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Atacama y la Minería

Raúl Céspedes Valenzuela , Museólogo e investigador, Carlos Ulloa Abarzúa, Seremi de Minería de Atacama
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El Gobierno encabezado por el Presidente Boric, ha anunciado el Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas que busca entregar una ayuda inmediata por la emergencia producida por los incendios forestales con un costo inicial de $35 mil millones.

Desde Atacama no podíamos quedarnos inmovilizados ante tanto horror y dolor, surgiendo así la campaña "Atacama Ayuda al Sur", iniciativa público-privada que durará al menos otra semana más debido a la positiva respuesta que hemos recibido.

En esta campaña la minería ha sido clave. Es necesario y justo señalar los errores que a veces se cometen en la producción minera. Pero también es necesario y justo destacar las cosas que se hacen bien y esta semana destacamos el espíritu de colaboración y compromiso de varias empresas mineras de la región que han hecho grandes aportes en solidaridad con las personas que lo están pasando muy mal en el sur del país producto de los incendios forestales.

Resaltamos en esta primera etapa de la campaña ese espíritu de colaboración y compromiso de Candelaria, Caserones, Pucobre, Atacama Kozan, Enami y Coresemin que en conjunto llenaron 5 camiones de aproximadamente 20 metros de largo con agua, alimentos no perecibles, pañales, mascarillas, bloqueadores, alimentos para mascotas, entre otros. Adicionalmente, agradecemos el aporte de la comunidad, trabajadoras/es públicos, colectiveros y empresas transportistas como Tandem, Incom y Verasay. Estamos seguros que otras empresas mineras y de otros rubros se seguirán sumando a la campaña, aquí todas y todos somos importantes, nadie sobra.

En otro orden de cosas, también tenemos buenas noticias para el desarrollo y fomento de la pequeña minería, importante sector para la economía de nuestra región. El Consejo Regional de Atacama aprobó la prórroga y suplemento hasta diciembre de 2023 de dos programas que son fundamentales para la actividad productiva de los pirquineros en Atacama. Se trata del "Programa de Apoyo Productivo a la Pequeña Minería" y del "Programa de Asistencia Técnica Provincial de la Pequeña Minería", Esta buena noticia permitirá entregar más beneficios y más asistencias técnicas que favorecerán a muchos pequeñas/os productores durante el 2023. Esperamos que el proceso administrativo sea rápido para que pronto retomemos el trabajo en terreno junto a las y los pirquineros en Atacama.


Establecimiento metalurgista


Viña el Cerro

La presencia incaica en Chile se remonta al siglo XV, cuando el emperador Tupac Inca Yupanqui inició en 1470 la conquista del Coya Suyo, región sur del Incanato. El pueblo diaguita se asentó en los valles transversales del Norte Chico entre los ríos Copiapó y Aconcagua, desarrollando una cultura agro alfarera que destacó por la calidad de sus cerámicas. El sitio arqueológico Viña del Cerro es una manifestación de la influencia del legado inca en la cultura diaguita, específicamente en la renovación de técnicas de extracción y procesamiento del mineral de cobre.

Se cree que el centro metalúrgico Viña del Cerro estuvo en funcionamiento desde fines del siglo XV hasta 1536, año en que arribaron las primeras huestes españolas a Chile. El sitio arqueológico fue descubierto en 1968 y constituye la única fundición de la época incaica en territorio sur andino, razón por la cual ha sido objeto de diversas investigaciones. El complejo se compone de cuatro unidades con funciones específicas. La primera, corresponde a un recinto amurallado en forma rectangular de 56 por 50 metros al interior del cual se encontró una plataforma que probablemente habría servido para administrar las faenas. La segunda unidad, se compone de un rectángulo con muro perimetral de piedras en doble hilera que habría servido de habitación para los administradores del recinto. La tercera unidad, dedicada específicamente al trabajo metalúrgico, cuenta con 26 hornos o huairas para la fundición el cobre, que habrían empleado carbón vegetal de espino, algarrobo y chañar como combustible.

Está ubicado a 84 kilómetros de la ciudad de Copiapó a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Tierra Amarilla.

Los trabajos de excavación arqueológica fueron iniciados en la década de 1960 por el ingeniero Hans Niemeyer y finalizados con la participación del director del Museo Regional, el arqueólogo Miguel Cervellino y el apoyo del museólogo Raúl Céspedes.

Finalmente, se descubrió una cuarta unidad contigua a una vertiente, construido forma rectangular, este espacio habría servido para abastecer de agua a los trabajadores y las faenas productivas. Las excavaciones arqueológicas realizadas en 1968, 1971, 1974 y 1981 permitieron encontrar variados restos materiales como aros, collares y tierras de colores para pintura facial que dan cuenta de la vida realizada en torno al centro metalúrgico. Las ruinas fueron restauradas y parte de ellas reconstruidas por un equipo encabezado por Eduardo Muñoz que contó con el apoyo de la Universidad de Antofagasta y el Consejo de Monumentos Nacionales. El sitio fue declarado Monumento Nacional en 1982 por su relevante valor arqueológico.

Demolición de las casas-narco

En la comuna de La Florida (RM) se realizó un inédito procedimiento contra el narcotráfico. Una vivienda perteneciente a uno de estos grupos fue desalojada y demolida para impedir la comisión de delitos. Es sabido que las viviendas utilizadas, por ejemplo, para la venta de drogas, siguen funcionando pese a allanamientos y detención de involucrados. Llegan otros para retomar el negocio ilícito y seguir vigentes.
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La demolición de una vivienda perteneciente a un narcotraficante y que era utilizada para la comisión de delitos -venta de drogas y lavado de dinero- fue demolida por orden del municipio de La Florida, en la Región Metropolitana. El mediático procedimiento causó revuelo a nivel nacional y marcó un nuevo modo de combatir a las bandas organizadas.

El alcalde floridano, Rodolfo Carter (Ind. exUdi), no tardó en responder a quienes pensaron que era una decisión extrema, más aún si el inmueble estaba habitado y había presencia de niños.

En sus palabras explicó que el utilizar a niños para impedir una orden judicial es una práctica habitual de los delincuentes, pero que el operativo de desalojo y demolición se realizaría respetando los derechos de las personas, especialmente de los menores, pero que ya no había más plazo para el cúmplase del decreto municipal.

Sin duda, que llama la atención este tipo de acciones nunca antes vista. Demoler una vivienda de narcotraficantes, bajo el amparo de la Ley de Urbanismo sobre las ampliaciones ilegales, fuera de las líneas de edificación no había sido utilizada como herramienta antidelictual. No se están transgrediendo los derechos de los dueños, se notifica, se cumplen los plazos y se realiza la demolición.

Un golpe duro para quienes participan del negocio ilegal de tráfico y venta de drogas. Se quedan sin el espacio físico para sus delitos, porque el bien finalmente es expropiado, y se les complica poder seguir vigentes, algo que realizan incluso estando recluidos cumpliendo penas por estos delitos.

Es sabido que las viviendas utilizadas, por ejemplo, para la venta de drogas, siguen funcionando pese a allanamientos y detención de involucrados. Llegan otros, familiares, amigos o grupos rivales para retomar el negocio ilícito que les reporta grandes ganancias.

Dejarlos sin estos centros operativos puede tener un impacto positivo en la lucha contra el narcotráfico.