Gobierno de ofrecer ciudadanía chilena a los expatriados de Nicaragua.

"Nosotros hemos planteado un juicio crítico respecto a esa medida", señaló.

Agregó que "Ortega es un presidente electo por el sistema electoral nicaragüense y validado por todos los organismos de carácter internacional".

316 personas se les ha retirado su nacionalidad por "traición a la patria" y 222 han sido expulsadas del país.

3.144 organizaciones sin fines de lucro han perdido su personalidad jurídica, y hay 38 presos políticos detenidos.