Correo
Migraciones en frontera norte
Señor director:
Se ha establecido un nuevo cuerpo legal que autoriza la protección de la infraestructura crítica - frontera, por parte de los militares. Se ha puesto la mirada en las RUF, en el despliegue, en la capacitación y, todo ello está muy bien.
Lo que no está claro es ¿qué va a hacer el Estado con los 200 a 400 migrantes que entran a diario?
La doctrina de los DD.HH. y una estudiada RUF, están puestas por delante de la acción natural de las FF.AA. frente a una amenaza (por algo despliegan a las FF.AA.), por tanto, los migrantes van a entrar y esa segunda fase, con el migrante dentro del territorio nacional, no está definida, el Estado no ha dicho qué va a hacer con los migrantes.
Nuevamente quedamos cortos y al debe.
Jorge Sanz Jofré, académico de la Facultad de Gobierno UDD
Incendios, solidaridad y nueva Constitución
Señor director:
El enorme drama humano producto de los incendios de esta temporada, mayoritariamente intencionales, no puede dejarnos indiferentes. El Estado debe investigar estos actos y procesar a los responsables, reconstruir las zonas afectadas y dar apoyo integral a las víctimas, a quienes acompañamos en su dolor. En esta tarea la participación solidaria de personas y organizaciones en las catástrofes, debe ser aplaudida y fomentada.
Este tema es relevante en la discusión constitucional: no es indiferente qué visión se consagre del rol de la sociedad civil en el bien común. Si el texto constitucional rechazado el año pasado lo limitaba, la futura carta debería fomentar las acciones de solidaridad de los privados, aplicando el principio de subsidiaridad. Esto permite complementar y no sustituir la participación del Estado, promoviendo una sociedad civil robusta, al servicio del bien común y de la dignidad de la persona.
Francisco Jiménez Uret, presidente Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos
Pymes a la deriva
Señor director:
No han sido tiempos fáciles para las Pymes. El acceso a financiamiento está cada vez más escaso y la evidencia está en las condiciones de oferta de crédito que permanecen restrictivas, según el Banco Central.
Y la misma entidad también muestra que enfrentamos la mayor tasa para los créditos comerciales desde que se tiene registro. Además, parte de los capitales de las AFP se invertía en fondos que apoyan a las Pymes. Recursos que, producto de los retiros y otras situaciones, hoy están con poca liquidez para financiar a estas empresas de menor tamaño.
Todo indicaría que las Pymes están a la deriva en este minuto debido a la recesión viene. Pero queda una pequeña ventana de oportunidad, al tener a su disposición mecanismos de financiamiento alternativo debidamente regulados.
Se proyectan meses duros para las pequeñas y medianas empresas, y es aquí en donde los distintos actores que incidimos en el mercado debemos crear instancias para colaborar entregando soluciones que perduren.
Gustavo Ananía, CEO de RedCapital
Evaluación ambiental y actividad forestal
Señor director:
Antes fueron las inmobiliarias y hoy es la industria forestal quien es sindicada como uno de los principales responsables de los incendios que afectan el centro sur de nuestro país. Se deja de lado la sequía, el calentamiento global y las altas temperaturas, y se acusa sin saber a ciencia cierta qué grado de responsabilidad tienen los monocultivos en la propagación de los incendios, o si estos son más inflamables que las especies nativas o las plantaciones agrícolas.
La contingencia actual permite hacer un llamado urgente a retomar el Proyecto de Ley que duerme en el Congreso desde el año 2018 (Boletín 11696-12), que hace obligatoria la evaluación ambiental de las plantaciones forestales superiores a 250 hectáreas.
La actividad forestal históricamente ha estado excluida del trámite ambiental, y su sometimiento permitirá disipar las incertezas y conocer sus reales impactos, actuando como una herramienta preventiva de gestión de riesgos que, de paso, debería ayudar a disipar los miedos de los más férreos acusadores.
Pablo Tejada, abogado especialista en Derecho Ambiental
27/F
Estimado director:
Han pasado 13 años, y aún resuenan las preguntas...
¿Era evitable la gran tragedia del 27 de febrero del 2010, producida por el tsunami, tras el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter de esa noche?
¿Estaban las autoridades del país, las instituciones debidamente preparadas, para enfrentar esta tragedia y poder velar por la seguridad de las chilenas y de los chilenos?
De seguro todas las investigaciones efectuadas por la justicia apuntaron a responder estas preguntas y otras, pero los hechos conocidos públicamente, demostrarían que las autoridades e instituciones de la época, estaban muy mal preparadas para enfrentar una tragedia como la ocurrida aquel funesto 27 de febrero del 2010, o sea nuestras instituciones y las más altas autoridades de la nación, encargadas, ni más ni menos de nuestra seguridad, no estaban a la altura de lo que una emergencia de esa magnitud, exigía...
Esa fatídica noche el Centro de Observación de Tsunamis del Pacífico ubicado en Hawái, envió una alarma a 5 ó 6 minutos de ocurrido el terremoto de 8.8 grados, en el que indicaba una alta probabilidad de que se desencadenara un tsunami en nuestras costas, pero no pudo ser leído, en el fondo comprendido, porque la persona encargada del SHOA esa noche, no hablaba inglés, sí como muy bien lee usted, no hablaba inglés...
Luis Soler