Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Copiapó realizaron un procedimiento que terminó con una persona detenida por almacenamiento de material pornográfico infantil, incautando un notebook, pendrives y memorias utilizadas para almacenar la información. El detenido, de sexo masculino y de 62 años de edad, utilizó sus conocimientos en informática para descargar archivos digitales encontrados.

"En virtud a antecedentes entregados por la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Región Metropolitana, oficiales policiales de la Brisex concurrieron al domicilio del imputado, donde encontraron un notebook, diez pendrives y tres memorias de almacenamiento, procediendo a una revisión in situ del material, lo que permitió establecer que se trataba de contenido asociado al abuso sexual infantil obtenido a través de internet, incautando la totalidad de las especies. Asimismo se detuvo al imputado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil", señaló el oficial a cargo de la investigación, subcomisario Juan Durán de la Brisex Copiapó.

El oficial agregó que "es importante hacer un llamado a la comunidad, principalmente a los padres, que revisen constantemente el material que niñas, niños y adolescentes suben a internet, principalmente a redes sociales, ya que pueden quedar expuestos a personas que los utilizan con fines de almacenar pornografía infantil".

Desde la Fiscalía de Atacama se indicó que a partir de las órdenes de investigar emanadas a personal de la Brisex de la PDI se logró la ubicación del imputado, quien fue detenido en el cuartel policial quedando a disposición del Tribunal para la respectiva audiencia de formalización de cargos. El detenido fue formalizado, imponiéndose en su contra la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional. Fijando el juez de turno un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación.

Redacción

En la cárcel deberá cumplir su condena un sujeto que fue investigado por delitos cometidos en contexto de Violencia Intrafamiliar y de maltrato de obra a Carabineros.

De acuerdo a lo informado por Fiscalía, son varias las sentencias que deberá cumplir el acusado. Una es de 541 días de reclusión por el delito de desacato al no respetar la orden de alejamiento hacia su ex pareja, mientras que por el ilícito de amenazas en contexto VIF fue sentenciado a otros 61 días de presidio. A ellas se suman dos penas de 61 días de presidio por maltrato de obra a personal de la mencionada institución, más 541 días de cárcel por el mismo delito, causando lesiones menos graves.

En esta sentencia no se concedieron beneficios alternativos a las penas impuestas, por lo que el acusado deberá cumplir más de tres años de presidio de manera efectiva en la cárcel de Chañaral.

Septiembre

Los hechos sometidos a la indagatoria por parte del fiscal jefe de esta comuna, Fernando Pino, dan cuenta que en septiembre del año pasado el condenado incumplió una sentencia que establecía la orden absoluta de alejamiento a su ex pareja dictada en su contra por el mencionado Juzgado de Garantía.

De acuerdo a los antecedentes, el acusado llegó hasta el domicilio de la víctima a quien insultó, gritó e intimidó con un arma blanca, amenazando con atacarla a ella y a otros familiares.

"Frente a este procedimiento concurrió al lugar personal de Carabineros, quienes actuaron de forma inmediata para evitar lesiones en contra de las víctimas a manos del imputado. Los tres carabineros que tomaron parte en el procedimiento resultaron lesionados de distinta consideración, a partir de la acción violenta del imputado quien intentó eludir el actuar de la policía", indicó el fiscal.

El condenado fue declarado culpable por delitos de violencia de género en contra de su ex conviviente y de agresiones a carabineros en los momentos en que éstos prestaban auxilio a la víctima.

"Con esta sanción se ratifica el trabajo de la Fiscalía de Atacama destinado a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, no habiendo espacio para la impunidad de aquellos que insistan en este tipo de acciones ni cometan agresiones a personal policial al cumplir tareas de protección a la comunidad", concluyó el fiscal.

"No (hay) espacio para la impunidad de aquellos que insistan en este tipo de acciones ni cometan agresiones a personal policial al cumplir tareas de protección a la comunidad"

Fernando Pino, Fiscal jefe de Diego de Almagro

Una serie acciones intersectoriales, como fiscalizaciones diurnas y nocturnas, además de campañas de difusión de temáticas de seguridad pública, se están desarrollando en el marco de la Mesa de Seguridad de Caletas y Borde Costero de la provincia de Chañaral, para intentar frenar la extracción ilegal de algas pardas.

Uno de los puntos tratados es la preocupación por el precio. Desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, (Sernapesca) señalan que "si en 2018 el kilo de huiro negro se comercializaba a $304 promedio, en 2022 esta cifra casi se quintuplicó, llegando a los $1.500 por kilo promedio".

Es por ello que la institución también ha fortalecido sus controles poniendo énfasis en el cumplimiento de medidas de administración como la veda y la cuota de extracción, además del control con análisis de riesgo a plantas de proceso las que "blanquean" alga extraída ilegalmente.

Así lo destaca el delegado presidencial de la provincia de Chañaral, Jorge Fernández Herrera, cuando asevera que "de acuerdo con lo que nos informa Sernapesca, al problema de los agentes ilegales, es decir, no inscritos ni autorizados que están efectuando la extracción, se suma que - como hemos constatado en nuestra provincia - también existe abuso del "barreteo"".

Por su parte Claudio Ramírez, director regional (s) de Sernapesca Atacama, confirma este diagnóstico indicando que "si durante 2021 se realizaron más de 4.800 fiscalizaciones esa cifra se elevó por sobre las 6.400 en 2022, lo que derivó en una incautación de 383 toneladas en 2022 con un aumento del 36,3% respecto a 2021 (281 toneladas)".

La mesa es convocada por la Delegación Presidencial de la provincia de Chañaral y en la que participan activamente las policías junto a la Armada, Fiscalía, Gendarmería, el municipio y Sernapesca.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, negó el cierre del penal Punta Peuca, luego de que diversos medios publicaran el posible cierre.

Según Ex-Ante, esta decisión se enmarcaría en la agenda del Gobierno por los 50 años desde el golpe de Estado que se cumplirán el 11 de septiembre.

Al respecto, el subsecretario aseveró que "seré claro y categórico al respecto: no hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería".

"Tenemos una situación cada día más compleja de (alta) población en nuestros centros penitenciarios; por lo mismo, estamos evaluando ampliaciones y mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país", añadió.

Bajo esa línea, Gajardo dijo que "se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país".

"Pero insisto, yo no he dado ninguna instrucción para el cierre del Punto Peuco al director nacional de Gendarmería y estamos evaluando la situación en nuestros establecimientos penitenciarios, en particular en la Región Metropolitana, permanentemente", remarcó la autoridad.