A días de iniciarse un nuevo año escolar surge un desafío común para las comunidades educativas relacionado a cómo se administra de manera eficiente la interacción de sus integrantes y cómo se abordan las particularidades de aprendizaje que los estudiantes pueda presentar.

Una mejor convivencia escolar incide directamente en un mejoramiento de los resultados educativos y el desarrollo de innovaciones pueden llevar a estudiantes con necesidades educativas a reforzar su trayectoria formativa.

Para ello es recomendable que los sostenedores desarrollen un estándar de inclusión escolar para resguardar que toda medida que se disponga desde el establecimiento educacional esté acordada, reglamentada y socializada adecuadamente, tres aspectos básicos para el buen manejo de situaciones que pueden alterar la jornada de clases.

Los problemas de convivencia y las diferencias en los tiempos y formas de aprender de los estudiantes cruzan todo el espectro educativo, sin importar si son de administración pública o privada, pero claramente se acentúan en las comunidades que tienen un sello más inclusivo y diverso.

Por esa amplitud, es necesario que en la conformación de las reglamentaciones la participación de todos sea activa y que los procedimientos y protocolos, que muchas veces son criticados por ser excesivos, se entiendan como necesarios para enfrentar de mejor manera los eventos, emergencias y situaciones críticas que pueden afectar el desarrollo escolar.

El reglamento debe aplicarse en tiempo y forma, por ello cobra valor la existencia de una estrategia clara y difundida respecto a cómo se actuará en caso de ocurrir diversas situaciones que pueden afectar la estructura educativa. No pueden quedar a la improvisación ciertos aspectos que son esenciales para la vida escolar de los estudiantes, entendiendo que alguna acción mal aplicada podría significar una deserción.

Es relevante que las acciones que se acometan al interior de las comunidades educativas respondan a la evidencia, a las recomendaciones de especialistas, a la normativa existente y sean fiscalizadas, más cuando en la actualidad nuevas leyes buscan fortalecer el rol inclusivo en el accionar de los establecimientos educacionales.

La crítica al impuesto específico

"Si usted va al servicentro y pide $20.000 de combustible, realmente usted estará llevando $11.771 de bencina y lo demás será "un aporte" a las arcas fiscales de $5.992 por impuesto específico y $2.237 por IVA."

El tweet, acompañado de una boleta, fue escrito el pasado martes 21 de febrero por un Diputado, y replicada varias veces en redes sociales. Sin embargo, la crítica al impuesto específico no es nueva.

Los impuestos son usados para recaudar fondos para el Estado, además, en el caso de los combustibles, el impuesto es también para corregir -en parte- las externalidades negativas que este provoca. En economía esto recibe el nombre de impuesto pigouviano, y son conocidos desde mediados del siglo XX.

Como función adicional, el impuesto específico amortigua las variaciones de precios a través del Mepco, limitando la variación máxima del precio en un 2,4% con respecto al promedio de las últimas dos semanas. Este impuesto tiene un componente fijo y uno variable, el cual se ajusta cada 21 días para limitar las variaciones de precios. Cuando el valor sube más del 2,4%, se entrega un subsidio disminuyendo el componente variable del impuesto y evitar un aumento significativo de precios. Por otro lado, cuando hay una disminución de precios, se aumenta el componente variable del impuesto para recaudar más recursos.

Dada esta estructura, el Impuesto Específico a los Combustibles final puede llegar incluso a ser negativo, convirtiéndose en un subsidio y ayuda para las familias. De hecho, debido a las alzas del precio internacional del petróleo junto con el dólar, este impuesto fue negativo entre mayo y julio del 2022 para las gasolinas, y entre marzo y noviembre para el diésel.

De hecho, entre octubre del 2020 y junio del 2022, el precio internacional del barril de petróleo subió un 193% en dólares y un 223% en pesos chilenos, mientras que el precio a los consumidores finales de los combustibles únicamente subió un 56% gracias al subsidio del Estado a través del Mepco. Sin este subsidio, los consumidores habrían visto más que triplicado el precio de los combustibles en menos de dos años, lo que se habría trasladado a todos los bienes, aumentando significativamente la inflación en 2022.